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El Instituto Nacional de Vías (Invías) comenzará a saldar, de manera progresiva, la millonaria deuda que mantiene con contratistas del sector de infraestructura. Luego de varios meses de incertidumbre y advertencias sobre el impacto económico de estos impagos, el Gobierno Nacional confirmó que en las próximas semanas se girarán recursos para aliviar la crisis.
El plan, anunciado por la Procuraduría General de la Nación en audiencia pública de ayer, 12 de febrero, contempla la transferencia de fondos por parte del Ministerio de Hacienda a Invías, que deberá distribuir los pagos entre las empresas afectadas. En total, se destinarán más de $1 billón para saldar compromisos con contratistas, consultores e interventores, cuyos proyectos han sido golpeados por la falta de liquidez.
El sector de infraestructura celebra esta decisión, que evita una crisis mayor y garantiza la continuidad de obras estratégicas para la conectividad del país. Sin embargo, de fondo, el panorama es claro: si no se implementan mecanismos de financiamiento sostenibles, el país podría enfrentar nuevos episodios de crisis presupuestal.
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La deuda acumulada de Invías generó un efecto dominó en la infraestructura vial del país. 57 proyectos estratégicos quedaron en riesgo de paralización, con impactos directos en la conectividad regional y el empleo. Además, cientos de pequeñas y medianas empresas (pymes) vieron comprometido su flujo de caja, lo que amenazaba su estabilidad financiera.
Ante la presión del gremio constructor y el llamado de atención de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en cabeza de Juan Martín Caicedo Ferrer, el Gobierno diseñó un plan de pagos que se ejecutará en tres fases:
- Febrero: se desembolsarán $200.000 millones, permitiendo a contratistas y proveedores recibir un primer alivio financiero.
- Marzo: se pagarán $600.000 millones, lo que cubrirá una parte significativa de la deuda acumulada.
- Abril: se girarán $800.000 millones, completando el monto necesario para estabilizar las finanzas de los proyectos afectados.
“Con estos pagos se garantiza la buena marcha de proyectos estratégicos para la conectividad de las regiones y se genera un alivio para las finanzas de pequeñas y medianas empresas de ingeniería, generadoras de empleo y comprometidas todas ellas con el desarrollo de la infraestructura nacional”, dijo Caicedo.
Este esquema busca evitar la suspensión de obras clave, muchas de ellas con avances significativos, y garantizar la ejecución del presupuesto de infraestructura sin más retrasos.
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Quiero compartir una muy buena noticia con el país, y especialmente, con las pequeñas y medianas empresas de ingeniería.
— Juan Martin Caicedo (@JMCaicedoFerrer) February 13, 2025
Como resultado de los llamados de atención de la CCI, la Procuraduría General de la Nación anunció -en audiencia pública, celebrada ayer- que el Ministerio de… pic.twitter.com/Lmtvp9CdCM
Las obras en riesgo y el impacto económico
Aunque la deuda pendiente de Invías es de $1 billón, la falta de pagos ponía en jaque proyectos que suman más de $13 billones, cifra similar al presupuesto total del sector transporte para 2025.
Las obras afectadas incluyen iniciativas clave para la conectividad en zonas estratégicas:
- Transversal del Catatumbo: $305.728 millones.
- Variante San Francisco-Mocoa: Cerca de $1 billón.
- Neiva - Florencia: $442.951 millones.
- Conexión Alta Guajira: $294.984 millones.
- Arauca-Casanare: $237.066 millones.
- Conexión Ciénaga - Barranquilla: $648.006 millones.
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Además del impacto en infraestructura, estos proyectos sostienen aproximadamente 336.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. El retraso en los pagos no solo afectaba la estabilidad de las empresas contratistas, sino que también ponía en riesgo el sustento de miles de trabajadores.
La crisis financiera de Invías no es reciente. Su origen se remonta a 2023, cuando un déficit presupuestal, combinado con una baja ejecución del gasto, limitó la capacidad de pago del instituto. Según la CCI, la ejecución del presupuesto de inversión en 2024 se encuentra en 38,7 %, el nivel más bajo en los últimos años.
Este problema se agravó por varios factores:
Primero, el congelamiento de tarifas de peajes, ya que al no ajustarse, los ingresos de Invías se redujeron, afectando su flujo de caja.
Segundo, la baja ejecución presupuestal. En 2023, el gasto en infraestructura no alcanzó los niveles esperados, generando retrasos en los pagos.
Tercero, la falta de vigencias futuras, pues los contratos de obras públicas requieren certificaciones de vigencias futuras excepcionales, que en algunos casos no se aprobaron, bloqueando la disponibilidad de recursos.
Y cuarto, las restricciones en contratación, pues la deuda acumulada limitó la capacidad del Gobierno para asumir nuevos compromisos financieros, frenando la adjudicación de proyectos.
La combinación de estos factores provocó la crisis actual, que puso en jaque tanto a los contratistas como a los planes de infraestructura vial del país.
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