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Este jueves, las comisiones económicas (Terceras y Cuartas) del Senado y de la Cámara de Representantes están debatiendo el monto global del Presupuesto General de la Nación 2026. La fecha máxima para aprobar la cifra vence el 15 de septiembre.
La discusión del presupuesto está atada a una ley de financiamiento (en la práctica una reforma tributaria) que inicialmente buscaba $26,3 billones, con cambios en las tarifas de IVA para algunos bienes y servicios, modificaciones al impuesto de renta y al patrimonio, entre otras cosas. Pero este jueves, Germán Ávila, ministro de Hacienda, anunció que aunque la propuesta del Gobierno es razonable, en la búsqueda de consensos y tras conversaciones con el Legislativo, se hará un ajuste.
Según el ministro, el Gobierno reducirá en $10 billones el presupuesto de 2026 y la ley de financiamiento. Así las cosas, el presupuesto pasaría de $556,9 billones a $546,9 billones y la tributaria quedaría en $16,3 billones.
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Ávila aseguró que se debe hacer un trámite “paralelo y articulado” entre el proyecto de presupuesto y la ley de financiamiento para asegurar los ingresos que se necesitan.
Aunque el gobierno cedió en $10 billones, algunos parlamentarios radicaron proposiciones para bajar el monto del presupuesto en cifras mayores, algunos por $26 billones, otros por hasta $39 billones. Varios congresistas argumentaron que aprobar el “acuerdo” que propone el gobierno y dejar el monto en $546,9 billones implica, de todas formas, aceptar la reforma tributaria. En este momento, las comisiones económicas siguen debatiendo cuál será la cifra definitiva.
Los posibles cambios en la reforma tributaria
El ministro defendió que en 2023 el costo fiscal (lo que dejó de recaudar el Estado) por exenciones o ventajas tributarias sumó $135 billones, equivalente al actual déficit fiscal. El IVA representó $88,4 billones; el impuesto de renta a personas jurídicas, $21,3 billones, y el impuesto de renta a personas naturales, $25,5 billones.
La propuesta inicial del Gobierno incluye llevar el IVA a tarifa plena (19 %) para los vehículos híbridos, licores, tabaco, gasolina y diésel, entre otras cosas. Ávila sostiene que se cumplió la promesa de no gravar la canasta familiar, pero como se buscarán $10 billones menos, la cartera revisará y eliminará algunas de las medidas.
El ministro dijo que se debe hacer una revisión del IVA a la gasolina, teniendo en cuenta el impacto sobre el consumo. También anunció que se revisará el IVA para los juegos de suerte y azar, buscando “una dinámica más progresiva” y que se reconsiderarán algunos temas en los licores, especialmente en la cerveza.
“Creemos que el esfuerzo tributario debe ser progresivo y en eso consideramos necesario mantener las propuestas en materia de renta y patrimonio, que como fueron diseñadas, garantizan un alto nivel de progresividad”, dijo el ministro.
En cuanto al impuesto al consumo de 19 % para servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, que solo aplica para las entradas a eventos que superan los $500.000, Ávila dijo que el gobierno está abierto a escuchar los posibles impactos de la medida.
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El gobierno convocó al Congreso para definir el monto del presupuesto y, más adelante, hacer una revisión que permita consensos en el Legislativo. De todas formas, Ávila explicó que hay unos límites que impone la Constitución para el presupuesto y que se deben respetar en este acuerdo.
El Departamento Nacional de Planeación destacó la importancia de mantener el presupuesto de inversión para 2026, que hasta ahora está en $88,7 billones. La entidad destacó que el 69 % del presupuesto de inversión es inflexible (cerca de $62 billones).
Gobierno defiende el presupuesto, pero cede
El presupuesto 2026 y la tributaria han sido criticados por expertos, centros de investigación, analistas, gremios económicos y parlamentarios. En el primer caso, porque el gobierno no mostró intenciones de hacer ajustes en el gasto (como tanto se le ha recomendado) y en el segundo, porque el monto es demasiado ambicioso y es difícil que una iniciativa de este tipo vea la luz en un año preelectoral.
El ministro de Hacienda aseguró que el país está en una coyuntura fiscal excepcional —derivada, entre otras cosas, de los subsidios a los combustibles y obligaciones de deuda que son inaplazables— que obliga al gobierno a presentar, además de un presupuesto, estrategias para cerrar la brecha fiscal y garantizar la sostenibilidad de la economía y el crecimiento en el mediano plazo.
“Al observar en precios constantes las tendencias del gasto primario, en 2026 proyectamos un gasto de $373,9 billones (con el proyecto que se presentó inicialmente), en 2020 teníamos $367,2 billones. El presupuesto del otro año no desborda ni escala la dinámica del gasto en proporciones, más allá de lo absolutamente razonable”, dijo.
Ley de Financiamiento e impuestos para la salud.
— MinHacienda (@MinHacienda) September 11, 2025
El Observatorio Fiscal de la @UniJaveriana asegura que $7,8 billones de la Ley de Financiamiento no serían ingresos nacionales, sino territoriales haciendo referencia a los impuestos al consumo...
El jefe de la cartera defendió la activación de una cláusula de escape para suspender la regla fiscal, advirtiendo que el ajuste que necesita el país no se puede hacer en un solo periodo: “hacerlo habría implicado prácticamente paralizar el Estado y generar una dinámica de regresión en el proceso de crecimiento económico que consideramos que era inviable e inconveniente”. Agregó que se mantendrá el endeudamiento en los límites establecidos por la regla fiscal, pero acudiendo a una estructura más flexible de ejecución del presupuesto y de operaciones de deuda.
El presupuesto de 2026 estima ingresos tributarios por $301 billones, incrementando 1,8 % los proyectados para 2025. Ávila sostiene que el gobierno está siendo “conservador” en las proyecciones por la mala experiencia de 2023 y 2024, cuando las metas no se cumplieron.
En el proyecto inicial (que ahora será ajustado por el gobierno) se incluyeron recursos de capital por $176 billones, con crédito interno por $85 billones, crédito externo por $57 billones y excedentes financieros por $20 billones. También se espera una reducción de $10 billones en intereses por la estrategia de manejo de deuda.
En cuanto a gastos, inicialmente, a funcionamiento se destinaron $365,7 billones, $102 billones a deuda y $88,7 billones a inversión. En estos montos habrá ajustes tras la noticia de bajar la apuesta general en $10 billones.
Frente a las críticas por el aumento en gasto de personal, Ávila dijo que representan en total $66 billones, de los cuales el Ejecutivo suma $14 billones, la Fiscalía y organismos autónomos, $20 billones y el sector defensa, $31 billones.
También explicó que las transferencias corrientes del Estado suman $274 billones, por transferencias al Sistema General de Participaciones ($88 billones), pensiones, salud y universidades. “Las transferencias no son discrecionales del gobierno, sino que son obligatorias”.
Ávila reiteró que la mayor parte del presupuesto es inflexible: $509 billones, el 91,4 % de los $556,9 billones que inicialmente buscaba el gobierno.
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