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Las operaciones de deuda realizadas por el Gobierno entre diciembre de 2025 y enero de 2026 no rompieron el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esa es la conclusión central del análisis de la Contraloría General de la República, pero las implicaciones, advierte el ente, podrán verse en 2029.
“Preocupa la acumulación de la deuda para el 2029, año en el que se concentran elevadas cancelaciones de bonos globales y TES que obligan al Estado Colombiano a pagar aproximadamente COP 89,6 billones de pesos”, señaló la Contraloría.
El punto de partida fue un problema clásico de tesorería. A comienzos de diciembre pasado, los depósitos del Gobierno Nacional habían caído a COP 1,44 billones, un nivel históricamente bajo para cubrir pagos corrientes.
Esto se debió a mayores pagos presupuestales presionados por reservas constituidas en 2024 (COP 61,7 billones) y también a ingresos corrientes menos dinámicos, tras una revisión a la baja de las metas tributarias (cercanas a COP 300 billones).
Ante ese escenario, el Ministerio de Hacienda ejecutó una operación de tesorería por COP 23,24 billones mediante la venta de TES B que ya estaban en su portafolio. La Contraloría fue explícita en que no hubo emisión de nueva deuda. Fue una venta de activos financieros del propio Estado para fortalecer la liquidez.
¿Cómo fue la emisión de deuda?
La operación tuvo una particularidad adicional. No todo entró en pesos ni todo quedó en el país:
- USD 5.000 millones se recibieron en dólares y se mantendrán inicialmente en el exterior, para monetizarse de forma gradual.
- COP 3,87 billones ingresaron directamente a los depósitos locales de la Nación.
El contraste aparece en enero de 2026. Allí sí hubo endeudamiento externo. El plan financiero contemplaba necesidades de crédito por USD 13.096 millones para la vigencia, de los cuales USD 9.000 millones debían provenir de bonos globales.
El Gobierno emitió USD 4.950 millones en bonos externos, cubriendo una parte de ese requerimiento. La Contraloría verificó que la operación fue autorizada por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, no superó el cupo global de endeudamiento externo aprobado (USD 87.607 millones) y se ajustó a los parámetros legales.
“La Contraloría verificó que dicha operación cumplió con todos los requisitos legales y autorizaciones correspondientes, y destacó que no implicó la emisión de nueva deuda”, subrayó.
Así, la deuda neta del Gobierno Nacional muestra una mejora relativa:
- Pasó de 59,3 % del PIB en 2024 a 57,8 % del PIB en septiembre de 2025.
- Se mantiene dentro de los márgenes de la regla fiscal (tope de 71 %, ancla de 55 %).
Para la Contraloría, la sostenibilidad de esta trayectoria depende de variables que no están completamente bajo control fiscal, como el crecimiento económico, las tasas de interés, la tasa de cambio y el tamaño del déficit.
El presidente Gustavo Petro celebró que el endeudamiento “solo lo hicimos para pagar la deuda vieja, cumplimos las normas”.
Llenaron estás redes diciendo que habíamos endeudado irresponsablemente el país.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 22, 2026
Encuentran que la misma contraloría dice lo que ya dijimos. El endeudamiento que hicimos no es nueva deuda, solo lo hicimos para pagar la deuda vieja, cumplimos las normas.
Para el 2026… https://t.co/5YqPfstsmf
El punto crítico: 2029
Donde se ven más problemas es en el perfil de vencimientos. La Contraloría identifica una concentración excepcional de pagos en 2029, año en el que confluyen los vencimientos de bonos globales, los TES B en pesos por COP 43,72 billones, los TES B en UVR por 19,73 billones y los Títulos de Solidaridad creados en pandemia por 9,74 billones.
En total, las amortizaciones estimadas rondan los COP 89,6 billones, un cuello de botella fiscal que exigirá refinanciación, crecimiento económico o ambas cosas.
A esta presión se suma un dato estructural: la inflexibilidad del Presupuesto General de la Nación, cercana al 93 %. Solo 7 % del gasto es realmente maniobrable.
Con gastos de funcionamiento que han oscilado entre 55 % y 62 % del presupuesto —y que no muestran señales de reducción—, cualquier desviación en ingresos golpea directamente la inversión social futura.
La lupa en la contratación estatal
Otro asunto en el que hace énfasis la Contraloría es en el análisis detallado de los procesos contractuales registrados entre 2018 y 2025. Esto permite caracterizar la contratación estatal y facilita la comparación entre las vigencias y se evidencian los cambios administrativos.
En el período comprendido entre 2018 y 2021, la contratación de funcionamiento se caracterizó por una alta participación de modalidades como régimen especial (58,8 %), contratación directa (30,3 %) y licitación pública (13,8 %).
Para el período 2022–2025 se evidencian cambios en la distribución de las modalidades de contratación, donde destaca nuevamente la contratación directa (30,1 %), régimen especial (24,4 %) y selección abreviada (15,6 %) y licitación pública (12,7 %).
Finalmente, el ente de control le advierte al Gobierno que debe ser muy eficiente desde la planeación hasta la ejecución del Presupuesto General de la Nación.
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