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Ha pasado un mes desde que se decretó la emergencia económica, social y ecológica. La lluvia empezó como empiezan muchas lluvias en el Caribe, con un cielo cargado de algodones grisáceos que parecía rutinario, pero esa vez no paró cuando debía, y en pocos días los ríos desbordados, suelos saturados y carreteras rotas comenzaron a dibujar el mapa de la emergencia declarada en el Decreto 150 de 2026, una cadena de eventos climáticos que dejó inundaciones extensas, derrumbes y vías cerradas en buena parte del norte del país.
La magnitud ha quedado registrada en los reportes: 190 eventos en la red vial nacional solo hasta el 20 de febrero. De ellos, 71 cierres totales y 119 parciales.
Por eso, en medio del estado de emergencia, el Gobierno expidió el Decreto 0222 de 2026 que le da margen de maniobra al Instituto Nacional de Vías (Invías).
La norma autoriza a la entidad a usar recursos extraordinarios y ampliar contratos de obra sin límite de valor mientras dure la emergencia. Así, cuando una carretera colapse, en vez de esperar los tiempos normales que pueden tardar semanas, el Invías podrá invertir, comprometer y ejecutar recursos adicionales destinados a reparar las vías afectadas por las lluvias.
También podrá ampliar contratos que ya están en marcha en las zonas impactadas, sin iniciar un proceso nuevo desde cero.
Cada cierre tiene una consecuencia inmediata.
Un camión que no llega al puerto. Un mercado que tarda más en llegar a un pueblo. Un productor que no puede sacar su cosecha.
En condiciones normales, los contratos públicos tienen un límite: no pueden ampliarse en más del 50 % de su valor inicial, según el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
La emergencia suspende temporalmente ese techo y, de ese modo, la diferencia entre mover máquinas pesadas que toman tiempo y contratistas que ya operan con sus equipos instalados se puede traducir en días ganados para reabrir una vía.
Las intervenciones que el Gobierno considera prioritarias incluyen estabilización de taludes, recuperación de banca, reparación de puentes y retiro de derrumbes.
Los departamentos donde se concentran los daños coinciden con el mapa de la emergencia: Córdoba, Antioquia (especialmente Urabá), Magdalena, La Guajira, Bolívar, Sucre, Cesar y Chocó.
En varias de estas zonas las lluvias no solo han afectado carreteras. También han golpeado sistemas eléctricos, cultivos, viviendas y redes de telecomunicaciones.
El Gobierno detalló 687.000 personas potencialmente afectadas, distribuidas en cerca de 199.000 hogares.
Las inundaciones han impactado además la producción rural. En los departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia, un análisis satelital del Ministerio de Agricultura identificó 1.952 predios pecuarios afectados, con más de 231.000 bovinos en zonas inundadas. La mayoría pertenece a pequeños productores.
Cuando las vías se cierran, el problema se multiplica.
Los reportes climáticos muestran que el fenómeno que detonó la emergencia tiene pocos antecedentes recientes. Según el Decreto 150, solo existe un evento comparable en 1963, antes de la construcción del embalse de Urrá.
En esta ocasión, el detonante fue el desplazamiento anómalo de un frente frío que alteró la dinámica atmosférica de la costa. Las lluvias superaron los promedios históricos y activaron un efecto en cascada sobre ríos, suelos y cuencas.
El decreto que ahora entra en vigor busca acelerar las respuestas frente a los retos del sector transporte y de la población.
Las medidas estarán vigentes mientras dure el estado de emergencia declarado por el Gobierno, inicialmente por 30 días, aunque la Constitución permite prorrogarlo hasta completar 90 días en total si las condiciones lo justifican.
Cuando ese periodo termine, el Congreso deberá revisar las decisiones tomadas bajo estas facultades extraordinarias.
Entre tanto, el objetivo inmediato es uno: que las carreteras vuelvan a abrir.
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