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Mientras el crecimiento económico recobra el aliento tras años turbulentos, el frente fiscal sigue en señal de alerta. El más reciente informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), presentado al Congreso el 30 de abril, advierte que, para evitar un desbordamiento del endeudamiento público y cumplir con la regla fiscal, el país necesitaría un ajuste mínimo de $46,6 billones en 2025. En el escenario más adverso (y preventivo, a la larga) podría ascender a $75 billones, equivalente a 4,1 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Si nada cambia, Colombia completaría seis años consecutivos con déficits fiscales superiores a 4 %, cuando la meta del Gobierno es de 5,1 %, una racha inédita en su historia reciente.
El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) cerró el año pasado en 6,7 % del PIB, superando la meta de 5,6 %. El desbordamiento se debió a un cóctel de menores ingresos tributarios, especialmente desde los sectores minero-energéticos, y un gasto que despegó sin topes, marcado por inflexibilidades estructurales en pensiones, salud y el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC).
Según el más reciente informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el recaudo acumulado del primer trimestre alcanza los $72,14 billones, un aumento de 6,8 % frente a los $67,72 billones del mismo periodo del año pasado.
Aun así, la meta de recaudo de la entidad está en $298,8 billones para 2025. Lo que significa que se espera un promedio de $74,7 billones por trimestre. Así las cosas, los ingresos proyectados están $2,6 billones por debajo de la meta.
Por otro lado, el Gobierno ya terminó el proceso de ajuste en el precio de la gasolina para eliminar el déficit del FEPC. El incremento en el diésel, en cambio, no ha podido concretarse, en parte por las negociaciones en vilo con los gremios transportadores. De seguir así, el déficit para 2025, sería de $10 billones (la mitad frente a los $20 billones de 2023).
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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal presentó su informe al Congreso de abril de 2025. El documento analiza la situación fiscal reciente, e identifica riesgos para la sostenibilidad de mediano plazo.
— Comité Autónomo de la Regla Fiscal (@CARFColombia) April 30, 2025
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Ahora bien, la deuda neta del GNC escaló a 59,3 % del PIB, peligrosamente cerca del máximo registrado durante la pandemia (60,7 %) y lejos del ancla legal del 55 %.
En otras palabras: uno de cada tres pesos recaudados en 2025 tendrá que destinarse al servicio de la deuda pública.
¿Por qué es importante la regla fiscal?
Porque, en pocas palabras, es una camisa de fuerza que impide que el gobierno gaste más de lo que puede pagar de forma “responsable”. Evita que la deuda se dispare y afecte la estabilidad económica.
Por ejemplo, si incumple, aumenta el riesgo país, es decir, los mercados rebajan la nota crediticia o encarece el acceso a crédito (como podría suceder con la reciente revisión del FMI a la línea de crédito del país).
También suben las tasas de interés, no solo para sus necesidades de financiamiento, sino para todos, ya que compite con el mercado, que incluye empresas y hogares.
Asimismo, se deprecia el peso: el desorden fiscal genera desconfianza y presiona la salida inversora. El dólar sale más caro, y en general, todo lo que se transaccione con dicha moneda.
Y por último, si gran parte del presupuesto se dedica a pagar deuda (un tercio, en este caso), la inversión en obras, salud, subsidios, también disminuye.
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El informe también desmonta algunas de las premisas optimistas del Plan Financiero oficial de este año.
Por ejemplo, aunque el gobierno prevé que el recaudo tributario crecerá 22,6 % en 2025, el CARF considera que esta proyección es altamente improbable si la economía crece apenas 5,8 % en términos nominales. Además, el Ejecutivo no contempla recortes de gasto, sino un “control eficiente de la caja” que, aunque puede aliviar temporalmente la liquidez, no corrige los desbalances estructurales del presupuesto.
Peor aún, la reserva presupuestal acumulada en 2024 —por $52,3 billones— podría inyectar al gasto hasta $26 billones adicionales este año, presionando aún más el cumplimiento de la regla.
Según un informe de Banco de Bogotá, el gobierno comenzó abril con $6,6 billones en el bolsillo, a pesar de tener gastos mensuales de $30 billones.
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A mediano plazo, el panorama no mejora.
El gasto público está en niveles históricamente altos —23,2 % del PIB— y 90 % de sus partidas son inflexibles.
Reformas recientes como la del Sistema General de Participaciones y el sistema pensional aumentarán esa rigidez. El CARF estima que, si no se hacen cambios de fondo, estas presiones podrían sumar 2,3 puntos del PIB cada año durante la próxima década.
El riesgo no sería solo técnico, sino estructural y urgente. Porque sin un ajuste real, el país no solo pone en riesgo su sostenibilidad fiscal, sino también la posibilidad misma de financiar desarrollo social.
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