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Mientras los aranceles del 50 % a productos colombianos ya rigen en Ecuador desde el 1 de marzo, el sector empresarial de ambos países decidió intervenir públicamente para intentar frenar una escalada que en poco más de un mes pasó de la seguridad fronteriza a una confrontación comercial abierta.
Este lunes 2 de marzo, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) fijaron una postura conjunta frente a las recientes medidas adoptadas por los gobiernos de Bogotá y Quito, en medio de un conflicto que ya involucra aranceles recíprocos, restricciones logísticas, energía eléctrica, transporte de crudo y demandas ante la Comunidad Andina (CAN).
“No se trata de quién tiene la razón”, dijo Juan Carlos Navarro, vocero del Comité Empresarial Ecuatoriano; insistió en que el debate no debe centrarse en la asignación de culpas, sino en el impacto real de las decisiones.
“Creemos, con firmeza, que la estabilidad económica es parte esencial de esa estabilidad. No estamos para asignar responsabilidades”, afirmó. Para Navarro, las medidas se traducen en inversiones detenidas y empleos en riesgo. Y advirtió que el impacto actual aún no refleja el efecto estructural que podría sentirse en los próximos meses.
El CEE manifestó disposición para colaborar técnicamente con las autoridades y aportar información basada en datos que permita tomar decisiones con menor costo para los ciudadanos.
Desde Bogotá, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, explicó que existe una gran cantidad de industrias diseñadas para suplir el mercado ecuatoriano y que, en algunos casos, más del 70 % de la producción de ciertas empresas colombianas se vende en ese país.
“Conocemos el caso de empresas que pueden perder completamente su viabilidad”, advirtió. Subrayó que el rol empresarial es técnico, no político. “No estamos en el ámbito de la política internacional”, dijo, pero expresó preocupación por la sucesión de medidas adoptadas desde finales de enero, que, a su juicio, han escalado el problema.
“No tiene ningún sentido que ambos países acudan a restricciones al comercio, que no son otra cosa que restricciones al trabajo y al consumidor”, afirmó. De mantenerse la medida, agregó, podría haber efectos en inflación y desviación del comercio hacia terceros jugadores, “seguramente del lejano Oriente”.
Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), endureció el llamado. “Se han hecho compromisos, pero no se han cumplido”, señaló, al referirse a la cooperación en seguridad fronteriza.
Su énfasis estuvo en el comercio legal. “Debe defenderse el comercio formal. Los dos países lo estamos maltratando al restringirlo”. Díaz pidió que el presidente Daniel Noboa defina con precisión qué acciones concretas espera de Colombia en materia de seguridad.
María Elena Ospina, presidenta de Acopi, puso el foco en la estructura empresarial colombiana. Recordó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99,7 % del tejido productivo y generan más del 80 % del empleo formal.
“La mipyme es la más afectada con esta medida arancelaria”, afirmó. Dentro de las cerca de 2.400 empresas que exportan al mercado ecuatoriano, entre el 65 % y el 75 % serían mipymes. Para muchas, la interrupción súbita del flujo comercial implica inventarios detenidos, flujos de caja comprometidos y empleos en riesgo. “Que no sea el sector productivo el que tenga que pagar por malas decisiones políticas”.
Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, puso cifras al impacto inmediato. Entre el 1 y el 28 de febrero, las importaciones desde Colombia cayeron 69 % en valor y 61 % en número de operaciones. Más de 7.600 importadores se han visto afectados; cerca de la mitad son personas naturales.
“Al incrementarse los costos de importación, se abre la puerta al mercado ilegal”, advirtió. El golpe no es solo estadístico. “Se castiga a las empresas formales”, insistió, y con ellas a los consumidores, que deben pagar precios más altos por bienes que antes ingresaban con arancel cero.
El impacto macroeconómico también entró en la discusión. María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, sostuvo que por cada dólar de recaudación se perderían seis dólares de importación formal.
“El efecto en el PIB puede ser, al menos, de un punto”, dijo. Detrás de esa cifra hay una cadena productiva que involucra 2.700 empresas ecuatorianas y alrededor de 200.000 empleos relacionados. Sumando ambos lados de la frontera, los gremios estiman que cerca de 6.000 empresas podrían estar en riesgo.
En conjunto, los empresarios coinciden en algo esencial: el comercio bilateral no es marginal ni fácilmente sustituible en el corto plazo. Es una red de cadenas productivas, transporte terrestre, logística portuaria, insumos industriales y bienes de consumo que se construyó durante décadas bajo el marco de la Comunidad Andina.
Lo que comenzó como una medida vinculada a la seguridad hoy impacta transporte de carga, petróleo, electricidad, manufactura y empleo formal.
De la seguridad al arancel del 50 %
El conflicto no nació como una disputa comercial clásica. No surgió por subsidios ni por dumping. Se originó como una decisión asociada a la seguridad fronteriza y terminó convertido en una confrontación arancelaria.
El 21 de enero de 2026, el gobierno ecuatoriano anunció un arancel general del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia. El presidente Daniel Noboa justificó la decisión en la necesidad de fortalecer la seguridad en la frontera y combatir el crimen organizado.
Hasta entonces, la mayoría de productos intercambiados ingresaban con arancel cero bajo el esquema andino. La decisión alteró de inmediato las condiciones de acceso al mercado.
Según cálculos incluidos en el Decreto 0170 del Ministerio de Comercio colombiano, un arancel de ese nivel podría provocar una caída de hasta 97 % en ciertas exportaciones, equivalente a más de USD 1.800 millones.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), afirmó que, tras los aranceles, el contrabando en la frontera habría aumentado 52 % en los dos últimos meses.
La respuesta colombiana fue inmediata. Además de imponer un arancel del 30 % a productos ecuatorianos, el Gobierno suspendió transacciones internacionales de electricidad con Ecuador y formalizó las medidas mediante el Decreto 0170, que incluyó 23 partidas arancelarias desagregadas en 73 subpartidas.
El conflicto avanzó hacia el terreno logístico, con restricciones al ingreso de mercancías por pasos como Ipiales y Puerto Asís.
En paralelo, Ecuador incrementó en más de 900 % la tarifa para transportar crudo colombiano a través de su sistema de oleoductos. El costo por barril pasó de cerca de USD 3 a más de USD 30. Por esa infraestructura se movilizan en promedio 13.250 barriles diarios.
La disputa también escaló al plano jurídico. Colombia acudió a la Comunidad Andina al considerar que la medida vulnera el Acuerdo de Cartagena. Ecuador presentó reclamos formales en respuesta.
El 26 de febrero, los órganos del Sistema Andino de Integración expresaron “profunda preocupación” y llamaron a los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa a encontrar una salida negociada.
Ese mismo día, Quito anunció el salto del 30 % al 50 %, vigente desde el 1 de marzo, invocando nuevamente criterios de seguridad nacional y señalando que Colombia no habría adoptado medidas “concretas y efectivas” en la frontera.
El incremento endureció la medida inicial y encareció sustancialmente el acceso de productos colombianos al mercado ecuatoriano, en un momento en que el caso ya estaba en análisis dentro de la Comunidad Andina.
La dimensión del conflicto se explica por el nivel de integración económica entre ambos países. En 2025, Colombia exportó USD 1.846 millones a Ecuador, que fue su sexto comprador y el segundo destino de bienes no minero-energéticos. Más de 2.800 empresas colombianas venden a ese mercado en más de 3.000 subpartidas arancelarias.
Ecuador, por su parte, exportó alrededor de USD 857 millones a Colombia. La balanza comercial ha sido históricamente favorable para Colombia.
El comercio se concentra en manufacturas, alimentos procesados, insumos industriales y bienes de consumo, con fuerte participación del transporte terrestre a través del corredor Ipiales–Tulcán.
El Consejo Gremial Nacional estimó que, con un arancel del 30 %, las pérdidas anuales para exportadores colombianos podrían ubicarse entre USD 250 millones y USD 750 millones. Con el aumento al 50 %, el impacto podría ser mayor, ya que se golpearía el 82 % del comercio binacional.
La profesora Laura Cecilia Gamarra, experta en Derecho Internacional, ha señalado que las consecuencias más severas serían económicas, dado que el comercio bilateral supera los USD 2.700 millones anuales y se acerca a los USD 3.000 millones.
Los gremios instan a un diálogo transparente y técnico entre ambos países y, en el caso de Ecuador, definir de manera específica qué quiere del país. Subrayan que el asunto es una decisión política que podría cambiar en cualquier momento.
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