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La Contraloría General de la República le mandó su segundo informe al Congreso sobre la ejecución de los recursos para la implementación de los acuerdos de paz con las Farc. Una de las principales conclusiones advierte que faltarían alrededor de $76 billones para cumplir con todos los compromisos adquiridos.
La entidad advirtió que faltarían recursos para la correcta implementación de Reforma Rural Integral, el programa integral de sustitución de cultivos y el fortalecimiento de las medidas de reparación integral de víctimas. Por lo que haría falta incrementar en más de un 50% el presupuesto actual para los acuerdos de paz.
Los recursos que tiene hasta el momento presupuestado el Ministerio de Hacienda para los próximos 15 años suman $129,5 billones: $46,6 billones del Presupuesto General de la Nación, $37,8 billones del Sistema General de Participaciones, $19,7 billones del Sistema General de Regalías, $5,5 billones Recursos entidades territoriales, $11,6 billones de cooperación internacional, y $8,3 billones de Inversión privada.
Los $76 billones en el presupuesto “representaría 0,4% del PIB anual que se sumarían al déficit fiscal que se ha proyectado para los próximos años. Estos cálculos podrían aumentar hasta el 1,1% del PIB si agregamos los costos adicionales de, cubrir todos los municipios con territorios rurales y rurales dispersos como lo contempla el Acuerdo Final, y las medidas de reparación de la política pública de atención a las víctimas según estimó el Departamento Nacional de Planeación”, indica el informe.
El informe también analizó la ejecución de los recursos del acuerdo de paz durante el 2017. De acuerdo con la Contraloría el año pasado se ejecutaron recursos asociados al Acuerdo Final del orden de $6,9 billones según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018 y registró 96 proyectos de inversión con marcación de Posconflicto.
Sin embargo, la contraloría “estima que sólo $4,9 billones se pueden aplicar al Acuerdo de Paz, toda vez que el uso de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y recursos propios de las entidades territoriales no han tenido ninguna modificación desde la aprobación del Acuerdo”.