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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué quiere decir el estado de emergencia económica? ¿Por qué la decretó el Gobierno Nacional? ¿Qué límites existen durante ese periodo en cuanto a las decisiones que toma el Ejecutivo? ¿Qué papel juega el Congreso en todo esto? ¿Esta noticia está relacionada con la tragedia que dejó el terremoto del lunes 10 de agosto? ¿Cómo quedan las víctimas en todo esto? De eso se trata este boletín que, con la ayuda de todos los colegas que han estado publicando contenidos desde que la tierra de movió y nos cambió la vida como país, busca explicar la profundidad de la decisión, el contexto y qué se espera que salga de ella. Recuerden entrar a todos los enlaces que dejaremos a continuación para ahondar en cada arista. Comencemos.
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El 19 de agosto, después de evaluar a grandes rasgos el costo de lo que causó el terremoto, con afectaciones fuertes en ciudades capitales como Pereira, Cali, Quibdó y Manizales, el Gobierno decretó el “estado de emergencia económica para atender crisis”. Se trata del 1261 de 2026 y fue publicado por parte el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
¿Qué es esto? Técnicamente es un “estado de excepción que está presente en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia”. Durante un espacio de 30 días (prorrogable hasta 60 y no puede pasar de 90 en un mismo año) el presidente en ejercicio puede expedir decretos -con fuerza de ley- sin la necesidad de pasar por el Congreso, el lugar en donde tradicionalmente se tramitan, debaten y aprueban las que van rumbo a convertirse en ley. Es, en otras palabras, “actuar más rápido y con más instrumentos de los que tendría en condiciones normales”, contaron los colegas de economía en este video.
Dicha declaratoria, aunque le permite al primer mandatario moverse de manera eficiente ante condiciones que así lo ameriten, “no es un cheque en blanco”, pues la Corte Constitucional entra a revisar si realmente el país, para el instante en que se declaró, estaba en la necesidad de invocar dicha figura o no, teniendo en sus manos la decisión de si la tumba o la avala -o solicita ajustes- y con ello, todo lo que dentro de ese tiempo decretó el primer mandatario. En paralelo, el Congreso tiene la potestad de hacer el respectivo control político.
476 municipios afectados en 15 departamentos, más de 150.000 familias damnificadas, 163.000 viviendas averiadas, 31.400 destruidas y 302 edificios colapsados.
¿Se necesitaba? Todos los analistas coinciden en que sí, pero más allá de análisis políticos, las imágenes de la destrucción hablan por sí solas. Ahora, la realidad en la calle es que para cumplir con la atención y reconstrucción, en condiciones normales y con tiempos de la trasescena política colombiana, la respuesta sería muy demorada. Se calcula que reconstruir el país como estaba antes del terremoto podría costar COP 30 billones (para entender la dimensión de la cifra, eso son dos reformas tributarias, por ejemplo), pero en las cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, solo hay disponibles COP 47.000 millones.
Otra forma de verlo con números más cercanos y fáciles de entender es como si usted fuera un damnificado del terremoto y para arreglar su casa, que resultó con afectaciones graves, necesitara 30 millones de pesos, pero solo cuenta con 47.000 pesos en sus bolsillos. Tiene el 0,16% de lo que requiere la construcción. Exactamente igual es lo que le pasa a Colombia en este capítulo. Por eso la necesidad de la emergencia económica. ¿Y qué contempla?:
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El Gobierno habla de utilizar recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para “financiar proyectos de inversión en el marco de los preceptos constitucionales”. Esto se haría con cargo al Fondo de Ahorro y Estabilización del SGR. Se contempla enajenación exprés por parte de la SAE de activos y bienes que puedan servir en la atención a las víctimas del terremoto y a la tarea de reconstrucción. Esto se haría en parte a través del Fondo la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra Crimen Organizado (FRISCO), que administra esta entidad.
En el documento también se menciona la necesidad de habilitar a las “cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito inscritas a Fogacoop” para que puedan prestarle sus servicios (crédito, captación y auxilios) a personas que no estén asociadas a estas entidades, explicaron los colegas de Economía. “El documento establece la necesidad de ayudar a las micro y pequeñas empresas con apoyos para cubrir una parte de los salarios y aportes de los trabajadores de estas unidades productivas”.
Es decir, en cuanto a las micro y pequeñas empresas, que son la mayoría de las generadoras de empleo en el país, el Gobierno habla de establecer líneas de crédito de emergencia “con condiciones no previstas hoy en la regulación financiera (tasas subsidiadas, periodos de gracia extraordinarios). También se prevé usar recursos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) para subsidiar “temporalmente” la operación de los hoteles en las zonas afectadas”.
Según el más reciente reporte, 319 personas fallecieron, 4.506 resultaron heridas y 260 están desaparecidas.
Aunque no se dan detalles, contaron los colegas que han seguido detalladamente esta información, que el Gobierno habla de establecer condiciones favorables (compensación de tasa, coberturas, subsidio de comisiones, períodos de gracia, garantías) en los instrumentos que ofrecen las entidades del Grupo Bicentenario, que comprende a 13 instituciones, como el Banco Agrario y el Fondo Nacional del Ahorro, entre otras. Y eso permite concluir que “podrían llegar” estas decisiones “en otros decretos”. Por ese camino también vendrían ajustes en el esquema de Obras por impuestos. Con esta última, se pretende llegar a todos los lugares afectados por el terremoto.
Entre las otras decisiones que ya se tomaron y que, además, fueron dadas a conocer en los primeros días de la atención de la emergencia, está “el aplazamiento de obligaciones relacionadas con la declaración de renta para las personas afectadas por el terremoto, medida que ya quedó en firme mediante otro decreto presidencial”; y desde el sector financiero por medio de Asobancaria se informó de periodos de gracia de hasta 12 meses en los casos de mayor afectación, redefinición de plazos y condiciones, protección del historial crediticio y la suspensión temporal de las gestiones de cobro jurídico y prejurídico a los deudores damnificados.
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La realidad de Colombia pensando hacia adelante (claro, enfocados en la tragedia que vivimos con el terremoto y lo que nos ha dejado hasta el momento, además de la crisis que se nos vino encima con los incendios forestales), es que lo que se necesita es dinero en cantidades para poder echar a andar todos los planes y estrategias de reconstrucción. De ahí la emergencia económica y todas las donaciones que ya se han anunciado, no solo de la comunidad internacional sino de los propios colombianos que incluso han visto a los empresarios más ricos del país metiéndose la mano al bolsillo.
Y esto, para sumar, sucede en un momento complicado para las finanzas públicas de la Nación. Aquí algunas cifras para seguir entendiendo la situación: “El Gobierno calcula que el déficit fiscal puede cerrar el año en 7,8 %, muy por encima de las estimaciones que hizo la administración Petro en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (5,3 %). De materializarse esta cifra, esto representaría volver al nivel de déficit registrado en la pandemia (2020). Así mismo, el nivel de deuda se estima en 60 % del PIB, mientras que el gasto público llegó a 22,9 % del PIB entre 2023 y 2025, superando los niveles registrados entre 2017 y 2019 en 4,2 %. En últimas, para el gobierno De la Espriella, la economía se encuentra sobrecalentada, en buena parte por el aumento del gasto” que tuvo la administración que acaba de salir de la Casa de Nariño.
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Entonces, con las cartas sobre la mesa y las cifras puestas en ella, ¿por dónde hay que comenzar? La reconstrucción del Eje Cafetero costó el 0,45 % del PIB, si se hace el mismo cálculo con la cifra del Ejecutivo en este 2026, la reconstrucción de lo que dejó el terremoto de este 10 de agosto costaría un 1,9% del PIB. Ahí, otra vez, se entiende el tamaño de la situación.
Entonces la pregunta es: ¿Si no tenemos los recursos, como ya quedó claro, se vienen nuevos impuestos para financiar esta reconstrucción de Colombia? Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta hablaron con varios analistas y llegaron a una conclusión: “El decreto de la emergencia económica no establece nuevos impuestos, pero expertos advierten que serían necesarios para cubrir el costo de la recuperación”.
Y entonces, ¿qué? “Es probable que en una segunda ola de medidas se tenga que hablar de algunos impuestos transitorios para atender la emergencia”, sostiene José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico ANIF. Si bien reconoce la importancia de las medidas anunciadas en el decreto, como ajustes en el presupuesto, acudir al Sistema General de Regalías y a recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, también considera que será necesario hacer esfuerzos en otros frentes.
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Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, dice que el Gobierno quizá tendrá que usar múltiples herramientas, incluyendo impuestos y deuda, principalmente externa. O Sebastián Correa, socio de Serrano Martínez CMA y experto en derecho tributario, quien dice que las medidas anunciadas pueden ser “paliativos de corto plazo”, pero no resuelven el problema de fondo. En el fondo, está con los que creen que reconstrucción probablemente exigirá, más adelante, medidas más profundas, “como una reforma tributaria por la vía ordinaria del Congreso”.
Ya se sabe, por ejemplo, que el Banco Mundial desembolsó USD 200 millones para atender la emergencia y que los recursos corresponden a una línea de crédito que Colombia ya ha activado en cuatro ocasiones. “A diferencia de otros créditos, el mecanismo solo se desembolsa cuando el Gobierno emite una declaración de desastre, como ya ocurrió. Para activarlo debe haber ocurrido un fenómeno natural, como terremotos, inundaciones, sequías, incendios forestales o deslizamientos, o emergencias de salud pública como epidemias y pandemias”, cuenta Karen Vanessa Quintero Martínez, la reportera de Economía que ha seguir también estos detalles. Las administraciones de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro también usaron este tipo de crédito. ¿Qué tan caros pueden resultar estos recursos y sobre qué condiciones financieras hay que pagar? Todo eso aparece en este texto.
Ahora, la otra carta que está esperando el país leer es la que tiene que ver con el presupuesto general de la Nación, pues el Congreso devolvió el que corresponde a la vigencia del 2027 (COP 575,7 billones), redactado por los funcionarios de la administración Petro, y que tiene un faltante de COP 30,2 billones para financiar los gastos. Por eso Miguel Gómez, ministro de Hacienda, dijo que la nueva versión del presupuesto se radicaría este 26 de agosto, con los respectivos ajustes del gobierno actual y, claro, ahora teniendo en cuenta la emergencia económica y el terremoto que cambió la realidad del país. También se espera la reglamentación del decreto actual y, claro, si hay nuevos decretos encaminados a la reconstrucción de Colombia. De todos esos anuncios les esteramos contando en este enlace.
Santiago La Rotta, editor de Negocios de El Espectador, soltó un sencillo análisis pero que toca todos los puntos en cuestión: “La emergencia económica no es la solución, es la llave que abre la puerta para que el Gobierno pueda actuar con más velocidad y más instrumentos de los que tendría en condiciones normales. Lo que viene ahora dependerá de cómo se usan esas herramientas, con qué transparencia se manejen los recursos y qué tan rápido llegue la ayuda a quienes más lo necesitan”.
¿Qué tema le gustaría que tratáramos la próxima semana? Escríbanos a ebohorquez@elespectador.com Nos vemos el próximo miércoles.
Por Edwin Bohórquez Aya
