21 Jul 2021 - 2:00 a. m.

De nuevo la reforma tributaria, entre la crisis social y económica

Este martes el Gobierno radicó su nuevo proyecto de reforma fiscal, con el que espera cubrir las necesidades hasta el próximo año en los frentes de déficit y atención social, especialmente. Para 2022 necesitará $11,6 billones para atender a los más vulnerables.
Jorge Sáenz

Jorge Sáenz

Periodista

Aterrizó en el Congreso el proyecto de reforma tributaria, o de inversión social, con muchas expectativas por cumplir. No habrá la avalancha de lobistas empresariales ni tantas probabilidades de que a los congresistas les lleguen propuestas, pues parece que todo ya está decantado. El Gobierno espera una recaudación de $15,2 billones, poco monto para las urgencias de la pandemia, los efectos del paro nacional y los bloqueos. Pero es un recaudo que casi dobla lo que se ha recogido con otras reformas de reciente aprobación, en todo caso.

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Es una reforma de 35 artículos que muchos han llamado de parche o de transición, pues apenas soluciona las necesidades fiscales hasta el año 2022.

Por primera vez el Congreso se enfrenta a un proyecto tributario, producto de los diálogos sociales, estudiantiles, sindicales y empresariales. Es decir, el margen de acción legislativa es poco, salvo que sea para mejorar las aspiraciones de la población y no de los amigos de los congresistas, como es recurrente en este tipo de iniciativas.

“El proyecto tiene como corazón a los más vulnerables”, dijo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, al momento de radicar la propuesta.

Con la iniciativa el gobierno del presidente Iván Duque aspira a favorecer con transferencias monetarias a por lo menos 7,8 millones de familias, lo que significa más del 50 % de los hogares colombianos, obteniendo recursos para aliviar el impacto de la pandemia sobre sus ingresos. “La cobertura llegaría al 100 % de los hogares en condición de pobreza extrema, y para el caso de los hogares en condición de pobreza moderada la cobertura llegaría al 76 %”, precisa el documento del Gobierno que acompaña el articulado de la iniciativa.

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El proyecto lleva mensaje de urgencia, lo cual le garantiza que las comisiones económicas del Congreso sesionen conjuntamente y que durante las plenarias Senado y Cámara de Representantes lo debatan de manera simultánea.

Precisa el informe que la ampliación del programa Ingreso Solidario y la extensión de los giros extraordinarios del programa de protección social al adulto mayor (Colombia Mayor) representarán un esfuerzo fiscal adicional de $3,3 billones durante 2021.

La financiación del programa Ingreso Solidario requerirá un esfuerzo fiscal adicional de $7,2 billones para 2022. Estos recursos son adicionales a los existentes para atender los otros programas existentes, como Familias y Jóvenes en Acción, además de Colombia Mayor, que cuestan $4,3 billones. Es decir, que en total se van a requerir $11,6 billones para soportar todas estas iniciativas en 2022.

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Con las transferencias contempladas en el proyecto, el Gobierno estima que en 2022 la pobreza monetaria extrema podría volver a niveles inferiores a los de 2019, del 9,6 %, incluso hasta 6,7 %, desapareciendo los factores de la pandemia que la exacerbaron. Este análisis indica que las transferencias a la población más vulnerable permitirán mejorar la desigualdad mejorando el coeficiente de Gini en cerca de 2,2 puntos porcentuales en 2022.

Impulso a la generación de empleo

El proyecto de inversión social también ataca al desempleo. Las proyecciones del Gobierno indican que la tasa de desempleo podría caer en 3,2 puntos porcentuales. La aprobación de las propuestas de incentivo a la creación de nuevos puestos de trabajo costará alrededor de $1,3 billones hasta 2023.

El programa se inicia con una destinación de $159.000 millones en el segundo semestre de este año y se proyecta una creación de 127.000 nuevos empleos. Hasta 2023, la iniciativa permitiría a 788.000 personas ingresar al mercado laboral, según los cálculos del Gobierno.

De ser aprobado el proyecto de reforma tributaria como lo propone la administración Duque, junto con la implementación de los programas de transferencias monetarias y de impulso al empleo, se ejecutará el plan de estímulo al acceso a la educación superior desde este año, que va para los estudiantes de los estratos sociales de menores ingresos y población vulnerable. El costo fiscal anual será de $700.000 millones, cerca del 0,06 % del PIB.

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La puerta abierta

La implementación de programas que disparan el gasto social deja abierta la puerta para futuras reformas tributarias más fuertes. Para el Gobierno, el incremento en los indicadores de pobreza, el deterioro del mercado laboral y la caída en el nivel de actividad económica requiere la implementación de “iniciativas fiscales expansionistas en el corto plazo para mejorar las condiciones de vida de la población”. Esa tarea le corresponde al gobierno que asuma funciones en agosto de 2022.

Restrepo recordó que el proyecto de inversión social es producto de un apretón en el cinturón del gasto público, lucha contra la evasión fiscal y el sentido solidario del sector empresarial. “Desmontemos parte de los beneficios de la Ley de 2019, tengamos una tarifa corporativa un poco más alta, y desmontemos esa posibilidad de que el descuento del ICA en renta aumente e incorporamos una sobretasa al sector financiero”, dijeron los empresarios. Restrepo estima que con esta iniciativa se está dando una respuesta de “sostenibilidad social, de sostenibilidad fiscal y también de crecimiento y reactivación económica”.

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