Gobierno acudirá al FMI para buscar una salida a la crisis fiscal de Colombia

“La situación fiscal que tenemos en el país es la más crítica de nuestra historia. Hemos advertido cómo el régimen que me antecedió solo endeudó a Colombia y despilfarró el presupuesto de todos los colombianos”, dijo, al poner como ejemplo las investigaciones que se adelantan y se han adelantado contra entidades como el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Fiduprevisora.

También señaló que mientras el Estado pasa por una estrechez fiscal, en la calle existe una economía paralela sostenida con “dineros ilícitos” del narcotráfico y la corrupción.

Tras la descripción de este panorama, el presidente señaló que le ha dado la instrucción a su ministro de Hacienda, y a todo el equipo económico de la nación, para que lideren conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la intención de buscar una salida a la crisis fiscal de Colombia.

Para poner esto en contexto, hay que recordar que las cuentas del Gobierno indican que con el ajuste al Presupuesto General de la Nación el déficit fiscal (que es la diferencia entre ingresos y gastos) bajaría de un 8,2 % del PIB a 7,2 %. El déficit primario (sin los intereses de la deuda pública) bajaría de 4,4 % a 3,3 %.

Además, el Ministerio de Hacienda anunció una ley de rescate económico que, según el ministro, no será una reforma tributaria, pues estará enfocada en reducir el gasto. La iniciativa, que se radicará a finales de septiembre, buscará un recorte estructural de unos COP 45 billones, equivalentes a cerca de 2,2 % del PIB, que se reflejaría en 2027. El objetivo es que el déficit fiscal del próximo año baje de 9,4 % del PIB (en el escenario sin ajuste) a 7,2 %. El déficit primario pasaría de 4,5 % a 2,3 %.

Aunque no se ha detallado qué instrumento buscará ante el FMI, ni qué condiciones pondría sobre la mesa, la nación podría estar apuntando a financiamiento para aliviar las necesidades de caja y obtener recursos para parte de sus obligaciones.

A esto se sumaría un programa de acompañamiento con el FMI, lo que implicaría discutir con el organismo un plan para corregir el deterioro fiscal de la nación. También una asistencia técnica y una evaluación de las cuentas públicas.

Guardando las proporciones, el país también buscaría una “compra de cartera” con este organismo, con condiciones que resulten favorables para ambas entidades. Para el caso de la nación, se obtendrían tasas de interés más bajas, y para el caso del FMI, se impondrían condiciones para asegurar el pago de esa deuda.

Hay que señalar que, ante la crisis fiscal, el Gobierno no ha querido aplicar una reforma tributaria que le permita aumentar sus ingresos, lo que para muchos expertos podría consolidarse en un pilar importante en las acciones para combatir el deterioro fiscal.

La apuesta, anunciada desde la campaña, ha sido la de estrechar el Estado (sin que esto se halla materializado de manera sustancial hasta la fecha) y, como se vería en este caso, la búsqueda de mejores mecanismos financieros.

“Tenemos un equipo económico de las mayores calidades y los mercados saben que Colombia tiene un presidente que vino a gobernar con responsabilidad, austeridad y con cero tolerancia a la corrupción”, dijo De la Espriella.

El mandatario aprovechó para hablar de la participación que tuvo su vicepresidente, José Manuel Restrepo, en la Asamblea General de la ONU. Resaltó que allí se tuvieron acercamientos con empresarios que estarían dispuestos en adelantar inversiones en Colombia.

Aunque esto no necesariamente se enmarca en esos diálogos, el presidente anunció el fin de semana que PepsiCo invertirá USD 1.000 millones en Colombia durante los próximos cinco años. El objetivo, detalla, es ampliar la producción, modernizar sus operaciones y fortalecer la distribución en el país.

Finalmente, se anunció que se ha activado un mecanismo extraordinario de compra de cartera a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), con cero interés y un año de gracia. Con esto, puntualiza, se busca mitigar los problemas que se han evidenciado en el sector de la salud.

Esto se traducirá en un giro directo para las EPS. “No es un cheque en blanco”, aclaró. “La plata que entra es para destrabar la atención represada, no para que hagan fechorías”, concluyó.

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