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El Instituto Nacional de Vías (Invías) rechazó una propuesta dentro de un proceso de contratación para una obra en Nariño tras detectar vínculos con una empresa mencionada en el caso Centros Poblados.
La decisión se tomó en medio de una revisión interna sobre el proceso del corredor La Llanada–Sotomayor. En la evaluación participaron equipos jurídicos, técnicos y financieros, que identificaron alertas en la estructura del proponente.
La entidad puso la lupa en el consorcio Caminos Estratégicos 2026. Dentro de su composición aparecía ING Construguajira S.A.S., una sociedad que incluye en su accionariado a ICM Ingenieros S.A.S. en liquidación judicial, compañía que ha sido mencionada en investigaciones del escándalo de Centros Poblados.
Esa conexión activó la alerta. ICM entró en proceso de liquidación el 25 de agosto de 2022 bajo la Ley 1116, lo que limita su capacidad jurídica a la liquidación de activos. No puede, en ese estado, desarrollar su objeto social ni participar de forma ordinaria en nuevas actividades empresariales.
Al consultar al liquidador de la firma, el Invías encontró que este “no ha firmado documento alguno de constitución de ING Construguajira”, lo que terminó de cerrar la puerta al consorcio dentro del proceso.
El año pasado, la Fiscalía incautó 23 bienes que serían de los presuntos responsables del desvío de cerca de COP 70.000 millones del contrato destinado a llevar conectividad digital a zonas rurales del país.
De acuerdo con el ente investigador, dentro de los inmuebles habría algunos que son propiedad de la exministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (MinTic), Karen Abudinen, y del condenado “zar de la contratación”, Emilio Tapia.
Contexto: Centros Poblados: Fiscalía incautó bienes que serían de presuntos involucrados en escándalo
“En Invías no hay espacio para prácticas que pongan en duda la transparencia de los procesos”, señaló el director de la entidad, Juan Guillermo Jiménez. ”Estamos actuando con rigor, revisando a profundidad cada propuesta y tomando decisiones responsables para garantizar que las obras del país queden en manos de los mejores contratistas”.
La entidad tiene en curso procesos que superan los COP 15 billones para más de 60 obras en distintas regiones.
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