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La protección de moradores en proyectos de renovación urbana, con énfasis en las reglas para el uso de la expropiación, es lo que busca el nuevo borrador de decreto expedido por el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda.
Este proyecto tiene como objetivo principal establecer mecanismos de protección del derecho a la vivienda y de otros derechos. Las medidas serán especialmente para quienes, además de ser propietarios, habitan en los sectores donde los gobiernos distritales y municipales adelanten programas o proyectos de renovación urbana.
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En ese contexto, el documento propone reglamenta algunas disposiciones de las leyes 9.ª de 1989 y 388 de 1997 sobre el alcance de los proyectos de renovación urbana, el pago de la indemnización con una vivienda de remplazo.
También, en el ámbito del proyecto, dicta las condiciones que deben cumplir las entidades competentes para expropiar a favor de particulares, en términos de:
- Acceso a la información
- Garantía de participar en la gestión de los proyectos
- Tratamiento en condiciones de igualdad
- Mediante la distribución equitativa de cargas y beneficios de las personas eventualmente afectadas por la expropiación
Con esta norma se pretende lograr que el uso que se le dé a la expropiación atienda a los objetivos y principios constitucionales de indemnización justa, de igualdad y de participación equitativa en las cargas y beneficios derivadas de las actuaciones públicas.
Otro ítem relevante que se debe tener en cuenta en estos casos es el de las condiciones socioeconómicas de los afectados, con el fin de evitar que personas y hogares sean expulsadas del lugar en el que habitan en la ciudad o se enfrenten a la pérdida de la vivienda u otras situaciones de empobrecimiento.
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El Ministerio de Vivienda espera que el decreto facilite los acuerdos entre los distintos partícipes de los proyectos de renovación urbana, a través de la definición de reglas claras y equitativas para el uso de la expropiación a favor de terceros y así reducir conflictos, resistencias y afectación de derechos, tanto relacionados con el interés general como con el particular y los sociales de rango constitucional.
Cualquier ciudadano puede hacer sus aportes hasta el 8 de abril de 2026 a través de la plataforma Sucop, al hacer clic aquí.
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