Las veces que se intentó regular a Uber en Colombia

La cuenta regresiva para que Uber deje de funcionar en Colombia sigue corriendo. La primera ciudad en apagarse será Barranquilla, desde este 16 de enero, y el resto del país, según lo anunciado hasta ahora, lo hará el 1° de febrero.

Mientras tanto, un amplio sector del país está a la expectativa del proyecto de ley que se tramite en el Congreso para cambiar las reglas de juego en el transporte, pues es ahí donde está la “nuez” del problema. Uber podría operar en el país si se constituyera como empresa de transporte, pero Uber siempre ha insistido en ser una empresa tecnológica.  Para encontrar un “punto medio”, por llamarlo de alguna forma, sería necesario reformar las leyes actuales, formuladas a finales del siglo pasado, que contienen una serie de habilitaciones para transportar pasajeros.

De realizarse, sin embargo, el esfuerzo no sería algo nuevo, pues en el país por los menos cinco veces se ha intentado tramitar un proyecto de ley para actualizar las normas del transporte a la luz de las nuevas tecnologías. Sin éxito.

En 2014, el senador Andrés García Zuccardi (partido de La U) radicó un proyecto de ley en el que se hablaba de un nivel de transporte de lujo, que, según él, fue construido después de escuchar la voz de Uber, pero también de los taxistas. El proyecto fue retirado con la expectativa de ahondar en las discusiones y contar con el respaldo del Gobierno, pero este último finalmente resolvió el asunto expidiendo el decreto de taxis de lujo, que, después de cinco años, aún no se han implementado y no lo harán en el corto plazo, pues este gobierno ha anunciado una actualización a las normas que rigen el servicio de taxis en el país. 

Luego, en 2015, senadores y representantes de los partidos Cambio Radical, Liberal, de la U y Conservador radicaron una iniciativa para crear el “servicio privado de transporte” a través de plataformas tecnológicas, un proyecto que Uber apoyó y vio con los mejores ojos, pues proponía prácticamente la misma figura con la que se reglamentó el asunto en Ciudad de México. Contemplaba el funcionamiento de “empresas de redes de transporte”, que estarían habilitadas ante el Ministerio y que operarían con plataformas tecnológicas propias o de terceros. Cada viaje habría dejado una contribución para sacar adelante un fondo de “infraestructura y movilidad”. Tampoco prosperó.

En 2016, el entonces representante Rodrigo Lara presentó un proyecto para poner orden al estatus laboral de las personas que generan ingresos con plataformas. El parlamentario proponía crear una categoría de trabajador autónomo económicamente dependiente, una mezcla entre los empleados con vínculo directo con la empresa y los contratistas. El proyecto fue archivado.

A partir de los hechos recientes (el fallo contra Uber y su anunciada salida del país), Lara ha manifestado públicamente que “Uber se ha opuesto con patas y manos a cualquier intento de regulación. Les sirve la zona gris en la que se encuentran: no pagan impuesto de renta, salud ni pensiones de sus empleados. A muchos nos gustan las plataformas de transporte, pero eso no exime de cumplir la ley”.

Luego, en 2017, Uber promovió la recolección de firmas para demostrar el apoyo que decía tener por parte del público y que el asunto llegara a debatirse en el Congreso. Se recogieron más de tres millones de firmas, por lo que la plataforma aún hoy afirma que fue la “segunda iniciativa popular más grande la historia después de la Consulta Anticorrupción”.  Dicho proyecto, paradójicamente en su momento recibió concepto favorable de Superintendencia de Industria y Comercio, la misma entidad que el 20 de diciembre pasado falló ordenando suspender las operaciones de la plataforma en el país (como consecuencia de una demanda puesta por Cotech (Taxis Libres) en contra de Uber específicamente). La iniciativa legislativa, que finalmente también fracasó, fue considerada inviable por otras autoridades como la Superintendencia de Transporte.

Por último, se puede contar la propuesta del representante Mauricio Toro (Alianza Verde), que aguarda su primer debate en el Congreso de la República. Esta iniciativa retoma la figura del “servicio privado de transporte intermediado por plataformas digitales”. Como ha explicado Toro, con el proyecto se busca exigir “el pago de impuestos en Colombia y la contratación de seguros similares a los exigidos a los taxistas. Igualmente, incluye actualizar las normas de taxis, eliminar la regulación de cupos, compensándolos con un fondo alimentado por el 1% de la facturación de las plataformas, y permitiendo tarifa dinámica para los taxis que acojan tecnologías en vez de taxímetros análogos”.

Esta semana, pocos días después de que Uber anunciara que cesará sus operaciones desde el 1° de febrero y el revuelo que eso generó, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, afirmó que el gobierno “trabajará” con el Congreso (que retoma labores en marzo). En específico, sobre el proyecto de Toro y otros parlamentarios, dijo que buscará dar recomendaciones “pertinentes” para garantizar la seguridad de los usuarios y que haya reglas de juego equivalentes para todos los actores.

Sobre eso, Uber afirmó: “La opción planteada por el gobierno nacional si bien es un primer esfuerzo para reglamentar, no es una #SoluciónParaUberYa, pues esta propuesta legislativa tomaría como mínimo tres meses, según la citada propuesta, y sobrepasaría por mucho el plazo anunciado por la app de Uber para dejar de funcionar en Colombia, conforme a la obligación de acatar el fallo de la SIC, el próximo 31 de enero”.

Le puede interesar: Denuncian a directivos de Uber por “artimañas” para evadir sentencia de la SIC

Otra de las plataformas que operan en el país, Beat, manifestó: “la situación actual es desafortunada, pero creemos que naturalmente acelerará las discusiones con los actores relevantes. Corroboramos nuestra continua disposición de aportar con nuestro conocimiento a crear unas reglas de juego claras para todos”.

La española Cabify, por otro lado, dijo recibir los anuncios “con entusiasmo y aplaudimos la iniciativa del Gobierno Nacional de respaldar un proyecto de regulación para el servicio de transporte de pasajeros intermediado por plataformas”.

Lea más sobre la trayectoria de Uber en el país y detalles sobre su cese de operaciones: Uber: el viaje terminó

La cuenta regresiva para que Uber deje de funcionar en Colombia sigue corriendo. La primera ciudad en apagarse será Barranquilla, desde este 16 de enero, y el resto del país, según lo anunciado hasta ahora, lo hará el 1° de febrero.

Mientras tanto, un amplio sector del país está a la expectativa del proyecto de ley que se tramite en el Congreso para cambiar las reglas de juego en el transporte, pues es ahí donde está la “nuez” del problema. Uber podría operar en el país si se constituyera como empresa de transporte, pero Uber siempre ha insistido en ser una empresa tecnológica.  Para encontrar un “punto medio”, por llamarlo de alguna forma, sería necesario reformar las leyes actuales, formuladas a finales del siglo pasado, que contienen una serie de habilitaciones para transportar pasajeros.

De realizarse, sin embargo, el esfuerzo no sería algo nuevo, pues en el país por los menos cinco veces se ha intentado tramitar un proyecto de ley para actualizar las normas del transporte a la luz de las nuevas tecnologías. Sin éxito.

En 2014, el senador Andrés García Zuccardi (partido de La U) radicó un proyecto de ley en el que se hablaba de un nivel de transporte de lujo, que, según él, fue construido después de escuchar la voz de Uber, pero también de los taxistas. El proyecto fue retirado con la expectativa de ahondar en las discusiones y contar con el respaldo del Gobierno, pero este último finalmente resolvió el asunto expidiendo el decreto de taxis de lujo, que, después de cinco años, aún no se han implementado y no lo harán en el corto plazo, pues este gobierno ha anunciado una actualización a las normas que rigen el servicio de taxis en el país. 

Luego, en 2015, senadores y representantes de los partidos Cambio Radical, Liberal, de la U y Conservador radicaron una iniciativa para crear el “servicio privado de transporte” a través de plataformas tecnológicas, un proyecto que Uber apoyó y vio con los mejores ojos, pues proponía prácticamente la misma figura con la que se reglamentó el asunto en Ciudad de México. Contemplaba el funcionamiento de “empresas de redes de transporte”, que estarían habilitadas ante el Ministerio y que operarían con plataformas tecnológicas propias o de terceros. Cada viaje habría dejado una contribución para sacar adelante un fondo de “infraestructura y movilidad”. Tampoco prosperó.

En 2016, el entonces representante Rodrigo Lara presentó un proyecto para poner orden al estatus laboral de las personas que generan ingresos con plataformas. El parlamentario proponía crear una categoría de trabajador autónomo económicamente dependiente, una mezcla entre los empleados con vínculo directo con la empresa y los contratistas. El proyecto fue archivado.

A partir de los hechos recientes (el fallo contra Uber y su anunciada salida del país), Lara ha manifestado públicamente que “Uber se ha opuesto con patas y manos a cualquier intento de regulación. Les sirve la zona gris en la que se encuentran: no pagan impuesto de renta, salud ni pensiones de sus empleados. A muchos nos gustan las plataformas de transporte, pero eso no exime de cumplir la ley”.

Luego, en 2017, Uber promovió la recolección de firmas para demostrar el apoyo que decía tener por parte del público y que el asunto llegara a debatirse en el Congreso. Se recogieron más de tres millones de firmas, por lo que la plataforma aún hoy afirma que fue la “segunda iniciativa popular más grande la historia después de la Consulta Anticorrupción”.  Dicho proyecto, paradójicamente en su momento recibió concepto favorable de Superintendencia de Industria y Comercio, la misma entidad que el 20 de diciembre pasado falló ordenando suspender las operaciones de la plataforma en el país (como consecuencia de una demanda puesta por Cotech (Taxis Libres) en contra de Uber específicamente). La iniciativa legislativa, que finalmente también fracasó, fue considerada inviable por otras autoridades como la Superintendencia de Transporte.

Por último, se puede contar la propuesta del representante Mauricio Toro (Alianza Verde), que aguarda su primer debate en el Congreso de la República. Esta iniciativa retoma la figura del “servicio privado de transporte intermediado por plataformas digitales”. Como ha explicado Toro, con el proyecto se busca exigir “el pago de impuestos en Colombia y la contratación de seguros similares a los exigidos a los taxistas. Igualmente, incluye actualizar las normas de taxis, eliminar la regulación de cupos, compensándolos con un fondo alimentado por el 1% de la facturación de las plataformas, y permitiendo tarifa dinámica para los taxis que acojan tecnologías en vez de taxímetros análogos”.

Esta semana, pocos días después de que Uber anunciara que cesará sus operaciones desde el 1° de febrero y el revuelo que eso generó, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, afirmó que el gobierno “trabajará” con el Congreso (que retoma labores en marzo). En específico, sobre el proyecto de Toro y otros parlamentarios, dijo que buscará dar recomendaciones “pertinentes” para garantizar la seguridad de los usuarios y que haya reglas de juego equivalentes para todos los actores.

Sobre eso, Uber afirmó: “La opción planteada por el gobierno nacional si bien es un primer esfuerzo para reglamentar, no es una #SoluciónParaUberYa, pues esta propuesta legislativa tomaría como mínimo tres meses, según la citada propuesta, y sobrepasaría por mucho el plazo anunciado por la app de Uber para dejar de funcionar en Colombia, conforme a la obligación de acatar el fallo de la SIC, el próximo 31 de enero”.

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Otra de las plataformas que operan en el país, Beat, manifestó: “la situación actual es desafortunada, pero creemos que naturalmente acelerará las discusiones con los actores relevantes. Corroboramos nuestra continua disposición de aportar con nuestro conocimiento a crear unas reglas de juego claras para todos”.

La española Cabify, por otro lado, dijo recibir los anuncios “con entusiasmo y aplaudimos la iniciativa del Gobierno Nacional de respaldar un proyecto de regulación para el servicio de transporte de pasajeros intermediado por plataformas”.

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