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En una sesión semipresencial, y con cerca de hora y media de retraso este miércoles comenzó ya en forma el proceso legislativo del proyecto de reforma tributaria (también llamado de inversión social) que el Gobierno llevó al Congreso para su aprobación y con el que espera recaudar $15,2 billones.
Tras la decisión sobre un alud de impedimentos de todo tipo que podrían tener relación con la ley de inversión social, se dio comienzo a la presentación del proyecto.
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En total fueron radicadas cinco ponencias, tres de ellas con sentido positivo y dos negativas que solicitaban el archivo del proyecto tributario presentado por el gobierno del presidente Iván Duque.
En su momento, al hacer defensa de la ponencia mayoritaria apoyada por el Gobierno, el senador conservador David Barguil dejó en claro que esta reforma no es estructural, un asunto que le corresponderá al siguiente inquilino de la Casa de Nariño luego de las elecciones de 2022.
Barguil recordó que la reforma tributaria no compromete los ingresos de las personas pobres, ni de la clase media, sino que planteó que la carga tributaria esté sobre la espalda de las empresas, como lo ha sostenido reiteradamente el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. En la propuesta se pasa de una tasa corporativa del 31 % al 35 % y el sector financiero pagará el 38 %.
En total, 60 % de la carga de recursos de esta reforma descansará sobre las empresas, vía la suspensión (temporal, en algunos casos) de beneficios que les habían sido otorgados en la tributaria anterior (aprobada en 2019).
El otro pilar de la reforma es la lucha contra la evasión y la elusión, que este año ha permitido recuperar recursos por el orden de los $16 billones (en 2020 esta cifra llegó a $13 billones).
El Gobierno también espera ahorrarse casi $2 billones en gastos de funcionamiento del Estado, bajo el paraguas poco popular de la austeridad, que resulta peligroso en tiempos de crisis para algunos economistas. El Gobierno ha dicho que se compromete a disminuir, como mínimo, el 5 % de los gastos de funcionamiento, sin afectar los recursos del Sistema General de participaciones. Frente a esto, Barguil aseguró que no se va a permitir una masacre laboral en las entidades del Estado, sobre todo en medio de la pandemia, cuando ha crecido el desempleo.
Esta reforma va a tocar la vida de 14 millones de colombianos con ayudas como el Ingreso Solidario, que beneficiará a 4,2 millones hasta diciembre de 2022, y que, dependiendo del comportamiento de los ingresos del Gobierno, podría subir en los $160.000 aprobados hasta el momento.
La propuesta busca incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo. Para los que contraten jóvenes de entre 18 y 28 años se dará un subsidio del 25 % del salario mínimo; las mujeres mayores de 28 años contratadas reciben el empleador el 15 % del salario mínimo. Para el resto de la población se apoya con el 10 %. Se espera incentivar la creación de 700.000 empleos mediante estos apoyos.
Esta previsión resulta clave en un momento en el que el mercado laboral aún tiene una deuda de más de dos millones de puestos de trabajo para llegar, apenas, a los niveles de empleabilidad de antes de la pandemia.
Varios expertos y centros de pensamiento han advertido que uno de los principales riesgos en la recuperación económica colombiana es que el PIB en efecto crezca, pero no lo haga de la mano de la creación de empleo, lo que profundizaría brechas sociales y erosionaría indicadores como la formalidad laboral y las mediciones de pobreza, posiblemente.
La política de la gratuidad para la educación de institutos técnicos, tecnólogo y profesionales beneficiará a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3.
A su vez, sobre el régimen simple para las empresas, el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, explicó que se cambiaron las tarifas para que más sociedades puedan acceder a estos beneficios. Se pasó de una facturación de $2.600 millones a $3.600 millones para pertenecer al régimen simple. Esta decisión permitirá incluir más de 400.000 microempresas; la tarifa efectiva de tributación para estas empresas está en 15 %, sobre una tarifa de 35 % para el resto de las sociedades.
También se aprueba, por el momento, la normalización tributaria para que los capitales que estén afuera paguen las obligaciones tributarias.
Entre los artículos nuevos destaca el que permite a los deudores morosos con las entidades territoriales firmar acuerdos de pago que no pueden ser superior a 12 meses.
Se modifica la composición del Comité de la Regla fiscal con representación de dos presidentes de las comisiones económicas del Congreso.
Los desembolsos del PAEF serán retroactivos al mes de julio, pero si las condiciones económicas son favorables queda la opción para dejar por un año más esta ayuda.
Para los empresarios afectados por el paro nacional y los bloqueos se otorga un beneficio del 20 % más del subsidio para los empleados.
Varias de las proposiciones que fueron presentadas en el primer debate serán estudiadas en el segundo debate, que ya le corresponde a las plenarias de Cámara y Senado.