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Germán Ávila, ministro de Hacienda, anunció los nuevos impuestos de la emergencia económica. Los decretos, según el jefe de la cartera, se publicarán este martes, 30 de diciembre.
Las nuevas medidas, que empezarán a regir el 1 de enero y estarán vigentes por todo el próximo año, buscan recaudar COP 11,3 billones.
Ávila defendió que con la medida el Gobierno busca recibir los ingresos que no se obtuvieron por el hundimiento de la ley de financiamiento.
El estado de excepción se decretó en la noche del 22 de diciembre. El Gobierno sostiene que la grave situación fiscal, por la ocurrencia de hechos económicos sobrevinientes, impide garantizar el “goce efectivo de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales”.
Ávila aseguró que el Congreso cometió un “grave error” al aprobar un presupuesto atado a una ley de financiamiento por COP 16,3 billones, pero pocos meses después negar esa ley. Esa decisión, dijo, genera un riesgo macroeconómico que hace necesario decretar la emergencia económica.
Entre las ocho razones que expuso el Gobierno en el decreto está la orden de la Corte Constitucional de que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado se equipare al 95 % de la del régimen contributivo; los pagos pendientes en subsidios de energía; la situación de seguridad, y la caída de la ley de financiamiento en el Congreso.
Los nuevos impuestos
- Cambios en el impuesto al patrimonio: bajará el umbral para tener que pagar ese tributo (incrementando el número de contribuyentes, ahora tendrían que pagar personas con patrimonios superiores a los COP 2.000 millones) y subirán las tarifas. Este ajuste aumentaría el recaudo en COP 1,7 billones en 2026. Cerca de 102.000 contribuyentes se verán afectados con la medida, 0,8 % de la población, según Hacienda.
- Sobretasa de 15 % al sector financiero (actualmente es 5 %), llevando el impuesto de renta al 50 % (aunque Ávila dijo que actualmente la tarifa efectiva de tributación es menor porque hay una serie de beneficios para este sector). Minhacienda estima un recaudo de COP 1,2 billones en 2026.
- Normalización de patrimonios con tarifa de 19 %. Esta medida se aplicó en 2019, 2020 y 2022. Se estima un recaudo de COP 613.600 millones.
- También habrá cambios en el IVA: 19 % para juegos de suerte y azar en línea (con descuento sobre los premios que otorgan); para licores pasará de 5 % al 19 %, menos la cerveza.
- Impuesto al consumo para licores, tabaco, bienes de lujo.
- Reducir exclusión de importaciones de bajo valor solo hasta USD 50.
- Impuesto de 1% a la primera venta o exportación de carbón.
- Recuperación de una medida propuesta: no deducibilidad en el impuesto de renta de las regalías para el sector de petróleo y carbón. Generaría recaudo de COP 3 billones adicionales.
- Alivios tributarios para la DIAN.
El ministro agregó que el Gobierno busca recortes en el gasto, se refirió, entre otras, a las primas especiales en el Congreso que esta administración busca eliminar.
Ávila anunció que el Gobierno publicará el proyecto de decreto para que los fondos de pensiones traigan al país recursos que han invertido en el exterior para financiar proyectos viales.
En octubre, cuando se anunció la publicación del proyecto de decreto, los fondos de pensiones aseguraron que esta medida afectaría el bienestar del ahorro de más de 19 millones de trabajadores. “El ahorro pensional es de los colombianos y cualquier política de inversión debe guiarse por el principio de su mejor interés”, dijo en su momento la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos).
El gremio defiende que diversificar las inversiones es una “práctica esencial” para proteger el ahorro de los trabajadores, así lo recomiendan organismos como la OCDE y el Banco Mundial.
En la rueda de prensa, Ávila también se refirió a proyectos viales como Mulaló-Loboguerrero que mantiene “billonarios recursos en una fiducia”. Según el ministro, aunque el Gobierno ha buscado acuerdos con la concesión, no ha sido posible. La concesión del Grupo Aval plantea reclamación por COP 1,4 billones, según Ávila, para el Gobierno este monto es “injusto”.
Salario mínimo
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, defendió que el aumento de 23 % en el salario mínimo (cifra que decretó el Gobierno el 29 de diciembre) tiene un impacto en la inflación de 0,6 puntos porcentuales.
Agregó que la reforma laboral establece incentivos para las unidades productivas que vinculen personal en condición de vulnerabilidad y anunció que, el próximo año, habrá un programa para las micro, pequeñas y medianas empresas, para mitigar los posibles efectos del aumento.
Ávila dijo que hay paradigmas y relatos que se han repetido en los últimos años sobre los aumentos en el salario mínimo y el incremento de la inflación, pero que estos no se apoyan en la realidad que ha vivido el país en los últimos años. De hecho, aseguró que el impulso a la economía para lograr mayor crecimiento vía consumo puede ir de la mano de menor desempleo y menor inflación. “Hay que verlo en su dimensión real, equivale a un aumento de COP 10.000 diarios para un trabajador, que puede acercarse al precio de un almuerzo”, dijo.
El jefe de la cartera económica aseguró que los crecimientos económicos históricos de Colombia no aseguran desarrollo. Según Ávila, la apuesta es tener un crecimiento de 5 %.
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