Cuando la tijera vuelve: Hacienda prepara un nuevo recorte presupuestal antes de cerrar 2025

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Foto: Getty Images

Recortar el gasto público cuando nueve de cada diez pesos ya tienen destino fijo no es una decisión cómoda. En esta ocasión, recortar otra vez no es una sorpresa. Es la consecuencia lógica de un año en el que los ingresos no alcanzaron y el gasto nunca dejó de correr.

A pocos días de cerrar 2025, el Gobierno prepara un ajuste adicional de al menos COP 2,3 billones al Presupuesto General de la Nación, que se suma a los COP 12 billones ya congelados en el Decreto de Aplazamiento de principio de año.

El ajuste llega pese a que el Congreso hundió la tributaria por COP 16,3 billones. El tijerazo de la cirugía fina llega justo al cierre del telón de 2025, con el objetivo de encajar el ya ajustado margen presupuestal.

La inflexibilidad del Presupuesto General de la Nación es una soga en el cuello. Según Hacienda, el 92 % del gasto es inflexible: pagos que no se pueden aplazar sin consecuencias legales o sociales: pensiones, interesesd e la deuda, transferencias obligatorias, nómina.

Es como si en una familia la mayor tajada se fuera en arriendo y deuda; el ajuste, pues, no sale de lo obvio, sino de lo poco que queda.

Este nuevo apretón llega después de un año fiscal cuesta arriba. A finales de noviembre, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ya había encendido las alarmas: el recaudo tributario de 2025 quedaría COP 8,3 billones por debajo de la meta, principalmente por un desempeño flojo del impuesto de renta. Aunque los ingresos crecieron frente a 2024, no lo hicieron al ritmo que exigía el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Mientras los ingresos se quedaban cortos, el gasto siguió creciendo. El CARF estima que el gasto primario del Gobierno Nacional Central alcanzará COP 362,2 billones, cerca del 20 % del PIB, por encima de lo planeado.

Hacienda esquivó el dardo del débil ingreso fiscal. Atinó a una “consolidación fiscal” para que la deuda no se salga de las manos. Así, el déficit total cerraría en 6,2 % del PIB, mejor de lo previsto inicialmente, y que la deuda neta bajaría a 57,3 % del PIB, más cerca del ancla fiscal. También resalta un crecimiento económico de 3,6 % en el tercer trimestre, una caída del desempleo a 8,2 % y una reducción del gasto por intereses gracias a operaciones de manejo de deuda.

Sin embargo, el propio CARF ha advertido que parte de esa mejora fiscal no es estructural. El déficit se contiene, en buena medida, por operaciones financieras temporales —canjes, recompras, apreciación del peso—, no porque el problema de fondo esté resuelto. De hecho, la deuda bruta del Gobierno ya ronda el 66 % del PIB, el nivel más alto en la historia reciente, y cada vez depende más de financiación interna de corto plazo, la más costosa y riesgosa.

Este no es un episodio aislado. Viene de atrás. En diciembre del año pasado, el Gobierno ya había recortado COP 28,4 billones del presupuesto de ese año. En enero de 2025, tras caerse la reforma tributaria, ajustó otros COP 12 billones al presupuesto decretado. Ahora, en diciembre, llega un nuevo tijeretazo.

Tres recortes en poco más de un año no hablan de disciplina. Hacienda reconoce que no basta con congelar partidas de un año a otro y que se necesita una “revisión de la eficiencia del gasto público”.

Una evidencia de que el ajuste no es solo un recorte de emergencia, sino una señal de que el modelo actual de gasto ya llegó al rojo vivo.

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