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Si bien es cierto que Abelardo de la Espriella recibe de Gustavo Petro un país con varios indicadores económicos positivos, como una baja tasa de desempleo y cerca de cuatro millones de personas que salieron de la pobreza extrema, también hereda una nación con importantes desafíos financieros.
Muestra de ello es que, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Colombia podría cerrar el año con un déficit fiscal del 7,4 %. Para entender qué significa esa cifra, imagine que el país es una familia que cada mes recibe ingresos por COP 10 millones, pero gasta COP 10.740.000. En otras palabras, por cada COP 100 que le entran, termina gastando COP 107,4. Los COP 7,4 que le faltan debe conseguirlos, por lo general, mediante deuda.
Una deuda que reduce el margen de maniobra
Según el CARF, la deuda llegaría al 61 % del PIB en 2026, el registro más alto de la historia.
Recientemente, la firma de consultoría Crowe publicó un informe en el que señala que el pago de la deuda para Colombia se contaría en COP 17,591 billones, de los COP 19,881 billones que aumentaría el Presupuesto General de la Nación para 2027.
Una vez más, esto se podría entender mejor de la siguiente manera: por cada COP 100 adicionales, cerca de COP 88,5 corresponderían al mayor pago de obligaciones financieras, COP 9,1 a funcionamiento y apenas COP 2,4 al crecimiento de la inversión. “En consecuencia, el aumento del servicio de la deuda explicaría el 88,5 % del crecimiento total del presupuesto, lo que dejaría poco espacio para nuevas obras, programas sociales o mejorar servicios como el de salud”, detalla Crowe.
Como lo explica el socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia, Juan Carlos Arbeláez, esto no es una estimación independiente sobre lo que podría ocurrir, sino un cálculo construido a partir de las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda.
Estos datos ponen sobre la mesa el considerable desafío financiero que deberá asumir el gobierno de De la Espriella, quien deberá decidir cómo va a pagar las deudas existentes, cómo conseguir los recursos pendientes y cómo aplicar el recorte anunciado. Todo esto mientras cumple con su promesa de proteger las ayudas destinadas a la población vulnerable.
“El servicio de la deuda pasaría de COP 100,450 billones en 2026 a COP 118,041 billones en 2027, un incremento de 17,5 %. Dentro de ese componente, los intereses subirían de COP 68,765 billones a COP 87,714 billones, es decir, aumentarían COP 18,949 billones, o 27,6 %”, se lee en el reporte de Crowe.
Llama también la atención que el dinero para funcionamiento e inversión crecería apenas 0,5 %. Si se tiene en cuenta que la inflación prevista para el próximo año es del 4,4 %, los datos de Crowe anticipan que el Estado tendría cerca de 3,7 % menos capacidad de compra para operar entidades, contratar bienes y ejecutar programas.
“El panorama podría volverse más exigente con el recorte cercano a COP 60 billones anunciado por el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez. Hasta ahora no existe un documento público que determine si el ajuste completo se aplicará en 2027, durante lo que resta de 2026 o a lo largo de varios años”, añade, al indicar que todo esto se traduce en un alto riesgo de que el gobierno entrante invierta menos en obras públicas, vivienda y menor velocidad en la ejecución de programas sociales”, advirtió Arbeláez.
La cuenta pendiente
Hay una cifra que no se sabe de dónde va a salir: COP 8,29 billones. El proyecto incluye COP 30,213 billones que dependen de nuevas fuentes de dinero. Sin embargo, la reforma tributaria presentada por el Gobierno saliente recaudaría solo COP 21,921 billones durante 2027.
No es claro si esos recursos saldrán de un mayor recaudo de los impuestos vigentes, recursos de capital, de una reducción del gasto, o de otra estrategia. El panorama se vuelve más incierto al tener en cuenta que “el gobierno del tigre” anticipó que no respaldará el proyecto actual y presentará su propia reforma en septiembre.
“También se encontró que el 55,4 % de los ingresos esperados por la reforma saliente vendría de dos cambios: la reducción de beneficios en los aportes empresariales a salud, Sena e ICBF, que generaría COP 8,529 billones, y el aumento gradual del IVA a los combustibles, que aportaría COP 3,610 billones”, apunta.
En contraste, el capítulo denominado “Progresividad”, que incluye modificaciones para personas, empresas y patrimonios, recaudaría COP 3,439 billones, equivalentes a 15,7 % del total”, se lee en el documento.
En suma, el desafío financiero es considerable y sienta enormes barreras para la denominada “patria milagro” que prometió De la Espriella en su campaña. ¿Cómo liderar un país endeudado? Esa es la pregunta.
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