El presupuesto de la Nación será más grande en 2027, pero el Estado tendrá menos espacio relativo para invertir. El recién monto aprobado por el Congreso asciende a COP 635 billones y equivale a cerca de 29,9 % del PIB, un peso que no se veía en la serie reciente desde los años de la pandemia. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad, buena parte del aumento terminará destinada a pagar obligaciones adquiridas en años anteriores, especialmente deuda.
Frente al PGN de 2026, el nuevo presupuesto aumenta COP 41,3 billones en términos reales. Pero el reparto de ese dinero cuenta una historia diferente a la que sugeriría el tamaño de la cifra. Por una parte, el servicio de la deuda crecerá COP 48,2 billones, más que todo el aumento real del presupuesto, en cambio, la inversión caerá COP 8,6 billones.
Esto quiere decir que, pese a que habrá más plata en el bolsillo público, una parte aún mayor del dinero adicional se va a pagar compromisos financieros; de manera que habrá menos recursos, en proporción, para construir infraestructura, financiar proyectos públicos o ampliar programas de inversión. Así de sencillo.
El análisis del Observatorio explica que, ante obligaciones crecientes, el margen es cada vez más estrecho para decidir hacia dónde dirigir los recursos.
En 2026, el servicio de la deuda representa alrededor de 5 % del PIB. Para 2027 subiría a 7,3 %. El funcionamiento pasaría de 18,2 % a 18,5 %, mientras que la inversión bajaría de 4,4 % a 4,1 % del PIB.
Dentro del propio presupuesto, la inversión perdería todavía más peso. Pasaría de representar 16,1 % del PGN a 13,7 %, el nivel más bajo de la serie analizada por el Observatorio Fiscal.
Esa es la nuez del debate. Y bastante dura de romper, porque el tamaño del presupuesto no dice cuánto dinero queda realmente libre para nuevas decisiones.
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Más presupuesto, más deuda
El otro cambio está en la manera de financiar el PGN.
Frente al proyecto de presupuesto que había presentado la administración de Gustavo Petro para 2027, los ingresos tributarios proyectados disminuyeron COP 10,7 billones. Los recursos de capital, en cambio, aumentaron COP 100,2 billones, hasta llegar a COP 281,4 billones.
Aquí conviene detenerse antes de que las cifras enreden el asunto. Los ingresos tributarios son los recursos que el Estado obtiene principalmente mediante impuestos. Los recursos de capital incluyen, entre otras fuentes, el endeudamiento. Por eso, que aumenten los segundos mientras disminuyen los primeros implica que una mayor parte de la financiación del presupuesto dependerá de recursos que no provienen directamente de los impuestos del año.
Dentro de esos recursos, el crédito interno aumenta COP 58,9 billones y el crédito externo otros COP 54,1 billones. El resto de los recursos de capital cae COP 12,9 billones.
Los cálculos presentados durante el debate presupuestal permiten aterrizar esas cifras. Al incluir amortizaciones de deuda y otras operaciones de caja, las necesidades totales de financiación llegarían a unos COP 266,3 billones. De acuerdo con esas cuentas, unos COP 150,9 billones provendrían de deuda interna, COP 87,7 billones de deuda externa y COP 20,7 billones de utilidades de empresas estatales como Ecopetrol.
Vale aclarar que no todo ese dinero es gasto nuevo. Las amortizaciones, por ejemplo, corresponden al pago del capital de deudas que ya fueron adquiridas. Pero la magnitud ayuda a entender el tamaño del problema: el Estado tendrá que conseguir cientos de billones de pesos para cubrir sus obligaciones y financiar el presupuesto de 2027.
La aritmética muestra una dependencia mayor de los recursos de capital para cerrar las cuentas del Estado. Y allí aparece una de las principales preocupaciones fiscales: el presupuesto puede ser aprobado, pero su ejecución depende de que el Gobierno consiga los recursos con los que pretende financiarlo.
Para el Observatorio Fiscal, esto no solo permite atender las necesidades presupuestales inmediatas, sino que deja más obligaciones para los próximos años. Una advertencia del problema que es la deuda, el componente que más crece dentro del presupuesto. En 2027, alrededor de COP 155 billones del PGN se destinarían al servicio de la deuda. Es aproximadamente uno de cada 4 pesos del presupuesto.
El problema fiscal tampoco se limita a los intereses. El escenario actualizado para 2027 ubica el déficit primario en 4,5 % del PIB, frente al 0,5 % contemplado anteriormente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026. La deuda neta del Gobierno Nacional Central llegaría al 66,2 % del PIB.
El déficit primario mide cuánto gasta el Gobierno por encima de sus ingresos antes de contar el pago de intereses. Cuando ese resultado es negativo, el Estado necesita conseguir recursos adicionales para cubrir la diferencia. Si además debe pagar una deuda cada vez más costosa, el espacio para corregir las cuentas se estrecha y acortará aún más el margen para otros gastos.
El Gobierno ha anunciado una Ley de Rescate Económico para enfrentar parte de ese desequilibrio. Según los supuestos preliminares del Ministerio de Hacienda citados por el Observatorio, las medidas permitirían llevar el déficit fiscal a 7,2 % del PIB, el déficit primario a 2,3 % y la deuda neta a 64,1 % en 2027.
Pero esas cifras todavía dependen de lo que finalmente se presente, apruebe y ejecute. Por ahora, no hacen parte de la actualización del Plan Financiero.
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¿Por qué el nuevo presupuesto es COP 59,3 billones más grande?
Hay otra diferencia que ayuda a entender el cambio entre el proyecto del Gobierno anterior y el que terminó aprobándose.
El nuevo PGN es COP 59,3 billones mayor en términos nominales que el proyecto presentado inicialmente para 2027. El Observatorio Fiscal encuentra que una parte importante de esa diferencia corresponde al reconocimiento de presiones de gasto que no estaban incorporadas de manera suficiente, entre ellas obligaciones de pensiones, salud, subsidios energéticos y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Reconocer esas obligaciones permite mostrar una fotografía más completa de las cuentas públicas.
Pero el aumento no queda explicado por completo.
Uno de los puntos que el Observatorio pide revisar está en el gasto de personal. El nuevo presupuesto incorpora 8.926 cargos adicionales y eleva en 6,7 % el costo de la nómina frente al proyecto anterior. El aumento equivale a unos COP 4,5 billones.
La explicación no estaría solamente en los nuevos puestos. Algunos sectores presentan incrementos importantes en el costo de su nómina aun cuando no registran nuevos cargos.
Eso abre una pregunta que los documentos presupuestales deberían permitir responder con precisión: cuánto del aumento corresponde a nuevas plazas, cuánto a cambios en las plantas existentes y cuánto a otros factores asociados al costo de personal.
El CARF ve un escenario todavía más exigente
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, llegó a una conclusión similar a la del Observatorio sobre el deterioro de las cuentas, aunque sus proyecciones son todavía más exigentes.
En su análisis, el CARF estimó que el déficit primario de 2027 sería de 4,5 % del PIB, muy por encima del 0,5 % previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026. También proyectó un déficit total cercano al 10 % del PIB y una deuda neta de 67,3 % del PIB.
Para entender la diferencia, el déficit total incluye además el costo de los intereses de la deuda. Por eso resulta más alto que el déficit primario.
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El Comité identifica además riesgos que podrían ampliar el déficit. Según sus cálculos, los recursos programados para salud serían unos COP 8,2 billones inferiores a los usos que estima para ese sector. En pensiones, la programación depende parcialmente de recursos asociados a traslados al régimen público. Y los subsidios de energía y gas enfrentan una presión adicional ante el riesgo de un fenómeno de El Niño.
Si esas necesidades terminan siendo mayores que lo presupuestado, el Gobierno tendría que conseguir recursos adicionales o recortar otros gastos para cubrirlas. Ese es el tipo de presión que puede hacer que un déficit inicialmente calculado termine siendo más grande.
El CARF también cuestiona que la senda fiscal haya cambiado varias veces. Para el Comité, modificar sucesivamente las proyecciones de retorno hacia una situación de mayor estabilidad puede afectar la credibilidad de la política fiscal y aumentar los riesgos para la sostenibilidad de la deuda.
Para estabilizarla, estima que el Gobierno necesitaría alcanzar en 2028 un superávit primario superior al 2 % del PIB. Y esto solo podrá ocurrir cuando, antes de pagar intereses, al Gobierno le quede más dinero del que necesita para cubrir sus gastos.
El costo de un presupuesto más pesado
El mayor tamaño del PGN también debe leerse junto con el costo de financiarlo.
El Observatorio Fiscal señala que el indicador de riesgo país EMBI pasó de 1,85 puntos el 27 de agosto a niveles cercanos a 2 puntos durante los primeros días de septiembre. El EMBI mide cuánto más rendimiento exigen los inversionistas para comprar deuda de un país frente a activos considerados de menor riesgo.
Cuando ese indicador sube, financiarse en los mercados internacionales puede resultar más costoso. No significa que cada aumento del EMBI se traduzca automáticamente en un mayor pago para todos los colombianos, pero sí es una señal sobre cómo están percibiendo los inversionistas el riesgo de prestar dinero al país.
La cuestión central para 2027 queda planteada en tres cifras: más deuda, más recursos destinados a pagarla y menos espacio relativo para inversión.
El PGN reconoce además obligaciones que, según el análisis del Observatorio, necesitaban aparecer de manera más completa en las cuentas. Ese sinceramiento mejora la lectura del punto de partida, pero no resuelve por sí mismo el problema.
Para el ciudadano, la discusión termina siendo bastante concreta. De los COP 635 billones presupuestados para 2027, una parte importante ya tiene destino definido antes de que comiencen las nuevas decisiones de gasto. El Estado tendrá que pagar deuda, cubrir pensiones, salud, nómina, subsidios y otras obligaciones, mientras busca recursos adicionales para financiar el presupuesto.
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