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Este viernes, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la resolución que establece las reglas para la instalación, conexión, operación y participación comercial de los sistemas de almacenamiento con baterías.
Esta regulación incorpora, por primera vez, los sistemas de almacenamiento de energía con baterías (SAEB) al Sistema Interconectado Nacional, permitiendo almacenar la energía producida por fuentes como la solar durante las horas de mayor generación para utilizarla en momentos de alta demanda.
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La regulación contempla diferentes modalidades de almacenamiento, entre ellas sistemas que operarán como activos de red para respaldar los sistemas de transmisión y distribución, así como proyectos independientes o asociados a plantas de generación renovable que podrán participar en el mercado eléctrico.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hizo el anuncio en Barrancabermeja (Santander), durante la entrega de una granja solar que beneficiará a cerca de 700 personas.
“Con esta regulación damos un paso histórico para que la energía del sol no se desperdicie y pueda almacenarse para llegar a los hogares cuando más se necesita. Es una decisión que fortalece la soberanía energética del país y acelera la transición energética justa que impulsa el presidente Gustavo Petro”, afirmó el ministro Palma.
El Ministerio de Minas y Energía señaló que la medida es especialmente estratégica para regiones como el Caribe, donde se concentra una parte importante del potencial solar y eólico del país.
Según la cartera, la regulación será un habilitador para los proyectos que serán adjudicados en la próxima subasta de contratación de energía limpia a largo plazo, especialmente aquellos que incorporen soluciones de almacenamiento.
En contexto: Gobierno lanza subasta de energía limpia y almacenamiento con contratos a 15 años
El Ministerio de Minas y Energía, en articulación con la Bolsa Mercantil de Colombia, lanzó la semana pasada la subasta de contratación de energía limpia a largo plazo 2026. El objetivo del proceso es adjudicar contratos para suministro de energía, principalmente de fuentes no convencionales de energía renovable, a partir de 2030 y 2035, con vigencia de 15 años.
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