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Después de la decisión de un tribunal federal sobre la imposición ilegal de sus medidas arancelarias, el presidente Donald Trump dijo que su administración solicitaría al Tribunal Supremo una resolución acelerada con la esperanza de revocar esta decisión, argumentando que es esencial mantener intacta su política comercial.
Trump manifestó a los periodistas que EE.UU. apelaría ante el alto tribunal para obtener una reparación tan pronto como el miércoles, porque “sería una devastación para nuestro país” si se mantuviera la sentencia del tribunal de apelación.
“Vamos a acudir al Tribunal Supremo, creemos que mañana, porque necesitamos una decisión rápida”, dijo Trump el martes en el Despacho Oval. “Vamos a solicitar una resolución acelerada”.
Los comentarios del presidente se producen tras la sentencia del viernes del Tribunal de Apelación de EE.UU. para el Circuito Federal, en la que se dictaminó que Trump invocó indebidamente una ley de emergencia para los llamados aranceles recíprocos que impuso a las importaciones de docenas de socios comerciales, así como a los gravámenes sobre productos chinos, canadienses y mexicanos, que, según él, tenían por objeto combatir el tráfico transfronterizo de fentanilo.
Sin embargo, los jueces permitieron que los aranceles se mantuvieran mientras se tramita el caso.
La decisión ha generado una nueva incertidumbre jurídica sobre el futuro de la agenda del gobierno, con posibles repercusiones en el comercio mundial por valor de billones de dólares.
“El mercado bursátil ha bajado porque necesita los aranceles. Quieren los aranceles”, afirmó el presidente.
Las ventas de deuda corporativa y las preocupaciones presupuestarias en el mundo desarrollado se consideraron los principales factores que impulsaron la caída del mercado.
La sentencia del viernes confirmó una decisión anterior del Tribunal de Comercio Internacional que dictaminaba que Trump se había excedido en sus competencias al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Los jueces de apelación afirmaron que el tribunal inferior debería revisar la decisión de bloquear los aranceles en cuestión para todos, en lugar de solo para las partes que interpusieron la demanda.
La Casa Blanca podría haber dejado que el Tribunal de Comercio Internacional revisara primero el caso en lugar de acudir directamente al Tribunal Supremo, que en gran medida ha respaldado al presidente en otros asuntos.
La sentencia del viernes fue solo el último giro en una campaña arancelaria que ha sufrido retrasos, reveses e impugnaciones legales que han sembrado la incertidumbre en la agenda del presidente y han dejado a las empresas, los inversores y los socios comerciales —muchos de los cuales llegaron a acuerdos con Trump para garantizar tasas más bajas— ansiosos por obtener alguna claridad. El dólar cayó frente a la mayoría de las divisas del Grupo de los 10 tras la sentencia del tribunal federal de apelación del viernes.
Trump se ha apoyado en gran medida en los poderes de emergencia para imponer los impuestos a las importaciones, utilizando la IEEPA para justificar los amplios gravámenes específicos por país que se dieron a conocer en el Jardín de las Rosas el 2 de abril.
“Tendríamos que devolver billones y billones de dólares a países que nos han estado estafando durante los últimos 35 años, y no puedo imaginar que eso suceda sobre una base legal”, dijo Trump.
Son los importadores estadounidenses, y no los gobiernos extranjeros, quienes pagan los aranceles.
Si el tribunal finalmente anula esos aranceles globales, la administración Trump tiene otras vías legales, aunque más limitadas, para imponer gravámenes. Entre esos mecanismos se encuentra el recurso a la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial para aplicar impuestos a la importación específicos para la industria de los semiconductores, los productos farmacéuticos y las turbinas eólicas. La medida permite al presidente regular las importaciones que se consideren una amenaza para la seguridad nacional.
Trump también puede ordenar al Representante de Comercio de EE.UU., en virtud del Artículo 301 de la Ley de Comercio, que imponga aranceles en respuesta a las medidas comerciales de otros países que se consideren discriminatorias para las empresas estadounidenses o que violen los derechos de EE.UU. en virtud de los acuerdos comerciales internacionales.
Trump ya ha anunciado aranceles sobre las importaciones de acero, aluminio, cobre y automóviles.
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