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Si hay una palabra bien conocida, tanto en el hogar como en las finanzas públicas, es la deuda, un problema inmediato por el color rojo que suele enmarcar el saldo. De ahí se desprendió el decreto de emergencia económica que hoy defiende el Gobierno y que se convirtió en una discusión sobre quién asume el costo del desbalance fiscal.
Desde el comienzo, el presidente Gustavo Petro habló del déficit fiscal primario, es decir, si el Estado puede pagar los intereses de su deuda con lo que recauda, antes de endeudarse más. Según el mandatario, si el país no logra cubrir esos intereses con sus propios ingresos, la deuda se encarece, los mercados perciben más riesgo y el crédito se vuelve más caro.
La única salida estable, insistió, es llegar al superávit primario, cuando los ingresos alcanzan para cubrir los gastos básicos y los intereses.
El nudo fiscal se evidenció en el diagnóstico que presentó el ministro de Hacienda, Germán Ávila: los ingresos del Estado crecen, pero más lento que los gastos inflexibles (gastos que no se pueden tocar, como pensión, salud, educación, deuda). En 2026, esos gastos absorberán COP 512 billones de un presupuesto de 546 billones. Solo quedará un margen cercano al 6 % para inversión discrecional.
- En 2024, los gastos representaron el 23,2 % del PIB y los ingresos el 16,5 %.
- En 2025, los gastos subieron al 24,1 % y los ingresos al 17 %.
- En 2026, la proyección es de 24,3 % del gasto frente a 18,1 % de ingresos.
La diferencia se cubre con deuda.
A este panorama se suma un factor político clave: el Congreso no aprobó dos leyes de financiamiento que, según Hacienda, eran necesarias para cerrar el hueco fiscal. Una buscaba recaudar 12 billones; la otra, 16 billones.
El decreto de emergencia económica apunta a conseguir, por la vía extraordinaria, los recursos que no pasaron por el Legislativo. El primer paquete de medidas combina eliminación de beneficios, nuevos impuestos y mayores cargas a sectores con alta rentabilidad.
Entre los puntos centrales están:
- Impuesto al patrimonio, que afectaría a unas 104.000 personas. Los llamados “megarricos”, unos 66 contribuyentes con patrimonios superiores a COP 104.000 millones, pasarían de pagar una tarifa del 1,5 % al 5 %. La vivienda habitual queda excluida del cálculo. El recaudo estimado es de 2,3 billones.
- Mayor tributación al sector financiero, que este año registró utilidades altas. La sobretasa pasaría del 5 % al 15 %, con un recaudo cercano a 1,2 billones. Hacienda aclaró que una cosa es la tarifa nominal y otra la tasa efectiva, reducida por exenciones vigentes.
- Cambios en impuestos al consumo: el impoconsumo a bienes de lujo subiría del 16 % al 19 %, y se gravarían compras de bajo valor hoy exentas.
- Impuestos ambientales a productos altamente contaminantes como petróleo y carbón, con un recaudo proyectado de 869.000 millones.
También se eliminan beneficios tributarios a juegos de azar y se iguala la carga impositiva de licores y vinos con la de la cerveza.
En el relato de Petro, las reformas tributarias que buscaban aliviar el déficit primario fueron debilitadas en el Congreso, y decisiones judiciales como permitir deducir regalías redujeron el recaudo esperado. El resultado, según el Ejecutivo, traslada el problema al próximo gobierno o, peor aún, obliga a recortar áreas que la Constitución protege.
El presidente rechazó la idea de un ajuste centrado solo en recortes. Recordó que en 2024 ya se redujeron COP 16 billones del gasto y que seguir por esa vía llevaría a tocar salud, educación, pensiones o incluso el pago de la deuda, algo que la ley no permite. El otro espacio de ajuste, admitió, está en la inversión, pero allí la mayor parte del presupuesto está comprometida en concesiones viales de cuarta y quinta generación, con recursos guardados en fiducias privadas.
Salario vital, precios y el miedo a la inflación
Otro eje del debate fue el salario vital, defendido por el Gobierno como un piso mínimo para que los trabajadores cubran una canasta básica familiar. Petro cuestionó la narrativa según la cual el aumento salarial dispara los precios. Argumentó que ninguna rama de la economía depende al 100 % de trabajadores que ganen salario mínimo, por lo que el impacto inflacionario sería marginal.
Insistió en que, si hay alzas injustificadas, debe intervenir la Superintendencia de Comercio. El ejemplo citado fue el de algunos colegios privados: matrículas suben más del 20 %, mientras los salarios del personal apenas crecen.
También advirtió que si la Corte Constitucional tumba el decreto del salario mínimo, el mensaje implícito sería que no es necesario garantizar ingresos suficientes para vivir, una señal que, en su visión, profundiza la desigualdad.
Gasolina, pandemia y una herencia costosa
En el recuento fiscal reapareció un viejo lastre: el subsidio a la gasolina, que costó cerca de COP 70 billones. El Gobierno sostiene que benefició sobre todo a sectores de ingresos medios y altos y drenó recursos que pudieron destinarse a reducir deuda o financiar inversión social. Pese a ello, recientemente anunció la intención de bajar el precio de la gasolina.
Por último, se mencionó la pandemia como punto de quiebre. El aumento del gasto y de la deuda no se tradujo, según Petro, en un fortalecimiento estructural de la economía, sino en beneficios concentrados en sectores con mayor capital.
Para Petro, la emergencia es como un dique en contención. Si se cae, advierte, el costo de la deuda subiría y el margen fiscal se reduciría aún más.
Sin embargo, el debate es recurrente en un país en que las metas fiscales suelen ser más gaseosas que espesas: cuando las cuentas no cuadran, de nuevo, ¿quién paga primero y quién queda al final de la fila?
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