La caja del Estado: ingresos al límite, gasto sin freno, según informe del CARF

El gasto fiscal acumulado ha sido de 5,3 % del PIB, 0,8 puntos porcentuales más alto que el promedio de los últimos cinco años (4,5 %).

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Una maratón fiscal, podría decirse que ha sido la carrera del país. El recaudo tributario ha crecido levemente, y los gastos, también. Una erosión del margen fiscal que, de fondo, pone a la deuda como protagonista en el corto y largo plazo. La ejecución, por otro lado, avanza desigual, con una brecha entre las metas y las realidades que empieza a incomodar a los vigilantes del bolsillo del Estado: el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

El dato más llamativo del último informe sería el desfase: a febrero, el déficit primario del país (diferencia entre ingresos y gastos) fue de 0,9 % del PIB, más del cuádruple del objetivo oficial del año, que apunta a 0,2 %. Por su parte, el déficit fiscal total (similar, pero sin intereses de la deuda del Estado) alcanzó 1,6 % del PIB, “los más altos de los últimos años” para esta fecha, señala el informe del CARF.

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Antes de soltar números, vayamos por partes. Hasta febrero, el recaudo bruto acumulado por la DIAN ascendió a $49,4 billones, un aumento de 6,2 % frente al mismo periodo de 2024. En apariencia, buen dato. Pero en términos reales, el crecimiento fue de apenas 0,9 % por la inflación de 2024 (5,2 %, según el DANE). Además, se encuentra a una distancia de 22,7 % de la meta anual.

La cifra de recaudo representa 15,3 % de la meta de $323,9 billones trazada por la DIAN. Un ritmo que, de no acelerarse, dejaría al estado con el bolsillo a medias, que a corte de marzo, está en mínimos históricos ($10 billones).

Por tipo de impuesto:

• El recaudo por renta quedó corto en $0,7 billones frente a lo proyectado ($21,2 billones frente a $21,9).
• El IVA logró apenas un respiro, superando su meta en $0,1 billones.
• Los tributos externos fueron los que más brillaron: $7,7 billones frente a una meta de $6,9 billones, es decir, un cumplimiento del 111,4 %.

No obstante, cuando se descuenta lo que el Estado devuelve o cobra en especie (es decir, cuando se mira el recaudo neto), las grietas se agrandan: $43,9 billones acumulados, $1,6 billones menos que lo proyectado por CARF, una reducción del 3,5 %.

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¿En qué se ha gastado?

La pregunta clave se responde con dos palabras: en funcionamiento. El informe señala que de los $68,6 billones pagados a corte de marzo, 80,2 % se destinó a mantener la maquinaria estatal andando. Solo $30,8 billones se calificaron como gasto primario (que excluye pagos por intereses). Sin embargo, la tendencia es que el gasto acumulado fue de 0,7 puntos del PIB más alto que el promedio 2021-2024.

Al momento, el gasto fiscal acumulado ha sido de 5,3 % del PIB, 0,8 puntos porcentuales más alto que el promedio de los últimos cinco años (4,5 %).

Los pagos por intereses también han subido. Representan ya 29,8 % del recaudo neto, frente a 20,8 % del año pasado.

“El elevado uso de ingresos corrientes para el pago de obligaciones financieras resta espacio para el gasto social y productivo”, se lee en el informe.

En plata blanca: casi un tercio de cada peso recaudado se destina a pagar deudas, sin reducir el capital.

Por otro lado, la inversión pública sigue rezagada. A pesar de una ejecución más alta en compromisos del Presupuesto General de la Nación (43,3 % frente al 38,6 % en 2024), los desembolsos siguen siendo menores a los que se necesita para impulsar crecimiento o cerrar brechas.

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¿Cómo va el saldo de la deuda?

Según cifras del Banco de la República, la deuda bruta alcanzó 60,7 % del PIB, aunque la CARF advierte un cambio en la composición: la deuda interna crece mientras la externa cae. Hoy, 67,8 % de la deuda es doméstica, y dentro de ella el corto plazo se enmarca en instrumentos temporales del Tesoro (como pagarés), que han ganado peso al representar 11,6 % de la deuda interna en febrero de 2024 a 14,2 % durante este año.

De hecho, la última medida que tomó el Ministerio de Hacienda fue la emisión de bonos por US$3.800 millones, la más alta en su historia. El Gobierno señaló que servirá para financiar el presupuesto de 2025 y mejorar el perfil de la deuda pública externa.

Pero es un cambio relevante, ya que la financiación a corto plazo es útil en emergencias, pero peligroso por los choques de tasa de interés a futuro, liquidez o confianza.

El gasto no da tregua, se concluye del informe del CARF, y aunque la ejecución ha mejorado en algunos frentes, el margen para acciones se está agotando.

La diferencia entre lo apropiado y lo realmente pagado en el presupuesto de este año ya roza los $7,6 billones. Y la ejecución de reservas presupuestales (compromisos de años anteriores) ya alcanza 51,7 %, con un peso de 1,5 % del PIB. Son obligaciones heredadas que siguen drenando recursos antes de que se asigne un solo peso nuevo.

Un margen fiscal apretado reduce el oxígeno de cualquier propuesta política. Cualquier pulso de ahí en adelante es flojo, o digámoslo, inviable, porque no hay financiamiento.

Con los cambios que podría generar los nuevos aranceles de Trump a Colombia (10 %, por ahora), la economía crecerá en incertidumbre, y en caso de mantener el ritmo en la misma dirección, el costo puede enturbiar el agua hasta la meta que propone el Gobierno.

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