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La reforma tributaria del Gobierno Petro entra en semana clave: lo que se sabe

Con el Presupuesto de 2026 aprobado en $546,9 billones, la reforma tributaria llega al Congreso con una meta de recaudo menor, sin IVA a los combustibles ni impuesto a la cerveza, pero con aumentos en el impuesto de renta, una sobretasa al sector financiero y nuevos impuestos ambientales que financiarán el plan de gasto del Gobierno para el próximo año.

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18 de noviembre de 2025 - 12:35 a. m.
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La reforma tributaria del Gobierno Petro entra en semana clave en el Congreso. Según le contaron a El Espectador fuentes cercanas al Gobierno, este martes 18 de noviembre se espera que se conozca la ponencia definitiva de la ley de financiamiento (una reforma tributaria en la práctica) con la que el Ejecutivo busca completar los recursos para ejecutar el Presupuesto General de la Nación de 2026.

Inicialmente, el plan era recaudar $26,3 billones a través de esta reforma tributaria, pero tras el acuerdo con las bancadas esa meta se redujo a $16,3 billones, lo que obligó a Hacienda a ajustar el alcance de varios impuestos.

Así llega el proyecto al Congreso

Aunque el texto final aún no se ha hecho público, el Gobierno ha dado señales de que retiró del proyecto algunos de los puntos más sensibles para los hogares, como el aumento del IVA a los combustibles y el impuesto a la cerveza.

En contraste, mantiene como ejes de la propuesta los cambios al impuesto de renta para quienes ganan desde $10,2 millones mensuales, los ajustes al impuesto al patrimonio, la sobretasa al sector financiero y un bloque de tributos ambientales, que serán los que empiecen a medirse en el primer debate de las comisiones económicas de Cámara y Senado.

Cómo se amarró la tributaria al presupuesto

En la versión inicial, el Presupuesto General de la Nación para 2026 se propuso en $556,9 billones e incluía desde el comienzo una ley de financiamiento por $26,3 billones.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, recordó en entrevista con este diario que el debate arrancó en las comisiones conjuntas Terceras y Cuartas de Senado y Cámara, y que el presidente Gustavo Petro citó a los congresistas de esas células económicas para discutir el tamaño del gasto y de la reforma.

Tras varias reuniones en la Casa de Nariño y en el propio Ministerio, Gobierno y Congreso acordaron recortar en $10 billones tanto el monto del presupuesto como la meta de la ley de financiamiento, que pasó de $26,3 a $16,3 billones. “Hubo conciencia por parte de los congresistas de que no era fácil hacer recortes mayores y el Gobierno fue flexible”, dijo Ávila, al describir el proceso como un ejercicio “constructivo, dinámico” que permitió destrabar la aprobación del presupuesto en las plenarias de Cámara y Senado.

El resultado es un presupuesto de $546,9 billones ya aprobado, pero con una salvedad clave: una parte de esos recursos depende de que el Congreso también le dé luz verde a la reforma tributaria recortada. Si la ley de financiamiento no pasa, quedaría un hueco de $16,3 billones en las cuentas de 2026.

Qué se caería de la reforma

Con el tijeretazo de $10 billones al recaudo esperado con la reforma tributaria, el Ministerio de Hacienda decidió sacar de la propuesta algunos de los puntos que más ruido generaban en la opinión pública.

El ministro Ávila explicó que uno de los ajustes principales fue retirar el incremento al IVA de la gasolina.

Ese impuesto, señaló, era el único que generaba una transferencia directa a la canasta familiar, por lo que se optó por suspenderlo en la nueva versión que llegará al Congreso.

“Tuvimos como principio general que la ley de financiamiento no impacte desde ningún punto de vista los artículos fundamentales de la canasta familiar y que sea progresiva, que no toque a los hogares de menores ingresos y concentre el esfuerzo en los ingresos más altos”, afirmó.

Algo similar ocurrió con los llamados impuestos saludables. Aunque el Gobierno esperaba recaudos significativos, decidió suspender el impuesto a la cerveza y concentrarse en mantener los incrementos al IVA sobre el consumo de licores con alto contenido de alcohol.

El ministro también reconoció que el impuesto al consumo para boletas de conciertos o eventos deportivos por encima de $500.000 está en revisión. Con ese umbral, aclaró, quedaban por fuera del impuesto espectáculos como fútbol, cine y teatro, de modo que el gravamen solo aplicaría a ciertos conciertos y su potencial de recaudo sería bajo. Por esa razón, el Gobierno está considerando no tenerlo en cuenta en la versión final.

Lo que el Gobierno mantendría en la tributaria

Si bien el recorte de $10 billones obligó a Hacienda a soltar algunos impuestos, el corazón de la reforma sigue apuntando a las rentas altas, los grandes patrimonios, el sector financiero y los tributos ambientales.

En materia de impuesto de renta para personas naturales, Germán Ávila explicó que el proyecto está “estructurado para que las personas que tengan ingresos superiores a $10,2 millones mensuales hagan el aporte, con un incremento leve en la tarifa, y a medida que van creciendo los ingresos va aumentando significativamente la tributación”. Según el ministro, la idea es que el esfuerzo se concentre en los contribuyentes de ingresos medio-altos y altos, sin tocar a los estratos bajos ni a la mayoría de la clase media.

En impuesto al patrimonio, la propuesta apunta a que quienes tengan patrimonios superiores a $2.000 millones paguen más. “Cuanto más alto sea el patrimonio, mayor será la tarifa”, resumió Ávila. A criterio del Gobierno, los activos de mayor tamaño deben hacer un aporte adicional para apoyar el financiamiento del presupuesto y los programas sociales.

Otro pilar es la sobretasa al sector financiero. “Creemos que el sector financiero debe aportar más a las finanzas del país, sobre todo a los programas sociales que son altamente redistributivos. En los informes recientes se muestra que hay una rentabilidad bastante alta”, afirmó el ministro. Bajo ese argumento, el Gobierno mantiene la idea de que bancos y entidades financieras paguen una tasa efectiva más alta que otros sectores.

A esto se suma un paquete de impuestos ambientales y al consumo de ciertas bebidas, que el Ejecutivo también considera clave. Ávila ha señalado que se conservarán los gravámenes al consumo de licores distintos a la cerveza y que, en el caso del sector minero-energético, los cambios tributarios se justifican como parte de un ajuste a la “realidad mundial”, en la que estos sectores deben transitar hacia formas de producción con menor impacto ambiental y enfrentar una demanda de combustibles fósiles que, en el tiempo, será menor.

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Dora Edima Bernal Perez(tw0d9)19 de noviembre de 2025 - 04:44 a. m.
Subir impuesto de renta a las personas q ganan 10 millones es un adefecio, es imposible progresar con un salario de ese monto y más impuestos. Realmente debe mirarse ingresos muy superiores y de empresas pues todo no puede recargarse a los dependientes q ya por ese valor de ingresos se descuenta un aproximado de 1.5 millones mensuales entre salud, pensión, rete fuente, fondo de solidaridad. Mas no se puede sería buscar q este grupo poblacional desmejore sus actuales condiciones de vida
William Alvarez(41808)18 de noviembre de 2025 - 02:43 p. m.
Demostrado está que los minifundios rinden más por hectárea debido al uso intensivo de la mano de obra familiar y la necesidad de maximizar cooperativamente el uso de los recursos disponibles, mientras que el terratenientismo colombiano es improductivo, debido a que se trata de la más eficaz trinchera de dominio regional para perpetuar sistema de castas, caciquismo, clientelismo y compra de votos. He ahí la clave del más prolongado, nefasto y tenebroso régimen feudalconservador del mundo.
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