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El problema fiscal de Colombia puede terminar saliendo del mismo lugar del que suelen salir las soluciones cuando las cuentas públicas no cuadran: el bolsillo de los ciudadanos. Recortes en el gasto, más endeudamiento o nuevos impuestos son algunas de las opciones que tendrá el país para corregir un desequilibrio que, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), ya es estructural. En otras palabras, el Estado lleva años gastando más rápido de lo que crecen sus ingresos, y cerrar esa brecha cuesta billones de pesos.
Para el CARF, la explicación del desequilibrio es que “los gastos han crecido más que los ingresos”. Así de sencillo.
Pero desgranemos las cifras para entender, de fondo, qué propone el Comité para solucionarlo. Anticipo: todavía no se sabe, admite el CARF, porque dependen de política pública para determinar en qué momento específico el rojo de hoy será un verde sostenible mañana.
No obstante, hay ideas. Vamos por partes.
Si bien la economía colombiana ha crecido, buena parte de ese impulso no proviene de una recuperación robusta de la inversión. Según el CARF, desde el cuarto trimestre de 2019 hasta 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia ha aumentado cerca de 17,5 %, el mayor crecimiento entre los principales países de la región. Por detrás aparecen Brasil, con 14,5 %; Perú, con 11,7 %; Argentina, con 7,3 %, y México, con 6,1 %, según las cifras disponibles para 2025.
Este año, la economía creció 2,88 % y la demanda interna aumentó 3,7 %.
¿El problema? El consumo público. Si se midiera el PIB excluyendo ese rubro, el PIB apenas hubiera registrado un aumento de 0,99 %. Para dimensionarlo, entre 1976 y 2019 el crecimiento promedio del PIB fue de 3,63 %, mientras que, sin consumo público, se ubicó en 3,44 %. La diferencia es notoria.
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El crecimiento de Colombia depende cada vez más del consumo
El CARF identifica una economía impulsada principalmente por el consumo público y privado, mientras la inversión sigue sin ocupar el mismo papel como motor del crecimiento. Ambos están en los extremos opuestos de los componentes que pedalean la economía, y se ha mantenido así al menos desde 2019. Cada vez que la economía se mueve, ambos rubros echan para adelante, especialmente el consumo.
La proyección del Comité es que el PIB cierre este año con un crecimiento de 2,5 % y se mantenga alrededor de 2,6 % durante la próxima década.
“Colombia es un caso atípico”, señaló el CARF. El meollo del “gasto desbordado e ingresos que persiguen la tendencia” es propio de esta punta de América del Sur. Mientras Chile, Brasil, México y Perú registrarían, en conjunto, una reducción de 1 % en el gasto y un aumento de 0,5 % en los ingresos, Colombia seguiría la trayectoria contraria: el gasto aumentaría 2,5 % y los ingresos caerían 0,8 %.
Pero ¿qué desborda el gasto? La salud, el Sistema General de Participaciones, pensiones y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Son, en buena medida, “gastos inflexibles”: obligaciones que el Estado no puede recortar de un día para otro sin afectar servicios, transferencias o compromisos legales.
Además, Colombia sobrestima los ingresos que recibirá cada año, tanto en los presupuestos generales como en los marcos fiscales de mediano plazo (10 años). Normalmente sucede un año sí, un año no; un año sí, otro no.
El CARF advierte que esta práctica genera “presiones fiscales persistentes”. La razón es elemental: se programa el gasto con una expectativa de recursos que luego no siempre llega.
En 2025, por ejemplo, la meta de recaudo equivalía al 16,5 % del PIB, pero el resultado terminó en 14,7 %. Esa diferencia, trasladada a una economía del tamaño de Colombia, representa decenas de billones de pesos que el Estado esperaba recibir y que no entraron en la misma magnitud a sus cuentas.
Para este año, el CARF proyecta un desequilibrio en el balance primario de 3,9 % del PIB, frente al 3,3 % calculado por el gobierno Petro. La diferencia parece pequeña cuando se expresa en puntos porcentuales, pero equivale a cerca de COP 10,3 billones. Es, en otras palabras, una brecha adicional que el Gobierno de La Espriella tendrá que financiar, recortar o recaudar.
Entre las recomendaciones del CARF aparece un recorte de COP 9,7 billones en gastos flexibles, es decir, aquellos que cuentan con mayor margen constitucional y legal para ser ajustados, como algunos gastos operativos no esenciales o subsidios temporales.
El Comité también pidió eliminar de las previsiones de ingresos cerca de COP 30,2 billones asociados a la emergencia invernal, como parte de un ajuste que permita reflejar con mayor precisión la situación de las cuentas públicas.
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Lo que puede empeorar las cuentas en 2027
El CARF ve un escenario complejo. Por un lado, considera que habrá señales de política económica adecuadas que disminuyan las primas de riesgo, es decir, lo que le cuesta al país la desconfianza inversora y productiva por los cambios de regla de juego y déficit de pago. Por otro lado, si el mercado laboral se mantiene a flote pese a posibles cambios estructurales, el crecimiento podría fortalecerse. Por último, el precio del petróleo es una sorpresa que brindaría más aportes fiscales.
Pero la lista de riesgos es más larga.
El aumento del salario mínimo de 2026 podría acentuar las presiones fiscales en 2027. La reforma laboral representaría una presión adicional de gasto equivalente a 0,2 % del PIB, mientras que la entrada en vigor de la reforma pensional requerirá mayores recursos para financiar el pilar semicontributivo.
Los pasivos de sectores como salud, energía y programas sociales también seguirían pesando sobre las cuentas.
La deuda es otra de las alarmas.
Según el Gobierno, la deuda neta se ubicaría en 60,2 % del PIB. Es decir, el saldo de las obligaciones del Gobierno equivaldría a más de 60 pesos por cada 100 que produce la economía colombiana en un año. El límite establecido por la Regla Fiscal es 71 %.
El problema no es únicamente el tamaño de la deuda, sino lo que cuesta sostenerla. El CARF advierte que, salvo la reducción temporal registrada en 2025, cerca de un tercio de los ingresos tributarios del país se ha destinado al pago de intereses. Para 2027, el Gobierno proyecta un gasto por este concepto equivalente al 4,9 % del PIB, unos COP 104,7 billones.
De manera que el CARF advierte que la trayectoria de la deuda neta podría deteriorarse. Su estimación para 2027 ubica la deuda neta en 67,3 % del PIB.
El contraste histórico muestra la magnitud del cambio. El promedio durante el siglo XX rondó el 12,6 % del PIB. Entre 2000 y 2019 fue de 39,6 %, y entre 2022 y 2024 alcanzó un promedio de 56,7 %.
“Entre más rápido sea el ajuste, menor el esfuerzo necesario”, señala el Comité.
Para lograrlo, será necesario “alcanzar acuerdos entre el Gobierno y el Congreso de la República”, un plan de ajuste con medidas para incrementar el PIB potencial y con protecciones a los hogares vulnerables.
La ecuación, sin embargo, tiene una salida limitada. Si los ingresos no alcanzan y el gasto continúa creciendo, alguien tendrá que cerrar la diferencia. El Estado puede gastar menos, endeudarse más o recaudar más.
Las tres decisiones terminan teniendo consecuencias fuera de los documentos técnicos. En servicios públicos, programas estatales, tasas de interés, impuestos y, finalmente, en el bolsillo de los colombianos.
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