Decir que esta fue una semana movida en materia económica sería una caracterización mínima de la realidad.
El dólar llegó a niveles históricos en medio de un escenario global en el que la palabra recesión parece ya no ser tanto un fantasma, como el compañero de la habitación contigua.
La OPEP duplicó el tamaño del recorte que aplicará en su producción de petróleo, una señal de que no le tiene tanta fe a la demanda global de crudo, un elemento que ayuda a medir la salud en general de las economías.
En Colombia, un trino del presidente Gustavo Petro sobre capitales golondrina terminó por ensuciar las aguas, ya de por sí turbulentas esta semana. Aunque luego hubo una aclaración más serena, de más de 140 caracteres, en cabeza del Ministerio de Hacienda, hay que reconocerlo.
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura anunció un histórico acuerdo de compra de unos tres millones de hectáreas de tierras que hoy están en manos de ganaderos agrupados bajo Fedegán, el mayor gremio de estos productores. La idea es impulsar la reforma agraria de Petro apoyándose en estas compras. Y lo de histórico viene porque gremio ganadero y reforma agraria no suelen ser palabras que van juntas en la misma frase.
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El documento, sin embargo, no pudo ser firmado este viernes, como estaba previsto, por temas de agenda del presidente Petro. Sin embargo, ya es terreno ganado en uno de los principales pilares de reforma que propone este Gobierno.
Y en la mitad estuvo el anticipado primer gran debate de la reforma tributaria, otra de las piedras angulares en la visión del país que tiene Petro.
La tributaria acumuló dos meses de discusiones y cambios antes de ser votada oficialmente en su primer debate en el Congreso, en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara.
Desde su introducción, el 8 de agosto pasado, la iniciativa ha vivido unas 300 vidas: fue presentada oficialmente en varias ciudades (con la intervención de gremios, legisladores y ciudadanos del común), también fue materia de discusión en varios congresos gremiales, desde donde llegaron una serie de propuestas y adendas al primer documento presentado por José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda.
Con una meta de recaudo de casi $22 billones, la iniciativa aprobada por las comisiones ofrece una luz de cómo podría terminar siendo la reforma final, una vez pase por su siguiente prueba de fuego: las plenarias de Cámara y Senado (que deben sesionar de forma simultánea por cuenta del mensaje de urgencia que tiene la iniciativa).
Aunque la votación de los bloques de artículos en las comisiones fue abrumadoramente positiva (en cada ronda no se registró ni un puñado de votos en contra), la larga lista de proposiciones que quedaron registradas para ser tenidas en cuenta de cara a las plenarias podría señalar que el camino de la reforma aún no es una autopista 4G, sino más una vía alterna.
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Entre las cosas que aún les preocupan a los congresistas hay temas complejos por sus implicaciones fiscales, como por el peso político que conllevan. Uno de estos son los impuestos a las pensiones, que no es un asunto fácil de tragar para quienes deben su puesto de trabajo al voto popular.
Sin embargo, vale recordar que en el informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios se mencionaba que en prácticamente todo el mundo las pensiones están gravadas de una forma u otra.
Para Óliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, que se haya mantenido este asunto es uno de los puntos positivos de la encarnación actual de la reforma. “También me parece bien que siga el impuesto al patrimonio y que se hayan mantenido los límites a las exenciones en renta a las que pueden aplicar las personas naturales”.
Entre las cosas buenas de la reforma Marta Juanita Villaveces Niño, decana de Economía de la U. Nacional, destaca que “se mantiene la progresividad a partir de personas naturales y jurídicas como un paso de transformación del paradigma tributario progresivo y redistributivo”.
Y agrega como elemento positivo de la iniciativa “el impuesto a bebidas azucaradas y alimentos procesados que van en línea con una responsabilidad sobre la alimentación y salud”. Y concluye diciendo que “Es decir, es una lógica tributaria de impuestos saludables, ambientales e incremento a personas naturales: no sólo es recaudar más recursos sino una señal de cambio en el paradigma tributario”.
Entre los puntos flacos, Pardo señala que “hay que insistir en que hay que tener más equidad horizontal y menos sobretasas. No somos amigos de las sobretasas porque generan distorsiones en todo el sistema”.
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El asunto de las sobretasas
El académico se refiere a tres medidas que fueron agregadas durante estos meses de discusión, y que entraron como compensación para la salida de otras disposiciones.
Aquí hay que recordar que la visión original de la reforma incluía un impuesto a las exportaciones de oro, carbón e hidrocarburos. La medida es una de las más discutidas en toda la reforma y genera división, incluso entre analistas que se ponen de acuerdo en que Colombia necesita más tributación progresiva.
La eliminación total de este impuesto (que primero le fue desmontado al oro) llegó de la mano con una sobretasa para el sector (que se aplicaría con 10 % más en renta para 2023, 7,5 % para 2024 y 5 % a partir de 2025). También hay sobretasas para el sector financiero (5 %) y para los generadores de energía en hidroeléctricas (3 %).
Casi en paralelo con la aprobación de la iniciativa por parte de los congresistas en las comisiones conjuntas, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró (desde el congreso de Naturgás, en Cartagena) que el Gobierno no aplicará la sobretasa para el renglón de gas.
Y si bien el anuncio de Reyes en Cartagena fue recibido con un gran aplauso, el ánimo entre los empresarios del sector minero-energético no es el mejor, por decir lo menos. En opinión de Bruce Mac Master, presidente de la Andi, “sin duda los sectores minero y petrolero quedan muy afectados porque, aunque se les suprime el impuesto a las exportaciones, les quitan la deducibilidad de las regalías y les cobran una sobretasa permanente sobre renta muy alta. Además, quedan afectados con el impuesto al carbono”.
El pronunciamiento de Mac Master se suma a lo dicho por parte de otras organizaciones como Fenalco y el Consejo Nacional Gremial.
Mac Master añade: “Existen muchas medidas que desalientan la inversión y ponen en riesgo la permanencia de las empresas, debido a los altos tributos que se establecen. Si bien se han hecho ajustes que reducen algunas cargas tributarias, por otro lado se imponen nuevas obligaciones. Por ejemplo, se crea a las sociedades una presunción de pago mínimo del 15 % anual como “tasa efectiva de tributación” que definirá el gobierno. Es decir, con independencia de que las empresas obtengan o no utilidades, siempre tendrán que pagar un impuesto sobre un concepto que ni siquiera está en la ley. En otras palabras, es un cobro anual por el hecho de existir”.
Para Rosmery Quintero, presidenta de Acopi (gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas), la sobretasa al sector minero-energético también cae mal, en la medida en la que hay empresas pequeñas que son proveedoras de grandes compañías del sector y esta medida puede afectar la apertura de nuevos proyectos.
De fondo, los temores aquí son comunes a prácticamente toda reforma tributaria y están agrupados en una gran tensión entre tributación e inversión. Este es un asunto que no tiene una sola mirada, ni una respuesta fácil y única, pero que gana importancia en un momento de alta inflación y con amenazas cada vez más presentes de recesión, pero en el que también se requiere impulsar transformaciones sociales (que a su vez tienen impactos económicos positivos en temas como pobreza, por ejemplo).
En este gran debate la Andi asegura que Colombia “es una de las economías con mayores tasas efectivas de tributación del sector empresarial”.
La senadora Clara López, sin embargo, controvirtió esta idea al citar cifras del Ministerio de Hacienda, que aseguran que la tasa real de tributación de las empresas es del 24 % y con la reforma crecería al 29 %, “muy por debajo de lo que pagan compañías en Estados Unidos y Europa: estaríamos en el rango bajo de muchas comparaciones”, insistió la senadora.
El revés de esta moneda es que la economía colombiana no tiene el tamaño, la diversificación productiva y, en general, las características de otros países de la OCDE, por solo poner un umbral de comparación.
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¿Estructural o no estructural?
Otra de las preocupaciones que se escucharon en el debate de las comisiones orbita alrededor de la imposibilidad de deducir las regalías del impuesto de renta (esta medida había muerto en uno de los borradores de la reforma, pero revivió para la ponencia y quedó aprobada en el debate).
Para Pardo, este es un golpe doble a las empresas, por un lado. Pero, por el otro, aleja la reforma de ser una iniciativa estructural al cerrar el hueco de un beneficio, pero, al mismo tiempo, introducir una sobretasa (que suele ser una medida transitoria).
El académico asegura que en su versión actual el proyecto fiscal incorpora cosas positivas (como el reconocimiento de más dependientes en la declaración de renta, aunque baja el monto en UVT para esa deducción), pero se aleja del objetivo de ser un reforma verdaderamente estructural.
Esto pesa porque, eventualmente, tendremos que volver a hablar de reforma tributaria.
Pero antes de pasar a la siguiente aún hay que esperar lo que vendrá en los debates en las plenarias, en donde seguro habrá pulsos para definir temas como la tributación de las pensiones, las sobretasas a varios sectores empresariales y hasta los llamados impuestos saludables, que no tienen una meta de recaudo particularmente alta, pero generan todo tipo de ruidos y reacciones en la discusión.
Más allá de la reforma, la otra parte de la ecuación, como bien lo pone Villaveces Niño, decana de Economía de la U. Nacional, es que haya “una racionalización del gasto y de un destino a la inversión social irreversible”.
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