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El 19 de agosto, mediante el decreto 1261, el gobierno de Abelardo de la Espriella declaró el estado de emergencia económica, lo cual lo faculta para tomar medidas adicionales en el marco de la atención a la crisis generada por el terremoto del 10 de agosto.
En esa declaratoria se incluyó a los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. No obstante, recientemente se determinó hacerle ajustes a ese decreto.
Con el decreto 1348, del 31 de agosto de 2026, se excluye al departamento de Putumayo y se adiciona a Caquetá y Santander.
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Según lo descrito en el decreto, se excluye a Putumayo porque, de acuerdo con lo informado en el Reporte Situacional No. 47 de la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las afectaciones que presenta no se derivan del sismo.
De igual forma, se incluyen Santander y Caquetá porque los reportes actualizados dan cuenta que sí se registran afectaciones por el terremoto.
En el decreto se lee que “el no haber incluido inicialmente en el artículo 1 del Decreto 1261 de 2026 a los departamentos de Santander y Caquetá repercutiría negativamente sobre sus habitantes, toda vez de que su no inclusión dentro del ámbito territorial de la emergencia violaría de manera ostensible el derecho a la igualdad, puesto que a pesar de constatar afectaciones directas producto del sismo del 10 de agosto de 2026 en sus respectivas jurisdicciones, al igual que los restantes entes territoriales señalados en la declaración, aquellos se verían privados del necesario apoyo estatal para enfrentar la calamidad pública que los agobia”.
¿Qué cambia con el estado de emergencia?
Técnicamente es un “estado de excepción que está presente en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia”. Durante un espacio de 30 días (prorrogable hasta 60 y no puede pasar de 90 en un mismo año) el presidente en ejercicio puede expedir decretos -con fuerza de ley- sin la necesidad de pasar por el Congreso, el lugar en donde tradicionalmente se tramitan, debaten y aprueban las que van rumbo a convertirse en ley. Es, en otras palabras, “actuar más rápido y con más instrumentos de los que tendría en condiciones normales”,contaron los colegas de economía en este video.
Dicha declaratoria, aunque le permite al primer mandatario moverse de manera eficiente ante condiciones que así lo ameriten, “no es un cheque en blanco”, pues la Corte Constitucional entra a revisar si realmente el país, para el instante en que se declaró, estaba en la necesidad de invocar dicha figura o no, teniendo en sus manos la decisión de si la tumba o la avala -o solicita ajustes- y con ello, todo lo que dentro de ese tiempo decretó el primer mandatario. En paralelo, el Congreso tiene la potestad de hacer el respectivo control político.
¿Se necesitaba? Todos los analistas coinciden en que sí, pero más allá de análisis políticos, las imágenes de la destrucción hablan por sí solas. Ahora, la realidad en la calle es que para cumplir con la atención y reconstrucción, en condiciones normales y con tiempos de la trasescena política colombiana, la respuesta sería muy demorada. Se calcula que reconstruir el país como estaba antes del terremoto podría costar COP 30 billones (para entender la dimensión de la cifra, eso son dos reformas tributarias, por ejemplo), pero en las cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, solo hay disponibles COP 47.000 millones.
Otra forma de verlo con números más cercanos y fáciles de entender es como si usted fuera un damnificado del terremoto y para arreglar su casa, que resultó con afectaciones graves, necesitara 30 millones de pesos, pero solo cuenta con 47.000 pesos en sus bolsillos. Tiene el 0,16% de lo que requiere la construcción. Exactamente igual es lo que le pasa a Colombia en este capítulo. Por eso la necesidad de la emergencia económica. ¿Y qué contempla?
El Gobierno habla de utilizar recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para “financiar proyectos de inversión en el marco de los preceptos constitucionales”. Esto se haría con cargo al Fondo de Ahorro y Estabilización del SGR. Se contempla enajenación exprés por parte de la SAE de activos y bienes que puedan servir en la atención a las víctimas del terremoto y a la tarea de reconstrucción. Esto se haría en parte a través del Fondo la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra Crimen Organizado (FRISCO), que administra esta entidad.
En el documento también se menciona la necesidad de habilitar a las “cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito inscritas a Fogacoop” para que puedan prestarle sus servicios (crédito, captación y auxilios) a personas que no estén asociadas a estas entidades, explicaron los colegas de Economía. “El documento establece la necesidad de ayudar a las micro y pequeñas empresas con apoyos para cubrir una parte de los salarios y aportes de los trabajadores de estas unidades productivas”.
Es decir, en cuanto a las micro y pequeñas empresas, que son la mayoría de las generadoras de empleo en el país, el Gobierno habla de establecer líneas de crédito de emergencia “con condiciones no previstas hoy en la regulación financiera (tasas subsidiadas, periodos de gracia extraordinarios). También se prevé usar recursos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) para subsidiar “temporalmente” la operación de los hoteles en las zonas afectadas”.
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