Las claves para entender cómo quedó el Presupuesto 2027

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“Este presupuesto no es como los otros”, dijo este lunes en la plenaria del Senado el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, mientras avanzaba el debate de las cuentas nacionales para el próximo año. Casi a las 11:00 de la noche del lunes terminó la aprobación del Presupuesto General de la Nación en esa corporación y luego, a las 4:00 de la mañana de este martes, la Cámara de Representantes le dio el visto bueno al proyecto.

Las sesiones en ambas corporaciones fueron largas y agotadoras. Después de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto, el ministro de Hacienda agradeció en nombre del Gobierno Nacional el trabajo del Congreso durante los últimos dos meses en un presupuesto que describió como uno de los "más difíciles" que ha tenido que considerar el Legislativo.

El presupuesto cuenta con un monto de COP 634,9 billones. La mayoría de estos recursos van para gastos de funcionamiento (COP 393,25 billones), seguido del pago de la deuda (COP 147,07 billones) y la inversión, que recibe COP 94,63 billones.

Gómez dijo que el país está en "un momento muy especial" y que la señal que el Congreso le dio hoy a la política económica del Gobierno "es de muchísima importancia". Para el ministro, la aprobación es "el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de nuestra economía y para generar crecimiento y prosperidad".

Desde hace unos años el trámite del presupuesto general dejó de ser un trámite con algo de rutinario en el gran aparato de la burocracia estatal, para encapsular buena parte de las tensiones y visiones sobre cómo se ordena y maneja el Estado.

La presentación de Gómez ante la plenaria del Senado fue elocuente en este sentido y resuena con el discurso de los días de campaña del entonces candidato Abelardo de la Espriella: el Estado es muy grande y gasta mal. Ese dinero, mejor invertido, alcanzaría para más.

Bajo las cuentas de Gómez hay al menos unos COP 63 billones de tres grandes fuentes de gasto con los que se podrían hacer maravillas de inversión nacional: 95 establecimientos públicos, fondos de destinación especial y 262 partidas del presupuesto “sin control, sin evaluación de eficiencia del gasto”.

El problema de esta visión macro es que pasar la tijera por 95 establecimientos y arrancar a cortar líneas del presupuesto a ojo solo en el monto final de recursos puede traer problemas. Un analista lo puso de esta forma: “Es como intentar enderezar un cuadro en la pared con un bulldózer”.

Pero el punto fundamental de la presentación habla de una visión que es compartida por algunos analistas y académicos de diversas corrientes: el tamaño del Estado colombiano no supera por mucho sus posibilidades de financiamiento sostenible. De acuerdo con el ministro de Hacienda, el Estado recibe en promedio unos COP 29 billones al mes y gasta COP 40 billones, así que arrastra un déficit mensual de unos COP 11 billones. “Ningún hogar, ninguna empresa, ningún país puede vivir indefinidamente cuando sus gastos son superiores a sus ingresos”, dijo. Gómez ubicó la deuda actual del país en COP 1.174 billones.

Otro de los argumentos del ministro para explicar cómo se formó el nudo fiscal tiene que ver con los impuestos. Según dijo, el país tiene 18 impuestos nacionales, “muchos impuestos y poco recaudo”, y eso hace que la DIAN no logre recaudarlos ni controlarlos para evitar la evasión. El ministro lo describió como un escenario de “fatiga fiscal”, en el que “la gente se cansó de pagar impuestos” y busca mecanismos para no hacerlo.

De fondo, las palabras de Gómez estuvieron orientadas a tratar de explicar las particularidades de un presupuesto que no parece convencer a prácticamente nadie, incluyendo al Ministerio de Hacienda, que lo forjó bajo las sombras y presiones de la aguda situación fiscal por la que atraviesa el país.

¿Cómo quedó el Presupuesto?

Tanto Gómez como varios congresistas ponentes recalcaron que el proyecto no representa una felicidad completa y bienhechora para prácticamente nadie.

Pero, casi también al unísono, han defendido que es lo que se puede hacer para el momento fiscal por el que pasa Colombia.

Desde la oposición, liderada por el Pacto Histórico, criticaron duramente que no hubo margen de debate ni negociación con el Gobierno, pues prácticamente se ignoraron todas las propuestas que desde allí le fueron hechas al proyecto.

Los principales reclamos de los congresistas han girado alrededor de la baja en los recursos para las regiones. Por ejemplo, a Antioquia le restaron unos COP 600.000 millones y al Valle del Cauca le fueron recortados COP 200.000 millones.

Otra de las dudas que dejaron sobre la mesa algunos legisladores está atada a los recursos para el terremoto. En el presupuesto se creó una partida de COP 3,9 billones, vinculada a la atención y prevención de desastres. Pero se estima que todo el esfuerzo de reconstrucción costaría alrededor de unos COP 30 billones.

Las dudas sobre los dineros para atender el terremoto se extienden hacia los artículos 84 y 85, que permiten que el Gobierno haga algunas reorientaciones presupuestales de recursos hacia el llamado Fondo Milagro, que debe atender la reconstrucción por la tragedia "sin pasar por el Congreso”, advirtió el senador David Racero. “Esto nos quita derechos y no es transparente”, aclaró el congresista.

En su momento, senadores de partidos del Gobierno pidieron incluir una proposición para ejercer más veeduría y trazabilidad sobre estos recursos, pero no recibió aval del Gobierno y se hundió en la plenaria del Senado.

Entre los artículos nuevos aprobados en Senado se incluyó uno que implica la presentación de informes trimestrales sobre saldos y recursos de los fondos y establecimientos públicos, especialmente asociados con la atención de emergencias. Varios congresistas aseguraron que no es suficiente para ejercer una veeduría completa y aseguraron que el proyecto le extiende un cheque en blanco al Gobierno.

Entre los cambios más importantes que se le hicieron al proyecto se cuenta una adición de COP 3 billones para el Ministerio de Salud, provenientes de fondos del Ministerio de Hacienda, “dentro del servicio de la deuda”, dijo David Barguil, uno de los senadores ponentes.

También se adicionaron COP 100.000 millones al Mineducación para fomento de la educación superior, recursos provenientes del Minhacienda.

Así mismo, se destinan COP 11.400 millones más de la JEP hacia el Mindefensa para indemnizaciones de familias de soldados lesionados en el servicio.

De fondo, el Presupuesto sufrió cambios estructurales en segundo debate, con una disminución el servicio de la deuda, que es lo que el Estado destina a pagar los créditos que ha pedido: pasó de COP 155,43 billones a COP 147,07 (COP 8,36 billones menos). Aun así, sigue siendo casi uno de cada cuatro pesos del Presupuesto 2027.

La inversión también recibió un refuerzo, mediante la reubicación de partidas presupuestales para apoyar este rubro, con movimientos como los que le aportaron más dinero a la salud, por ejemplo.

El camino del presupuesto 2027

El presupuesto 2027 empezó a tomar forma el 29 de julio de este año, cuando el gobierno de Gustavo Petro radicó un proyecto de COP 575,7 billones. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que gastaba unos COP 20,7 billones más de lo que el propio Gobierno había planeado en sus metas fiscales. El Banco de la República señaló que faltaban cerca de COP 30,2 billones por financiar, que dependían de ingresos “inciertos”, como una reforma tributaria y una ley de financiamiento que el Congreso no aprobó.

Luego vino el cambio de gobierno. Miguel Gómez llegó al Minhacienda y, recién posesionado, pidió devolver el proyecto presentado por la administración Petro. El 11 de agosto, las comisiones económicas lo devolvieron al Ejecutivo, algo que no pasaba desde 2003. Un día antes había ocurrido el terremoto y, a partir de ese momento, el impacto fiscal de esta emergencia marcaría las discusiones presupuestales.

El 27 de agosto, el gobierno de Abelardo de la Espriella radicó su propio texto, con un monto total COP 634,9 billones, cerca de COP 59 billones más respecto al primer proyecto. Según el CARF, el aumento recoge gastos que el proyecto de Petro no tenía del todo en cuenta, como pensiones, salud, nómina pública y subsidios de energía y gas, además del servicio de la deuda.

El 14 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso aprobaron este monto total de COP 634,9 billones. En su momento, Gómez dijo que no era el presupuesto con el que habría querido empezar su mandato, pero sí “el presupuesto que podemos permitirnos”. Unos días después el proyecto fue aprobado en primer debate. Para el segundo debate en las plenarias del Congreso, la ponencia mantuvo su monto total, pero movió unos COP 11,7 billones entre rubros y entidades. La deuda baja COP 8,36 billones (de COP 155,43 billones a COP 147,07 billones). Según la ponencia, la reducción responde a las condiciones para reperfilar la deuda, es decir, reacomodar los plazos para pagarla. La inversión sube COP 6,49 billones, hasta COP 94,63 billones, y el funcionamiento COP 1,87 billones, hasta los COP 393,25 billones.

Una “tijera” incierta

“Austeridad” fue la palabra con la que el ministro Miguel Gómez resumió su propuesta. Ante el Senado señaló que el país tiene un presupuesto “por encima de la capacidad que tenemos de financiarlo” y que hace falta “un entorno de austeridad, de recorte”. ¿Pero dónde cabe ese recorte dentro de los COP 634,9 billones? Las cuentas del propio proyecto dan una pista. Cerca del 62 % del total es funcionamiento, lo que cuesta mantener el Estado en marcha. Otro 23 % es el servicio de la deuda, que de todas formas bajó COP 8,36 billones en la ponencia. La inversión es el rubro más pequeño, con 14,9 %. Para tocar el grueso del gasto, el texto de segundo debate incluye un programa de austeridad obligatorio, que debe priorizar el recorte de contratos de prestación de servicios, viáticos, eventos y publicidad.

El otro frente es el que todavía no se ve completo. El ajuste del 2,2 % del PIB que el Gobierno espera lograr depende de la llamada ley de “rescate económico”, que según Gómez se centra en reducir el gasto, aunque también traerá medidas tributarias, y que aún no se ha presentado. Los congresistas presionaron, varias veces, para que el Gobierno presente prontamente el proyecto o al menos comience a delinear cómo se daría este ajuste que, eso sí, reconocen como necesario y acaso vital.

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