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Barranquilla y el Atlántico tienen una agenda de infraestructura que apunta a mejorar su conexión con el interior del país, fortalecer la actividad portuaria y ampliar su capacidad logística.
El problema es que buena parte de esas obras todavía no está lista para ejecutarse. Algunas esperan recursos, otras necesitan permisos ambientales y varias dependen de decisiones contractuales o cambios normativos. Esa brecha entre los proyectos anunciados y los que efectivamente avanzan fue uno de los asuntos revisados este martes por el Ministerio de Transporte con empresarios y representantes gremiales de la región.
La reunión, encabezada por la ministra Elsa Noguera con representantes de ProBarranquilla y la Cámara de Comercio de Barranquilla, permitió repasar las principales iniciativas para el departamento.
La agenda comprende intervenciones sobre el río Magdalena y el Canal del Dique, proyectos viales y la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, obras con efectos que van más allá de la movilidad: de su avance también dependen los costos de transporte, la conexión de los puertos y la capacidad de la región para atraer actividad económica.
El río Magdalena: obras por COP 861.000 millones y una APP en estudio
Uno de los frentes prioritarios es el mantenimiento del canal de acceso al puerto de Barranquilla. Para garantizar el dragado hasta agosto de 2027, Cormagdalena tramita ante el Ministerio de Hacienda las vigencias futuras necesarias. También gestiona recursos adicionales que permitan mantener las labores durante todo el año.
A esa intervención se suman dos proyectos de mayor alcance: la estabilización de los tajamares y diques en Bocas de Ceniza, con una inversión estimada de COP 491.000 millones, y la profundización del canal navegable hasta Barrancabermeja, calculada en COP 370.000 millones. En conjunto, las obras representan cerca de COP 861.000 millones. El Gobierno busca financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras Cormagdalena cuenta con estudios y diseños en fase III.
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También se estudia una asociación público-privada (APP) para llevar el canal de acceso al puerto a una profundidad de 12 metros y asegurar su mantenimiento. Son iniciativas distintas, pero relacionadas con un mismo desafío: mejorar las condiciones de navegación y reducir las restricciones que afectan el transporte fluvial y la operación portuaria.
En ese frente aparece, además, el antiguo puente Pumarejo. El Gobierno tramita vigencias futuras para financiar su intervención y espera firmar la próxima semana un convenio entre Invías y la Alcaldía de Barranquilla por COP 160.800 millones para su deconstrucción. La obra permitiría facilitar el paso de embarcaciones de mayor tamaño hacia instalaciones ubicadas aguas arriba.
Canal del Dique: la expectativa de empezar en 2027
Otro proyecto que vuelve a estar en la agenda es la restauración del Canal del Dique. El Gobierno espera iniciar las obras en 2027, después de avanzar en los trámites que habían mantenido frenada la iniciativa. Su alcance comprende a Bolívar, Sucre y Atlántico, con intervenciones orientadas a reducir el riesgo de inundaciones y recuperar las condiciones ambientales del sistema.
El proyecto, cuya inversión se ha estimado en COP 3,2 billones, lleva años enfrentando dificultades para pasar a la etapa de ejecución. En junio de este año seguía pendiente de trámites ambientales, pese a su importancia para las comunidades y los ecosistemas de la región. Entre los ajustes también se han contemplado modificaciones para permitir el tránsito de embarcaciones de mayor tamaño a través de las esclusas.
La expectativa de comenzar en 2027 marca un nuevo horizonte, pero el anuncio todavía debe traducirse en decisiones administrativas y obras. La experiencia de este proyecto muestra por qué los avances en trámites no equivalen necesariamente al inicio de la construcción.
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Carreteras y aeropuerto: una agenda con distintas fuentes de financiación
En materia vial, el Ministerio identificó cuatro corredores. En la vía Barranquilla-Ciénaga avanzan la construcción del viaducto y la unidad funcional 3 hacia Tasajera, mientras otras unidades siguen pendientes de permisos ambientales. La intervención debe responder a las necesidades de movilidad sin desconocer las restricciones ambientales de una zona de manglares y alta biodiversidad.
Para la doble calzada de la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena, el Gobierno contempla una adición de hasta el 50 % del valor del contrato, condicionada a la reforma de la Ley de Asociaciones Público-Privadas que ha propuesto. Los recursos restantes se buscarían mediante obra pública. Por ahora, esa posibilidad depende de que se concrete el cambio normativo.
En La Cordialidad, el corredor pasó recientemente de la ANI a Invías. La entidad deberá atender su mantenimiento y evaluar una posible nueva APP. En la calle 30, entre Malambo y Barranquilla, se proyectan recursos de obra pública para modernizar uno de los principales accesos a la capital del Atlántico.
La agenda incluye también el aeropuerto Ernesto Cortissoz. Mientras la Alcaldía de Barranquilla adelanta intervenciones transitorias en el lado tierra, la ANI evalúa una iniciativa privada para modernizar la terminal, fortalecer su capacidad de carga y desarrollar servicios de mantenimiento de aeronaves.
La discusión regional ocurre en un momento complejo para la infraestructura del país. En junio pasado, el balance del sector advertía que el cierre de la etapa constructiva de varias concesiones 4G y los retrasos de los proyectos 5G podían abrir un vacío de inversión desde 2027. A abril, solo cuatro proyectos 5G estaban en construcción y registraban un avance promedio de 33,1 %. Ese panorama vuelve más importante que las iniciativas regionales consigan financiación y superen sus trámites.
Barranquilla tiene proyectos para mejorar su conexión portuaria, fluvial, vial y aérea. El reto ahora es que esa cartera deje de depender de anuncios, estudios y gestiones pendientes y empiece a convertirse en obras.
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