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El Gobierno Nacional destacó que se han dispuesto recursos por el orden de los $3 billones para mejorar la transitabilidad y accesibilidad de la red rural del país por medio de obras en 478 municipios de los 32 departamentos del país, en los que se intervienen 1.033 kilómetros de vías terciarias y 433 kilómetros de vías regionales.
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Según la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez, con dichos recursos se tendrán además la construcción de 52 puentes, 34 kilómetros de ciclorrutas, caminos ancestrales y malecones, “lo que representa un trabajo incesante que reafirma el compromiso del Gobierno con las regiones”.
Además, hasta el momento se han puesto al servicio 491 kilómetros de vías rurales, 15 puentes construidos, además de caminos ancestrales, malecones y ciclorrutas.
El recaudo se completó a través de varias fuentes dispuestas para tal fin, entre ellas, OCAD PAZ, la venta de Isagen, Cooperación Internacional, el mecanismo de Obras por Impuestos, el Presupuesto General de la Nación y el Plan Bicentenario.
Uno de los retos del actual gobierno, es, a través de la inversión en obras de mejoramiento y mantenimiento en los lugares más remotos y aislados, dando paso a vías mejoradas que conecten veredas y cabeceras municipales y de esta forma impulsa el turismo, la economía y en general recuperará la calidad de vida de nuestra población rural.
La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, explicó que dentro de esa gradualidad y concertadamente con los alcaldes del país y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), continuarán en marcha las inversiones en las vías rurales para dar impulso al desarrollo del campo con infraestructura de calidad, aplicando tecnología moderna e innovadora que favorezca la durabilidad de las obras.
El Ministerio destacó además que de manera paulatina se viene retomando el normal desarrollo de las obras de infraestructura de transporte a lo largo y ancho del país, como medida para reactivar la economía y se han aplicado los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y disminuir el riesgo de transmisión del COVID-19, y garantizar la seguridad de los trabajadores y habitantes de las zonas de influencia entre las entidades, los contratistas y las interventorías.