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La reforma pensional del presidente Gustavo Petro obtuvo este martes su mayor impulso, hasta el momento, al ser aprobada por la plenaria del Senado. Esto implica que la iniciativa ya superó dos de los cuatro debates que debe tener para convertirse en ley.
Si bien es una victoria para el Gobierno, el proyecto aún debe surtir el mismo proceso en la Cámara de Representantes: discusión en comisión (la séptima) y plenaria. Y todo debe suceder antes del 20 de junio (esto sin contar con las sesiones extras del Congreso) o la reforma terminaría por hundirse.
Sin embargo, el trámite en la Cámara, se espera, debe ser algo más ágil. La reforma fue radicada el 22 de marzo del año pasado, tuvo ponencia casi dos meses después (finales de mayo) y fue aprobada en la Comisión Séptima del Senado a mediados de junio de 2023.
La discusión en la plenaria Senado se tomó cuatro sesiones para aprobar los artículos, luego de más de cinco debates en los que se desecharon las ponencias negativas y alternativas, así como una serie de impedimentos, entre otros asuntos.
En otras palabras: la reforma tiene tiempos estrechos para ser una realidad.
Durante la discusión de este martes se incluyó un artículo nuevo sobre el trato diferencial para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palanqueras y campesinados. Todas las menciones específicas a un número de años o semanas que se exigen como requisito para un beneficio deberá ajustarse a la baja para estas comunidades, considerando la menor expectativa de vida.
El umbral de cotización en Colpensiones (que pasó de tres salarios mínimos a 2,3 salarios), la administración del fondo de ahorro (que estará en manos del Banco de la República y no de Colpensiones) y la vigencia del proyecto (que ahora será julio de 2025) fueron los puntos más álgidos de esta discusión, que estuvo marcada por los desencuentros entre el Pacto Histórico y la oposición y por las estrategias para intentar desarmar el quórum hasta último minuto.
¿Cómo quedó la reforma a su paso por el Senado?
La propuesta incluye un sistema de cuatro pilares (solidario, semicontributuvo, contributivo y de ahorro voluntario) que busca acabar con la competencia entre Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En general, la plenaria del Senado mantuvo la arquitectura planteada en la ponencia oficial, pero con algunos cambios, la mayoría avalados por el Gobierno.
En el pilar solidario, que contempla una renta básica que corresponderá como mínimo a la línea de pobreza extrema (cerca de $223.000), entrarán las personas mayores en condición de pobreza que no logren tener una pensión (a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres). El Senado incluyó en este pilar a las mujeres mayores de 50 años y los hombres mayores de 55 años con discapacidad, que tengan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 % y que no cuenten con recursos; cuidadores de personas en condición de discapacidad que por su trabajo no cuentan con ingresos; pertenecientes a pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y a las comunidades campesinas que cumplan ciertos criterios.
Del pilar semicontributivo se beneficiarían las personas (en los mismos rangos de edad del solidario) que cotizaron entre 300 y menos de 1.000 semanas. En el sistema actual, a quienes no cumplen los requisitos de semanas se les devuelve lo que cotizaron (en el caso de Colpensiones, sin intereses), pero con la reforma ese dinero se convertiría en una renta vitalicia. La plenaria del Senado cambio la fórmula para calcular las rentas de quienes no son beneficiarias del pilar solidario, pasando de un subsidio de 15 %, a uno de 20 % para los hombres y de 30 % para las mujeres.
El punto más álgido de la discusión, y el que el Gobierno tuvo que concertar para tener los votos del Partido Liberal y de La U, fue el umbral del pilar contributivo. La ponencia establecía que todos los afiliados cotizarían a Colpensiones hasta tres salarios mínimos y de ahí en adelante en alguno de los fondos privados, una propuesta polémica porque según expertos y gremios esto no es sostenible a largo plazo.
Si bien buena parte de los analistas recomendaban bajar el umbral a uno o 1,5 salarios mínimos, finalmente se aprobó en el Senado un umbral de 2,3 salarios.
El fondo de ahorro
La plenaria hizo un cambio fundamental en el fondo de ahorro para el pilar contributivo que crea la reforma, clave para la sostenibilidad del sistema, pues guardará e invertirá las cotizaciones. Inicialmente, el Gobierno proponía que Colpensiones administrara el fondo, pero se cuestionaron las capacidades técnicas, la gobernabilidad e independencia de la entidad para asumir tal función.
El Senado incluyó un artículo nuevo que especifica las características y las funciones del nuevo fondo, que ahora estará en manos del Banco de la República. Este es el punto más concertado de la reforma porque contó con la firma de todos los partidos políticos.
El fondo contará con un comité directivo conformado por el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, el director del Departamento Nacional de Planeación, cuatro expertos seleccionados por la junta directiva del Banco de la República (cada uno tendrá un periodo de cinco años y podrá ser reelegido una vez) y por el presidente de Colpensiones que tendrá voz, pero no voto. Ese comité estará encargado de aprobar, entre otras cosas, la política de administración de los recursos.
La senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, explicó que los senadores analizaron el diseño institucional de Colpensiones, de la Fiduprevisora y del Fondo Nacional del Ahorro y finalmente se inclinaron por el Banco de la República. Frente a las dudas acerca de la constitucionalidad de este mercanismo, sostuvo que existen tres leyes que han creado fondos que maneja el Banco Central y que todas han sido exequibles.
Vigencia de la iniciativa y régimen de transición
En la sesión de este martes se aprobó el régimen de transición que, básicamente, define quiénes estarán en el nuevo sistema y quiénes no.
Se estableció que las mujeres que hayan cotizado menos de 750 semanas serán cobijadas por la reforma, así como los hombres con menos de 900 semanas.
En la vigencia de la iniciativa hubo cambios: el Gobierno proponía que el sistema empezara a regir el 1 de enero de 2025, pero después del acuerdo con las bancadas de los partidos de La U y Liberal se definió como fecha de inicio julio de 2025, una fecha que no convenció a varios congresistas quienes argumentaron que es poco tiempo para implementar el nuevo sistema.
La única proposición no avalada por el Gobierno que aprobó el Senado fue la de modificar el artículo 36 que, básicamente, implica que el requisito de semanas para las mujeres quedará en 1.000, pero podría llegar a las 850 si la mujer tiene tres hijos, por la propuesta de bajar 50 semanas por cada hijo nacido. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que la medida no es sostenible fiscalmente.
Por ahora, ninguno de los cambios quedan tallados en piedra, pues puede haber modificaciones en los debates de la Cámara de Representantes y en la conciliación.
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