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El Canal del Dique volvió al centro del debate. El Gobierno firmó el Decreto 1300 para liberar COP 74.120 millones que permitirán a la Agencia Nacional de Infraestructura cumplir obligaciones pendientes, pero el giro llega después de meses de tensión, aplazamientos presupuestales y una deuda que supera los COP 508.000 millones con la concesión encargada del proyecto.
El anuncio oficial destaca que estos recursos hacen parte del pago de la Unidad Funcional 0, la etapa de preconstrucción que incluye dragado, mantenimiento y gestión social.
La ANI insiste en que ha cumplido sus compromisos y que el proyecto avanza, pero el contexto muestra un panorama más apretado: la concesión Ecosistemas del Dique —liderada por Sacyr— lleva meses esperando los desembolsos pactados en junio (y postergados a diciembre), cuya ausencia la tiene operando al límite.
La viabilización de recursos alivia la presión inmediata. En noviembre, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, solicitó al Gobierno saldar los COP 492.000 millones comprometidos por trabajos ya ejecutados, lo que elevó la deuda a los COP 508.000 millones con intereses incluidos.
Las comunidades del sur del Atlántico alertaron sobre una posible suspensión de actividades por al menos 20 días debido al flujo irregular de recursos.
Para un proyecto que busca proteger a 19 municipios de inundaciones, estabilizar ecosistemas y ordenar el comportamiento del agua entre el Canal del Dique y la bahía de Cartagena, la pausa de cualquier frente de obra tiene impacto directo.
Más allá del dinero, el verdadero cuello de botella sigue siendo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La ANI ha reiterado que el consultor trabaja desde septiembre en la actualización del estudio, requisito indispensable para que la ANLA pueda evaluar una nueva licencia. La meta oficial es entregarlo en el primer semestre de 2026, y la proyección —reiterada varias veces por la agencia— es que el proyecto pase a fase de obras durante ese mismo año.
Pero la ruta ambiental está repleta de alertas. En agosto, la Procuraduría pidió explicaciones a la ANI por los avances del EIA y por las decisiones que llevaron a la ANLA a negar la cesión del instrumento ambiental existente. A esto se suma el costo del estudio: más de COP 63.700 millones, una cifra que refleja la complejidad del ecosistema.
Un proyecto estratégico golpeado por los aplazamientos fiscales
El Canal del Dique no está solo en sus turbulencias. El sector transporte fue uno de los más afectados por los aplazamientos presupuestales del Gobierno para enfrentar la crisis fiscal.
En enero, Hacienda recortó o pospuso COP 1,7 billones en inversión sectorial; y dentro de ese paquete, el proyecto del Dique perdió COP 710.000 millones previstos para restauración de ecosistemas.
El Canal del Dique involucra a Bolívar, Atlántico y Sucre, y afecta de manera directa a Cartagena, Arjona, Mahates, Calamar, San Cristóbal, Campo de la Cruz, Santa Lucía y San Onofre, entre otros municipios.
La ejecución de la obra beneficiará a 1,5 millones de habitantes de la zona, debido al área de influencia de 435.000 hectáreas. Esto equivale a 609.000 canchas completas como El Campín.
El decreto de esta semana va en esa línea: destina recursos, da liquidez a la ANI y envía un mensaje gubernamental de avance.
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