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La redistribución de tierras y aguas para la producción agropecuaria tendría una inversión de COP 18 billones, en su mayoría, provenientes del Presupuesto General de la Nación.
Así lo estableció el Gobierno de Gustavo Petro en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 4184 sobre política agraria para los próximos diez años (2026-2036) que contiene 146 acciones lideradas por el Ministerio de Agricultura y articuladas a través del Sistema Nacional de Reforma Agraria. Esta involucra la participación de otras 26 entidades estatales.
El documento es una estrategia de planeación que busca reducir las brechas de desigualdad y garantizar los derechos fundamentales. Para ello contempla un Plan de Acción en seis ejes estratégicos:
- Redistribución de tierras, aguas y bienes naturales.
- Redistribución de activos productivos rurales.
- Fortalecimiento de la institucionalidad agraria.
- Justicia agraria especializada.
- Reconocimiento e inclusión de los sujetos populares del campo.
- Distribución de riesgos climáticos y sostenibilidad.
Estos seis ejes estratégicos pretenden superar la persistencia del atraso productivo, la pobreza rural, la baja productividad agropecuaria y las desigualdades territoriales, así como su vínculo histórico con el conflicto armado.
Se trata de un tema clave para el país. Una muestra de la desigualdad es que las grandes fincas de más de 200 hectáreas (que suman el 43,9 % de la tierra del país) están en manos del 1,6 % de los propietarios, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Esto ha llevado a que Colombia tenga un coeficiente Gini de 0,86 en la distribución de la propiedad predial (el 0 equivale a igualdad perfecta y el 1, a desigualdad total).
“Es la primera vez que tenemos un documento de política pública de reforma agraria. El Conpes 4184 representa un hito histórico, en la medida en que consolida una hoja de ruta integral y de largo plazo para enfrentar la desigualdad agraria estructural mediante una estrategia redistributiva explícita”, aseguró la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina, en la presentación del documento en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20).
El documento parte de que la base de que la desigualdad en la ruralidad no es el resultado de fallas aisladas ni de dinámicas coyunturales, sino de un sistema agrario históricamente configurado que reproduce, de manera sostenida:
- La concentración de la tierra y el agua,
- La asignación desigual de activos productivos rurales
- La fragmentación institucional
- La exclusión política de amplios sectores rurales
La política hace parte del nuevo marco constitucional que ha construido el Gobierno y que fortalece el enfoque redistributivo, con el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional, el reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada y el proyecto de la Jurisdicción Agraria y Rural, que está en trámite en el Congreso.
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