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Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos declaró este viernes, 29 de agosto, que Donald Trump se excedió en sus facultades al imponer la mayoría de sus aranceles globales mediante una ley de emergencia de 1977.
Pese al fallo, las medidas continúan vigentes mientras avanza el proceso judicial y se abre la puerta a una revisión de la Corte Suprema.
El fallo, adoptado por 7 votos contra 4, respalda una decisión previa de la Corte de Comercio Internacional en Nueva York, que advirtió que el expresidente utilizó de manera indebida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para modificar la política arancelaria, una competencia reservada al Congreso.
Los jueces señalaron que corresponde a la Corte de Comercio Internacional determinar si su decisión aplica únicamente a las partes demandantes o a todos los afectados. La medida busca además dar tiempo a una eventual apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
Trump reaccionó poco después del fallo en su red Truth Social: “¡Todos los aranceles siguen en efecto! Si se eliminaran, sería un desastre total para el país”.
La Casa Blanca, por su parte, aseguró que el expresidente actuó en defensa de la seguridad nacional y económica de Estados Unidos.
Los aranceles detrás del fallo
Para este punto es fácil perderse entre los múltiples aranceles anunciados por Trump, pero el fallo abarca los que el expresidente denominó de “Día de la Liberación”, en abril de este año, con un gravamen base del 10 %.
También cubre las tarifas impuestas a China, Canadá y México bajo el argumento de la crisis del fentanilo, así como los tributos “recíprocos” que entraron en vigor el 7 de agosto para decenas de países que no alcanzaron acuerdos comerciales con su administración, además de las nuevas tasas aplicadas a India este mes.
Fuera del alcance del fallo quedaron los aranceles sobre vehículos, acero y otros bienes importados, porque estos se sustentaron en otra normativa distinta.
¿Qué viene ahora para el comercio internacional?
El litigio mantiene en suspenso billones de dólares en comercio internacional. Una eventual anulación definitiva podría obligar al Gobierno a devolver los aranceles ya recaudados, lo que pondría en riesgo los acuerdos comerciales promovidos durante la administración Trump.
Las demandas fueron impulsadas por pequeñas empresas y un grupo de estados gobernados por demócratas, que argumentaron que la IEEPA no contempla la imposición de aranceles y que fue diseñada para situaciones específicas como sanciones o congelamientos de activos en casos de emergencia.
Los jueces de apelaciones coincidieron en que los déficits comerciales, usados como argumento por Trump para declarar la emergencia, son fenómenos persistentes y no constituyen una situación extraordinaria.
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