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Fedesarrollo presentó este martes un informe solicitado por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) sobre el aporte que hacen las concesiones en infraestructura de transporte, mediante las Asociaciones Público Privadas (APP), a la economía colombiana.
Las ventajas de las APP
El análisis destaca las ventajas de la inversión en infraestructura de transporte, en cuanto a crecimiento económico, pero también para el bienestar y la integración del territorio. Las APP, que surgieron en los años noventa para atraer capital privado a la financiación de proyectos, han permitido, según Fedesarrollo, disminuir los sobrecostos por medio de una asignación de riesgos más eficiente bajo el incentivo de pago por disponibilidad y desempeño.
Con las APP se han construido 10.000 kilómetros de vías primarias en Colombia. Los cálculos del centro de investigación señalan que por cada incremento de la inversión en infraestructura del 0,7 % del PIB en promedio anual por los próximos 10 años, la tasa de crecimiento económico aumentaría 1 %. Lo anterior implicará una reducción de 0,8 % en la tasa de desempleo y de 0,6 % en la tasa de pobreza.
Además, la inversión en sectores asociados también implica beneficios. Por ejemplo, cada peso invertido en obras civiles se traduce en $2,25 en la producción nacional, $2,46 en salarios y $4,90 en impuestos.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, explicó que analizaron la inversión en infraestructura de transporte en más de un siglo. En el siglo XX, la inversión promedio representó 1 % del PIB, la cifra se incrementó a 1,5 % en lo corrido de este siglo, el pico más alto se registró en 2012 (2,4 %). El aumento se debe, en gran medida, a la inversión privada, la cual se enfocó en un 90 % en el modo carretero.
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Los riesgos
De acuerdo con Fedesarrollo, los avances y aportes de la inversión privada en APP se podrían limitar por la incertidumbre que generan “las señales y medidas que el Gobierno ha tomado en meses recientes”.
El informe señala que las políticas y decisiones “reflejan la intención de cambiar las reglas del juego en APP”, de ahí la incertidumbre sobre el futuro de la planificación del transporte.
Dicha incertidumbre, según el análisis, podría retrasar las obras. En promedio, el impacto en el crecimiento del PIB a largo plazo sería de 0,5 %. En este escenario se presentarían costos para el fisco, teniendo en cuenta que 11 APP de iniciativa privada dependen exclusivamente del cobro de peajes.
El ejemplo más sonado es la congelación de las tarifas de los peajes que hizo el Gobierno por medio del decreto 050 de enero de 2023. Una decisión cuestionada por la CCI. Los cálculos de Fedesarrollo indican que esta medida podría generar una contingencia fiscal.
A Fedesarrollo le preocupa que el próximo año el Gobierno tendría que subir aproximadamente un 23 % los peajes, la suma de lo que se dejó de subir en 2023 y el valor correspondiente al aumento de 2024 (suponiendo una inflación anual de 8,5 %).
“Este incremento de dos años en un solo año para actualizar los valores tiene poca viabilidad política. Si los peajes subieran solo 8,5 % en 2024, y de ahí en adelante solo en el porcentaje anual de indexación, sin corregir el descalce del 13 % de 2023, se arrastraría un déficit permanente a favor de los concesionarios, del orden de $13,8 billones hasta el año 2040″, dice el informe.
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Es decir, si no se hace el ajuste del aumento correspondiente a 2023, el país le debería $13,8 billones a los concesionarios para 2040.
Al respecto, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que el Gobierno no ha pensado en mantener permanentemente la congelación en las tarifas.
“Tomamos la decisión por la coyuntura económica del país, el presidente consideró oportuno no incrementar las tarifas y determinó que ese no incremento se financiaría con recursos de presupuesto mientras se da el recaudo de otras fuentes, como la valorización”, dijo Reyes. Y agregó que al final del año se decidirá el futuro de los incrementos, pero que, de todas formas, “el Estado responderá por lo que está en los contratos”.
Fedesarrollo sostiene que las concesiones con APP “exigen profundizar la estabilidad institucional y jurídica” que el país ha construido en las últimas dos décadas.
El centro de investigación advierte que desmantelar el modelo implica reducir la infraestructura de transporte de buena calidad, teniendo en cuenta que en el corto plazo no hay espacio fiscal para construir los proyectos por medio de obras públicas. En ese orden de ideas, el informe concluye que si desaparecen las APP, aumentarían los costos generalizados de transporte, se reduciría la velocidad de crecimiento del PIB y aumentaría la pobreza.
Las respuestas del Ministerio de Transporte
“Las APP siguen siendo una prioridad para el sector. No hemos parado ningún proyecto 4G y 5G, por el contrario, ratificamos nuestro reconocimiento a la importancia y están priorizados en el Plan de Desarrollo”, aseguró el ministro.
Agregó que con obras por valorización, una herramienta incluida en el Plan de Desarrollo, se recaudarán recursos para más proyectos, pero que, además, “subirá en 0,2 % el techo del marco fiscal de mediano plazo del sector”.
Reyes también se refirió a las tres decisiones en tribunales de arbitramento que, asegura, demuestran una defensa contundente por parte del Estado.
“En la decisión en el caso del Puente Pumarejo, una demanda de Sacyr por más de $140.000 millones, el laudo arbitral favoreció al Invías. La segunda es Mulaló-Loboguerrero, cerca de $800.000 millones están de por medio, la primera etapa salió a favor de la ANI. Y ayer, en una decisión histórica se recuperaron 20 millones de dólares que estaban comprometidos por una demanda de la Sociedad portuaria por el tema del calado”.
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