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Desde el punto de vista estatal, este año se avizora prometedor para el sector rural y agropecuario de nuestro país: $9,2 billones de pesos aprobados para el Ministerio de Agricultura en 2024 representan el presupuesto más grande aprobado en la historia del país. Por lo tanto, el gran desafío de la institucionalidad agraria el año que viene, consistirá en ejecutar dicho presupuesto de manera que revierta estratégicamente en el campo, la agroindustria, los grupos étnicos, el campesinado y la estabilidad alimentaria de las ciudades.
Como es apenas natural, el país deberá poner a conversar los retos encadenados del pasado con los que se proyectan en un futuro altamente volátil en materia energética, alimentaria y de comercialización de materias primas en general.
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En primer lugar, la Reforma Agraria emprendida por el actual gobierno viene demostrando lo difícil que es redistribuir las tierras rurales en el país. El contador oficial de la Reforma Agraria al 5 de enero nos muestra una gestión global de 1.059.114 hectáreas (ha) de tierras; las cuales se distribuyeron como sigue: 2.180 provinieron de compras utilizando los créditos de FINAGRO, las tierras que volvieron a la nación como producto de procedimientos agrarios suman 97.643 las restituciones mediante Sentencias alcanzaron 17.470, la SAE entro a ser un jugador importante al transferir a la ANT cerca 35.707 ha; vale la pena resaltar que mientras 807.233 fueron formalizaciones, apenas 118.645 fueron compradas como producto de la apuesta central de intervenir la inequidad por medio del mercado de tierras.
Adicionalmente, y en concordancia con la materialización de la reforma al Art 64 de la Constitución que permitió al campesinado devenir sujeto de especial protección, bajo el gobierno actual se constituyeron 5 Zonas de Reserva Campesina que sumaron 419.000 ha. Así mismo, se constituyeron 40 títulos colectivos de comunidades afrocolombianas (39.169 ha), y se constituyeron, ampliaron o sanearon 70 resguardos indígenas (458.739 ha) que estaban abandonados a la inercia administrativa.
Del balance anterior fácilmente se concluye que bajo el estado actual de la arquitectura institucional es mucho más fácil formalizar la propiedad étnico-campesina que adquirir nuevas tierras por medio de la compra directa. Lo anterior, no es ningún descubrimiento, se sabía de años anteriores; sin embargo, una cosa era intentar comprar tierras sin presupuesto y otra, es no poder comprarlas teniendo el musculo económico para hacerlo, tal y como sucedió a lo largo del 2023.
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En este sentido me atrevo a formular la hipótesis de que la redistribución de tierras en nuestro país deba tener como sine qua non, el cierre definitivo de la frontera agropecuaria, la formalización de la propiedad y el ordenamiento territorial.
Por lo tanto, en vez de hacerles un favor a los sectores que ven la propiedad como un factor de prestigió y que utilizan grandes extensiones de tierra de forma poco rentable, quizás el gobierno debería: i) formalizar al máximo las pequeñas propiedades campesinas y las titulaciones étnicas bajo criterios que combinen la producción sustentable con la equidad; y, ii) disponer de las tierras de la Sociedad de Activos Especiales – SAE y del enorme presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras – ANT para intervenir el mercado privado de tierras donde existen complejos conflictos territoriales, o donde los campesinos las demandan; no, donde los ganaderos las ofrecen.
La fórmula anterior implicaría que con el tiempo y como sucede en los Estados modernos, sean los impuestos prediales los que se encarguen de castigar al gran latifundio improductivo; creando de esta manera, la posibilidad de que el Estado intervenga dicho nicho de mercado sin crear una burbuja inflacionaria de tierras rurales.
En segundo lugar, la puesta en marcha del potencial productivo de la nación está en ciernes de conocer un nuevo modelo que equilibre el apoyo histórico e irrestricto a la agroindustria con la renovada preocupación por la agricultura familiar y la producción de alimentos bajo modelos ambientalmente más sostenibles.
El balance productivo del 2023 nos muestra un año intermitente reflejado en la variación del sector agrario en el PIB. De acuerdo con la UPRA, los dos primeros trimestres del año pasado el comportamiento del PIB agropecuario fue menos pujante al registrado en el 2022 y solamente se observó una recuperación esperanzadora en el tercer trimestre. La falencia agroproductiva del 2023 podría ubicarse en el decaimiento de las exportaciones. De acuerdo con la UPRA durante el 2022 se exportaron cerca de US$12.000 millones, mientras que el estimado para 2023 difícilmente superará los US$10.000 millones.
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Sin embargo, el resultado parcial de las Evaluaciones Agropecuarias – EVAs 2023/I nos muestra un incremento del 6 % en las áreas sembradas totales respecto al primer semestre de 2022, jalonados por las preocupaciones internas por el abastecimiento de los cereales. Seguramente la dinámica anterior significo que importáramos menos productos agropecuarios y agroindustriales (US$10.000 millones en 2023, mientras que en 2022 dicha cifra supero los US$11.000 millones). La amplitud de las áreas sembradas y la disminución relativa de las importaciones pudo incidir también en la leve reducción en la tasa de desempleo rural, la cual en el 2023 cayo de 7,8 a 7,1 %.
Desde el punto de vista de los alimentos, el Índice de Precios al Consumidor – IPC que nos permite medir la inflación de los alimentos se situó en 5 % a lo largo del año corrido 2023, frente al 24,4 % del 2022 y el 14,9 del 2021. La tendencia anterior proyecta una evidente disminución a la inflación alimentaria, que también se corrobora con la caída de -7,6 a diciembre de 2023 en el Índice de Precios Agropecuarios de la Bolsa Mercantil. De igual manera, el Índice de Precios de Insumos Agrícolas de la UPRA (fertilizantes incluidos) muestra una caída de los precios cercana al 38 % entre Enero y noviembre del 2023; lo cual podría significar la adaptación de ese mercado a la persistencia del conflicto entre Ucrania y Rusia (dos de los mayores productores de abonos del mundo). Quizás como resultado de los factores anteriores, el abastecimiento alimentario entre enero y noviembre de 2023 aumentó 6,3 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con Carlos Téllez investigador de la UPRA y uno de los más reconocidos analistas de la inflación alimentaria en el país:
“… la reducción de la inflación, demuestra que los factores que impulsaron su crecimiento ya desaparecieron o redujeron su incidencia. Entre ellas están la recuperación del empleo y por ende el ingreso de los asalariados, la intensidad y frecuencia en las lluvias con las consiguientes afectaciones a la malla vial y la reducción en el envió de la producción a los centros urbanos donde se consumen o se transforman los productos del agro. Ya el aparato económico recupero el nivel de actividad de antes de pandemia. Con esto es posible que la inflación retorne a los niveles que tuvimos en los años 2018 y 2019″
Cómo hemos podido revisar de manera sintética, los resultados macroeconómicos del sector agropecuario no son descollantes pero tampoco son particularmente desfavorables. Mas bien, en un periodo de altos costos a la producción alimentaria, el país ha logrado recuperar la senda de disminuir la inflación a un solo digito e ir recuperando las capacidades productivas anteriores a la pandemia.
En este contexto, el reto productivo del 2024, indudablemente estará en cómo proteger nuestro aparato agroindustrial de las inestabilidades del comercio global; mientras que la Agencia de Desarrollo Rural – ADR crea las capacidades para que sus dos principales herramienta de intervención, el extensionismo agrario y los PIDAR (Proyectos de Desarrollo), continúen su adecuación a las necesidades de los pequeños productores campesinos y las comunidades étnicas; quienes de manera increíble, fueron los relegados históricos de esta poderosa institución.
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El pasado reciente -invariablemente- nos coloca frente a la apuesta más ambiciosa de la última década: la Reforma Rural Integral. Este término fue diseñado para recordarnos que técnicamente el acceso a las tierras rurales no debería ir separado del desarrollo rural. Sin embargo, la evidencia institucional parece empeñada en mostrarnos que tal unión no es fácil de conseguir. Desde que se disolvió el INCODER, ha sido prácticamente imposible que la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural trabajen acompasadas. En este sentido, se espera que el relanzamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural pueda funcionar como un mecanismo de articulación institucional.
Por último, pero no menos importante, es necesario no perder de vista la inestabilidad de la geopolítica mundial que claramente termina incidiendo en nuestra ruralidad; y en fenómenos estratégicos como la inflación energética o alimentaria. La pandemia viene haciendo volar en pedazos la arquitectura neoliberal y está configurando -a toda máquina- un nuevo orden mundial, determinado por un renovado proteccionismo económico; el cambio climático; la descarbonización de la economía; la influencia de la IA (inteligencia artificial) en la agricultura 4.0; así como preocupantes inestabilidades alimentarias.
Bajo el contexto anterior, durante el presente año, será determinante acelerar la creación de la Agencia Nacional de Abastecimiento Agroalimentario (ANAA) como una herramienta que frente a un panorama internacional incierto, nos permita proteger la estabilidad interna de la compra y venta de alimentos estratégicos; incentivando, en un futuro cercano, la emergencia de nuevos sistemas agroalimentarios bajo criterios de agroindustrialización asociativa, circuitos cortos de comercialización y sostenibilidad agroecológica.
* Profesor de la Universidad Javeriana de Cali – Instituto de Estudios Interculturales.
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