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El Gobierno Nacional enfrenta hoy un desequilibrio fiscal que compromete la estabilidad de las finanzas públicas y condicionará la economía colombiana en los próximos años. En 2024, el déficit fiscal cerró en 6,7 % del PIB y superó por más de un punto la meta oficial del 5,6 %. La causa principal fue la caída en el recaudo tributario, que pasó del 16,7 al 14,4 % del PIB. Tras el pico excepcional de 2023, los ingresos regresaron a su tendencia histórica, pero el gasto no se ajustó a esta realidad.
En 2025, el deterioro se acentuó. Al tercer trimestre, el déficit fiscal alcanzó 5,4 % del PIB y las proyecciones del Presupuesto General de la Nación (PGN) sugieren un cierre de año en 7,1 %. Por su parte, el déficit primario, la diferencia entre ingresos y gastos sin contar intereses, se proyecta en 2,4 %. Sin embargo, el bajo recaudo y una ejecución presupuestal promedio indican que estas metas son inalcanzables sin un ajuste adicional inmediato.
En efecto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), en su informe de seguimiento fiscal para el tercer trimestre, proyecta que el déficit primario en 2025 podría escalar hasta 3,0 % del PIB. Sería la cifra más alta desde 2000, excluyendo la pandemia. Este resultado no responde a un choque externo ni a una crisis macroeconómica, es la consecuencia de una brecha persistente entre ingresos permanentes débiles y un gasto que crece sin pausa.
Entre 2019 y 2025, los ingresos del Gobierno aumentaron apenas 0,5 puntos del PIB. En contraste, el gasto primario creció cerca de 3,9 puntos. Este incremento se debe principalmente a mayores transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), pensiones, salud y el subsidio a los combustibles (FEPC). El patrón revela un gasto inflexible. Aunque el país aprobó dos reformas tributarias recientemente, estas no generaron fuentes de financiación estructurales suficientes para cubrir las nuevas obligaciones. El reto de generar ingresos sostenibles persiste.
Para intentar cuadrar las cuentas, el Gobierno usa cada vez más ingresos no recurrentes. En 2025, los reintegros y otros recursos extraordinarios representarán cerca del 0,4 % del PIB. Estos dineros no son sostenibles y no pueden sustituir un sistema tributario sólido. Su uso permite cumplir metas en el corto plazo, pero solo aplaza decisiones de fondo sobre la estructura de ingresos y gastos.
Es posible que el balance fiscal de 2025 cierre cumpliendo lo planteado en el Marco Fiscal. Sin embargo, esto no se deberá a una corrección del desequilibrio, sino a una reducción transitoria en el pago de intereses por la contabilidad colombiana de operaciones de manejo de deuda y recompras de bonos. Estas maniobras contables afectan la credibilidad de la regla fiscal.
La trayectoria actual de Colombia contrasta con su historia reciente. Entre 2013 y 2022 fuimos una de las economías con mayor crecimiento regional. El PIB colombiano creció 33 %, superando a Perú (28 %), Chile (24 %) y Brasil (9 %). Lideramos el rebote tras la pandemia, pero esa ventaja desapareció. Entre 2022 y 2024, Colombia creció apenas 2 %, mientras Brasil creció 7 % y Chile y Perú rondaron el 3 %.
La gestión de la deuda también marca una diferencia crítica. Tras la pandemia, todos los países de la región aumentaron su endeudamiento. Sin embargo, Chile, Perú y Brasil ya estabilizaron o redujeron sus niveles. Colombia hizo lo contrario: continuó endeudándose durante 2024 y 2025. Hoy el país está demasiado endeudado para compararse con Chile o Perú, pero carece de la escala industrial o el mercado interno de Brasil. Mantener este rumbo elevará aún más las primas de riesgo y obligará a destinar más dinero a intereses, restando recursos para inversión social.
Un gasto público elevado también choca con la política monetaria. La inflación sigue por encima de la meta del Banco de la República. Un impulso fiscal persistente dificulta que los precios bajen rápido. Si el Gobierno gasta en exceso, el Banco Central mantendrá tasas de interés altas por más tiempo. Esto frena la inversión y el consumo, creando un círculo vicioso de bajo crecimiento y alto costo de vida. El riesgo principal a mediano plazo es fiscal: más deuda implica menos margen para responder ante futuras crisis y menos inversión privada, pues en lugar de invertirse en innovación, se pueden comprar títulos a tasas de intereses altas del Gobierno.
Colombia enfrenta un problema estructural, no coyuntural. Es arriesgado basar la estrategia económica en ingresos transitorios y proyecciones optimistas de recaudo. Los colchones fiscales se agotan. Si el país no corrige el rumbo ahora, el ajuste futuro será mucho más doloroso y socialmente complejo.
El debate fiscal no puede limitarse a cumplir a una meta numérica anual. El país debe definir qué tamaño de Estado puede financiar de forma real. Necesitamos priorizar gastos, fortalecer los ingresos permanentes con seriedad y revisar los beneficios tributarios vigentes que erosionan el recaudo. El rumbo actual es insostenible y la cuestión fiscal debe ser el eje central del próximo gobierno. Ignorar estas señales sería una irresponsabilidad técnica con costos duraderos para la estabilidad del país.
La solución no es una austeridad ciega. Colombia necesita un Estado que gaste mejor, no necesariamente más. Debemos priorizar la inversión pública de alta rentabilidad social y mejorar la eficiencia de cada peso ejecutado. Al mismo tiempo, es fundamental recuperar la inversión privada. Esto requiere estabilidad regulatoria, impulsar asociaciones público-privadas y diversificar la base productiva.
La experiencia internacional es clara: los países que crecen de forma sostenida combinan disciplina fiscal con reformas que fortalecen la productividad. Colombia aún puede rectificar. La pregunta no es si el ajuste fiscal ocurrirá, sino cuándo y cómo lo haremos. Si persistimos en déficits altos con bajo crecimiento, nos acercaremos al modelo brasileño de alta carga financiera. Si retomamos la disciplina, volveremos a la senda de Chile y Perú, donde la responsabilidad fiscal es el motor del progreso, la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenido de infraestructura y un crecimiento económico estable.
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Por Observatorio Fiscal, U. Javeriana
