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El pasado 10 de agosto, la tierra en gran parte de Colombia se movió durante más de un minuto. Lo ocurrido en esos segundos dejó estragos cuya recuperación podría tomar años.
El más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) detalla que la tragedia se ha extendido a 450 municipios, en 15 departamentos. La tercera parte de la población ha sido afectada.
El reporte que entregó el presidente Abelardo de la Espriella en su alocución del domingo habla de 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Más de 120.328 familias se registran como afectadas; 26.945 viviendas fueron destruidas por el movimiento de la tierra mientras que otras 127.557 resultaron averiadas.
Las afectaciones también se hacen presentes en 285 centros de salud, en más de 2.800 centros educativos, así como en centenares de vías, puentes e instalaciones indispensables para la cotidianidad de los colombianos.
El presidente De la Espriella señaló que se acudió a una firma privada para modelar las pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. El resultado preliminar del estudio es que estas se acercan a los COP 30 billones, de los cuales COP 24,5 billones corresponden a edificaciones y COP 5,5 billones a infraestructura.
Parte de su “Plan milagro de reconstrucción” busca un trabajo articulado con las constructoras, a las que se les pidió donar sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas.
El martes, el Ministerio de Vivienda se reunió con la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), y otros gremios, para adelantar la estrategia que se adelantará. Según lo explicado a Caracol Radio por el presidente del mencionado gremio, Guillermo Herrera Castaño, la reconstrucción tras el terremoto no durará meses, sino años.
“No será un proceso rápido, no se resolverá en un mes, dos meses, ni seis meses, esto va a tomar varios años”, manifestó el líder gremial.
La financiación de la reconstrucción
Hasta el momento, no es del todo clara la forma en que el Gobierno invertirá recursos para apoyar las labores de reconstrucción de vivienda. Sobre esto hay que recordar que solicitó y recibió el desembolso de un crédito por USD 200.000 millones de parte del Banco Mundial.
Mientras tanto, se ha anticipado el otorgamiento de subsidios de arriendo para los afectados, así como la petición a los bancos para que reduzcan los intereses en los créditos de vivienda.
En este escenario es clave el rol de las aseguradoras. Recientemente, Fasecolda informó que tan solo el 9 % de las viviendas tiene un seguro contra terremotos en Colombia, lo que implica una brecha considerable.
“Existen 2.681.964 inmuebles asegurados, que representan COP 2.582 billones. De estos, 1,65 millones corresponden a viviendas y el resto a bienes comerciales, bodegas, almacenes, entre otros. Solo en viviendas tenemos COP 361 billones en valor asegurado”, explicó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.
Con corte al pasado viernes, el sector asegurador en Colombia ha recibido 10.465 reclamaciones, con un valor preliminar de COP 281.000 millones. La mayoría de estas (más de 9.000) corresponden a bienes inmuebles, el resto está repartido en otros seguros, como los de automóviles, seguros de vida, riesgos laborales y de salud.
Fasecolda recordó que, tras el siniestro, los asegurados cuentan con un plazo de hasta dos años para presentar la reclamación. Una vez esta es formalizada, la aseguradora dispone de un mes para emitir una respuesta. Si supera ese plazo, deberá asumir el pago de intereses moratorios, de acuerdo con las condiciones aplicables al caso.
La federación señaló que está trabajando para hacer que los tiempos de respuesta sean menores y que cuenta con las reservas suficientes para responder a cada asegurado.
La hoja de ruta
Camacol, en alianza con otras agremiaciones, a puesto en marcha una convocatoria que busca consolidar una comisión técnica, la cual estará conformada por profesionales voluntarios para apoyar actividades relacionadas con la evaluación de edificaciones, diagnóstico de daños, remoción de escombros, asistencia técnica y demás labores requeridas durante las etapas de atención y recuperación.
Hasta la fecha, esta iniciativa ha logrado integrar a más de 4.400 personas, de las cuales, varias han viajado a las regiones afectadas.
“Gracias al apoyo de los 30 ingenieros que viajaron de Bogotá al Chocó ya se inspeccionaron 387 edificaciones de los municipios más afectados por el terremoto en este departamento. Además, se avanza en la estructuración de un banco de materiales, que permitirá articular la oferta de productores, industriales, proveedores y constructores con las necesidades que sean priorizadas en los territorios”, señaló el gremio.
Para avanzar en las labores de reconstrucción se ha propuesto una hoja de ruta con cinco acciones:
1. Unificar la metodología y la información sobre hogares y edificaciones afectadas. Se necesita saber exactamente qué pasó, dónde pasó y qué requiere cada hogar: cuáles viviendas pueden repararse, cuáles deben reconstruirse y cuáles obligan a una reubicación. Sin una cifra oficial, única y técnicamente sólida, no se puede estructurar la reconstrucción. Esta información será fundamental para definir prioridades, recursos, metas y mecanismos de intervención.
2. Crear un régimen especial de reconstrucción habitacional. Hay que definir desde ahora las modalidades de atención —reparación, reconstrucción, adquisición o reubicación—, los montos de apoyo y las reglas de concurrencia entre subsidios, seguros, crédito, cajas de compensación, recursos territoriales y capacidad propia de los hogares.
3. Definir quién conduce y quién ejecuta la reconstrucción. La gerencia debe estar claramente articulada con la UNGRD, los ministerios y las entidades territoriales. La experiencia colombiana demuestra que la reconstrucción necesita una conducción reconocible, responsabilidades precisas y capacidad de ejecutar.
4. Organizar territorialmente la reconstrucción. Este no es un desastre concentrado en una sola ciudad. Por eso CAMACOL propone establecer brazos territoriales de reconstrucción, con responsabilidades, metas, cronogramas y mecanismos de seguimiento claramente definidos, que permitan responder a las particularidades y necesidades de cada zona.
5. Definir desde el inicio las modalidades y fuentes de financiación. Determinar las fuentes y mecanismos mediante los cuales concurrirán los recursos del Gobierno Nacional, las entidades territoriales, las aseguradoras, las cajas de compensación, el sector financiero y los hogares, entre otros actores.
Para Camacol, los efectos de la emergencia van más allá de la recuperación física de las viviendas, pues las acciones que se adelanten podrían tener impactos sobre la pobreza, el empleo, la actividad económica y las condiciones de desarrollo de los territorios afectados.
“La reconstrucción debe entenderse como un mecanismo no solo para recuperar las condiciones de habitabilidad, sino también para reactivar las economías locales y contribuir al cierre de brechas regionales”, detalló.
También se puntualizó en la importancia de reconstruir con unas reglas claras y una estructura de ejecución que permita convertir los recursos y las capacidades disponibles en soluciones concretas para las familias afectadas.
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