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Durante casi tres años, millones de usuarios de gas natural pagaron un sobrecosto en sus facturas por una decisión de la CREG que aumentaba la tasa de descuento del costo de capital —conocida como WACC— aplicada a las empresas transportadoras del sistema.
Hoy, el Gobierno ordenó revertir ese incremento y devolver más de COP 150.000 millones cobrados de más desde 2023.
Hace tres años, mediante la Resolución CREG 102 002, la tasa WACC para el transporte de gas natural pasó de 10,94 % a 11,88 %. La decisión la adoptó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), entidad encargada de regular monopolios naturales como el transporte de gas cuando la competencia no es posible y garantizar que las tarifas sean eficientes.
Ese ajuste surgió de una regla automática prevista desde 2021. La Resolución CREG 004 de 2021 estableció que, si variaban ciertas variables macroeconómicas (como el impuesto de renta o parámetros financieros), “se efectuará el recálculo de dicha tasa de descuento con la nueva tarifa”.
Ese mismo año, tras la reforma tributaria (Ley 2277 de 2022), el impuesto de renta corporativo pasó de 31 % a 35 %. De ese modo, “la Comisión hizo el análisis para determinar la oportunidad de ajustar la tasa de descuento”, lo que obligó a revisar el modelo financiero a corte de 2022.
El resultado fue una variación superior al 4 %, umbral que, según la propia regulación, activaba la actualización automática del WACC.
Así, el nuevo cálculo, publicado para comentarios en abril de 2023 y aprobado en junio de ese año, fijó la tasa en 11,88 % antes de impuestos.
Ese cambio, que en apariencia puede parecer marginal, tiene efectos directos sobre las tarifas, porque el WACC define la rentabilidad reconocida a las empresas por su inversión en infraestructura.
Cuando la tasa sube, la remuneración reconocida también aumenta. Y ese incremento se traslada a la componente de transporte que pagan los usuarios finales (hogares, comercios e industrias).
Las principales beneficiarias del ajuste fueron empresas transportadoras como Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo de Energía de Bogotá, y Promigas, vinculada al Grupo Aval.
Según informó el Ministerio, con el paso del tiempo los distribuidores de gas natural interpusieron recursos de reposición ante la CREG para mantener el WACC anterior de 10,94 % mientras se aprobaban los nuevos cargos tarifarios, con el fin de evitar impactos adicionales en la factura final.
Tras analizar los recursos, la CREG decidió acoger la solicitud y ordenar dos medidas simultáneas:
- Reducir nuevamente el WACC al 10,94 %.
- Reintegrar los valores cobrados en exceso desde 2023 hasta la fecha.
El monto estimado supera los COP 150.000 millones.
En pocas palabras, la propia regulación permitió el aumento bajo procedimientos técnicos definidos y con comentarios de Promigas y Asoenergía, pero ahora el Ejecutivo decide revertir.
La devolución deberá realizarse a través de mecanismos que la propia comisión definirá en los próximos días, incluyendo cronogramas y ajustes en facturación.
La revisión no se limita al transporte
En paralelo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios publicó un informe en el que examina la estructura financiera de los llamados “comercializadores puros” de gas combustible por redes, es decir, agentes que compran y revenden gas en el mercado secundario sin atender usuarios finales.
El análisis cubre el período 2020–2024 y el corte a septiembre de 2025. Según el informe, los ingresos totales por esta actividad fueron de COP 2,99 billones en 2023 y 3,23 billones en 2024.
Por su parte, la utilidad neta alcanzó COP 174.700 millones en 2023 y COP 122.800 millones en 2024.
La Superservicios advierte que la compra y reventa sucesiva puede generar escalonamientos en el precio final cuando no existe una agregación real de valor operativo, logístico o de gestión de riesgo que justifique el margen. Desde la perspectiva del usuario, cada eslabón adicional en la cadena tiene el potencial de trasladar costos adicionales al precio que pagan hogares y empresas.
El informe señala una alta concentración de ingresos en este segmento y propone revisar mecanismos regulatorios para evitar encadenamientos excesivos de intermediación.
Entre las propuestas se incluyen incentivar esquemas de contratación directa, reforzar la trazabilidad del precio desde el productor hasta el usuario final y evaluar si los márgenes reportados son económicamente coherentes.
Con el ajuste al WACC y la revisión de la comercialización pura, el Gobierno abre simultáneamente dos frentes sobre la formación del precio del gas: el retorno al capital en transporte y la intermediación en la cadena comercial.
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