La tensión entre gasto e impactos sociales en la reforma tributaria

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Con la propuesta de la reforma tributaria por fin sobre la mesa, comienzan a emerger críticas, alertas y posibilidades de mejora. Normal.

El balón ahora pasa, en buena medida, al Congreso. Según conoció este diario, el debate debería empezar la próxima semana en las comisiones económicas de Cámara y Senado, pues el proyecto lleva mensaje de urgencia emitido por el presidente Iván Duque. El senador Fernando Nicolás Araújo, del Centro Democrático, fue escogido como el coordinador ponente de la iniciativa.

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Más allá de la discusión, que lleva todos los abismos asociados a discutir un proyecto de esta envergadura en año preelectoral, la reforma representa cuál es la visión del Gobierno para impulsar la economía fuera de la órbita de la crisis inducida por la pandemia. Esto por un lado. Por el otro, también sirve como vehículo para entender cuál es la visión de país que tiene la administración Duque.

Bajo esta perspectiva resaltan dos elementos, que ya han comenzado a ser objeto de análisis. El primero es la ambiciosa agenda de gasto social del Gobierno. El segundo son las posibilidades, aún no exploradas, de cómo poner a los más ricos en el renglón más privilegiado de la sociedad a contribuir más. Transversal a todo esto se encuentra la palabra solidaridad, con la cual el Ministerio de Hacienda se encuentra mercadeando el proyecto entre la opinión pública. La idea, al final del proceso, es ver qué tanto de esta queda en el proyecto final.

Sobre lo primero parece haber un cierto consenso entre analistas en la necesidad de elaborar un programa de gasto social como el que esboza la tributaria. Se trata de invertir casi $6,5 billones en la expansión de la compensación del IVA e Ingreso Solidario. Para el caso de este último programa, el impulso que recibiría con el proyecto lo llevaría a ser complementario a los programas que ya existen hoy (como Familias y Jóvenes en Acción), además de ser permanente; solo esta pieza del engranaje vale $4,6 billones.

A ojos de algunos analistas, si se corona la meta de Ingreso Solidario, este sería el programa de transferencias monetarias más grande en la historia del país. Y esto no es poca cosa.

Tampoco lo son los efectos que esta iniciativa, sumada a los otros programas y subsidios de servicios que ya existen, tendría en el panorama social del país. “Con este proyecto de ley pasaríamos de un coeficiente GINI de 53,1 a uno de 43,7 en 2030. Esta reducción de desigualdad es significativa e implicaría que Colombia dejaría de ser el segundo país con más desigualdad de América Latina (y uno de los líderes mundiales) y se volvería de los países con baja desigualdad de la región, más cercano a Uruguay y Argentina que a Brasil y Panamá”, explica María Fernanda Valdés, Ph.D en economía y coordinadora para la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia.

“La reforma es urgente por razones de estabilidad fiscal, pero sobre todo porque la pobreza es una situación socialmente inadmisible, y en 2020 pudo incrementarse como nunca en la historia de un año a otro”, escribió en Twitter Roberto Angulo, uno de los economistas que más ha estudiado la pobreza en el país y fundador de la firma Inclusión. Y añade: “Pretender patear el balón y esperar un ‘momento adecuado’ es no ver eso”.

Desde distintas esquinas se ha insistido en la necesidad de implementar la reforma por las preocupaciones fiscales del país: para este año la deuda consolidada proyectada llegará al 66,9 % del PIB, según cifras del Plan Financiero presentado por el Gobierno en marzo de este año.

A esto se suman las preocupaciones sociales por el impacto de la pandemia. De acuerdo con la Cepal, en 2019, la pobreza llegó en Latinoamérica al 30,5 %. En 2020, con transferencias monetarias de los Estados a sus poblaciones más golpeadas por la pandemia, este porcentaje subió al 33,7 %. Y sin estos programas, este porcentaje hubiera subido al 37,2 %.

Y a la par de todo esto se ha insistido en que hay que revisar las exenciones y beneficios que tiene el sistema tributario en Colombia. La reforma se encamina a proveer recursos para solucionar estas problemáticas. Y hasta ahí bien.

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Lo que alarma a algunos analistas es que buena parte de la solidaridad se busca entre sectores de la población que, en la práctica, distan mucho de ser los más privilegiados. Si bien en el papel el proyecto se centra en los renglones de la sociedad que componen las llamadas clases media y alta, “hay que resaltar que, diferente a las clases medias norteamericanas o europeas, las clases medias colombianas son clases con muy poca capacidad de pago”, argumenta Valdés, quien afirma que la mayoría de ciudadanos en este segmento ganan menos del salario mínimo.

Y esto podría traer problemas, pues se está hablando de personas que son motor del consumo, factor fundamental detrás de la recuperación económica del país, por un lado.

Por el otro, como lo explica Diego Guevara, profesor de la Escuela de Economía de la U. Nacional, lo peligroso acá es que se podrían debilitar segmentos de la población que no se encuentran en la mejor situación, y esto termina siendo contraproducente de cara a la agenda social de la propia reforma, que pretende trabajar en equidad.

Entonces, gasto social sí, definitivamente sí. ¿Cómo? Varios académicos señalan que hay aún trabajo por hacer para recaudar más entre quienes más tienen, y que podrían ajustar mejor los impactos sin deslizarse hacia la vulnerabilidad económica o tener problemas para pagar las cuentas a final de mes.

Para Marc Hofstetter, economista y columnista de este diario, “el país con las reglas de juego que propone el proyecto es mejor que el de las reglas actuales”, escribió en su cuenta de Twitter. Pero también considera en el impuesto a los dividendos “la tasa (…) vuelve a subir al 15 % luego de que en la ronda pasada el Gobierno la bajara al 10 %. Pero a cambio de eso, el monto a partir del cual se cobra esa tasa más que se duplica”.

A su vez, Leopoldo Fergusson, director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, aseguró a través de Twitter que “IVA más compensación e ingreso solidario ayudarán a los más pobres. Pero faltó énfasis en más solidaridad de la otra punta de la distribución, dado que amplias capas pagarían más”. También explicó que el impuesto al patrimonio debería empezar en los $3.000 millones y criticó que en la reforma hay “poco sobre rentas no laborales, ganancia ocasional, venta de acciones, rentas de capital, etc. La Comisión (de expertos) fue clara en preocupación: estos son los ingresos de los ricos entre los ricos y tenemos una mezcla nefasta de tasas bajas y trucos disponibles para abusar de descuentos”.

De lo que suceda en el Congreso dependerá, entonces, si esta será una reforma con un amplio margen de solidaridad entre todos o de solidaridad con el statu quo en el sistema tributario colombiano.