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La reforma tributaria entra en su semana más tensa. Tras varios tropiezos políticos, ajustes de última hora y el fantasma de una reforma “ya hundida”, el proyecto llega este martes 25 de noviembre a su debate formal en el Congreso. En los hombros de las comisiones económicas se sostiene la búsqueda de COP 16,3 billones necesarios para que el presupuesto de 2026 no quede con un hueco del tamaño de un abismo.
Antes, este lunes 21 de noviembre, los ponentes tendrán una sesión técnica para reconstruir un informe que hace apenas una semana parecía imposible de consensuar. Es la estación previa a un debate que, si fracasa, obligará al Gobierno a recortar gasto, endeudarse más o presentar una tributaria distinta.
El pasado jueves, el Ministerio de Hacienda ajustó la propuesta tras el desorden de las comisiones económicas, donde varios legisladores abandonaron la sala alegando vicios de trámite. El jefe de la cartera, Germán Ávila, apareció con una versión recortada del proyecto: menos impuestos polémicos, menos recaudo inicial y una apuesta por sobrevivir.
- Adiós al IVA a la gasolina y al diésel.
- Reducción fuerte al impuesto a tabaco y cerveza. De COP 7,8 billones a COP 3,1 billones.
- Eliminación del impuesto a la boletería.
- Revisión del IVA a vehículos híbridos.
Con eso, el Ejecutivo despeja el terreno para que el debate arranque sin que la reforma estalle antes de abrir micrófonos.
Lo que el Gobierno no está dispuesto a soltar
Aunque perdió peso, la columna vertebral de la tributaria sigue prácticamente intacta:
- Aumento del impuesto de renta para quienes ganan desde COP 10,2 millones. Progresividad real, en palabras del Ejecutivo.
- Más impuesto al patrimonio desde fortunas de COP 2.000 millones.
- Sobretasa al sector financiero. El Gobierno insiste en que la banca mantiene márgenes altos y puede aportar más.
- Impuestos ambientales. Desde bebidas alcohólicas de alta graduación hasta sectores de impacto minero-energético.
Estas piezas sostienen el recaudo objetivo de COP 16,3 billones, cifra a la que se llegó luego de recortar cerca de COP 10 billones por presión del Congreso.
La sombra del CARF
La discusión llega atravesada por un diagnóstico incómodo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), publicado esta misma semana.
Según el organismo, el recaudo tributario quedará COP 8,3 billones por debajo de la meta de 2025. Si bien los ingresos han crecido, no ha sido al ritmo que exige el Marco Fiscal de Mediano Plazo (la hoja de ruta en un horizonte de 10 años).
Por otro lado, advierte, 30,5 % del recaudo neto ya se va solo a intereses de deuda: por cada 10 pesos que entran vía impuestos, 3 se van a deuda pasada.
Y, por último, el gasto primario alcanzará COP 362,2 billones, superando lo planeado.
Así, la tributaria llega en el peor momento posible, pero también en el único en el que puede evitar que la bola de nieve fiscal siga creciendo.
Un Congreso dividido
Lo que varios congresistas quieren, y lo dijeron sin rodeos tras la fallida sesión del 19 de noviembre, es debatir otra tributaria, una propuesta legislativa propia firmada por congresistas como Álvaro Henry Monedero y Olga Lucía Velásquez. Esa iniciativa incluye alivios para deudores de la DIAN, impuestos a vapeadores y nuevas facultades para la administración tributaria.
También se radicó una ponencia negativa de parte de Efraín Cepeda, del Partido Conservador, que dejaría al proyecto en la papelera.
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