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La promesa del agua sigue empantanada. A pesar de los miles de millones destinados al Sistema General de Participaciones (SGP), la Contraloría destapó irregularidades por $94.579 millones en el manejo de recursos para agua potable y saneamiento básico entre 2020 y 2024, en la intersección del Duque y Petro.
La falta de planeación, malos estudios, obras inservibles o recursos desviados, los gastos dejan los derechos básicos de acceso al agua fuera de las posibilidades de millones de colombianos.
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La Contraloría documentó 122 hallazgos fiscales y 25 hallazgos con presunta incidencia penal derivados de auditorías y denuncias ciudadanas. En el departamento de Bolívar hubo un detrimento por $33.614 millones. En municipios como Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao de Kostka y Soplaviento, por ejemplo, los sistemas de acueducto y alcantarillado no funcionan por errores básicos de formulación: estudios técnicos mal hechos y proyectos desconectados de las necesidades reales. El daño fiscal allí alcanza los $2.775 millones.
Otros casos como los de Tibú y San Andrés Islas sumaron más de $14.000 millones en irregularidades, la mayoría por fallas en la asignación de subsidios y la falta de control sobre el uso de los recursos.
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¿Dónde estuvo el desvío?
Los hallazgos no solo involucran mala gestión, sino directamente uso indebido de los fondos. En 2024, por ejemplo, $103.932 millones fueron gastados en actividades no autorizadas por ley:
- Uribia (La Guajira): $8.448 millones en actividades no elegibles.
- Montería (Córdoba): $7.165 millones.
- Puerto Escondido (Córdoba): $3.839 millones.
- Sabaneta (Antioquia): $2.587 millones.
- Arboletes (Antioquia): $1.791 millones.
Entre los gastos prohibidos detectados: compra de gasolina, reparación de vías urbanas y adquisición de insumos de ferretería.
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La Contraloría subraya que corregir el rumbo pasa por una administración pública rigurosa, transparente y capaz de actuar con oportunidad. De lo contrario, los recursos que deberían cambiar realidades seguirán evaporándose en contratos mal hechos, mantenimientos inexistentes y gastos injustificables.
Cabe anotar que el agua y el saneamiento básico no son un lujo, sino un derecho fundamental que afectan la salud pública. Este tipo de fallos debilita la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para cumplir su finalidad social.
Además de las fallas en obras y administración, la Contraloría reveló otro frente crítico: los subsidios entregados con información desactualizada. La auditoría encontró errores sistemáticos en los procesos de facturación, liquidación y asignación de subsidios, provocados por bases de datos obsoletas y una estratificación socioeconómica deficiente. El resultado fue una ola de pagos indebidos que distorsionó la eficiencia del gasto público y violó los límites establecidos por la ley. Municipios como Tibú, Los Patios, El Zulia, Granada, Yopal, Popayán y Palmira fueron señalados por estos errores que, lejos de ayudar a los más necesitados, profundizaron la inequidad.
La falta de rigor también se sintió en el mantenimiento de los sistemas. La Contraloría advirtió que la ausencia de mantenimiento preventivo y el aumento de los costos operativos comprometieron la sostenibilidad de los acueductos y alcantarillados financiados con el SGP.
En paralelo, como advirtió el Banco de la República en un informe reciente, si no se corrigen estos vacíos fiscales estructurales en la reforma al SGP, el déficit del país podría profundizarse, llevando el saldo negativo a 4,1 % del PIB en 2030, frente a 2,8 % si se impulsaran reformas serias y sostenibles.
¿Qué es el SGP?
El Sistema General de Participaciones es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere parte de sus ingresos corrientes a municipios y departamentos para garantizar servicios básicos como educación, salud, agua potable y saneamiento.
Hoy, esas transferencias representan cerca de 20 % del presupuesto nacional. Se propone que ese porcentaje suba gradualmente hasta 39,5 % en 12 años, como parte de una apuesta por cerrar brechas de pobreza.
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