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La continuidad de una de las principales minas de níquel de Colombia quedó en entredicho tras una decisión judicial tomada en América del Norte. Una corte de Alberta, en Canadá, avaló la solicitud de Canacol Energy para terminar los contratos de suministro de gas que mantiene en el país, una medida que, según Cerro Matoso, podría volver inviable su operación.
Según la empresa, un corte prolongado del suministro obligaría a apagar sus dos hornos, lo que ocasionaría daños estructurales cuya reparación tardaría más de diez meses. La compañía calcula que recuperar cada horno costaría entre COP 550.000 millones y 730.000 millones.
Cerro Matoso, una minera de ferroníquel, necesita el gas de Canacol para mantenerlos encendidos, pues el combustible cubre el 82 % de sus necesidades operativas. “Este recurso es un insumo irreemplazable dentro del proceso productivo de ferroníquel, sin el cual resulta imposible mantener los equipos en funcionamiento”, comunicó.
La minera cuenta con un plazo de 21 días para apelar la decisión en segunda instancia. Por ahora, pidió la intervención de la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energía y el Gobierno Nacional para evitar que el proceso termine afectando la continuidad de una operación que completa casi medio siglo en el país.
“La compañía acudirá a todos los mecanismos y vías jurídicas disponibles para proteger sus derechos y asegurar la continuidad de la operación”, señaló en un comunicado. “Este análisis deberá realizarse teniendo en cuenta la soberanía nacional, la seguridad energética y el respeto por las normas de orden público colombiano”.
En abril, Canacol solicitó ante la justicia canadiense la terminación anticipada de varios contratos de transporte y comercialización de gas, bajo el paraguas de un proceso de reestructuración empresarial. Actualmente, la empresa produce alrededor de 75 millones de pies cúbicos diarios de gas, equivalentes al 7,5 % de la demanda nacional, según cifras del Ministerio de Minas y Energía.
Desde entonces, el Gobierno, los gremios y varias empresas han advertido que la decisión podría tener efectos que van mucho más allá del pleito comercial.
Contexto: Canacol quiere terminar sus contratos de gas en Colombia: estos serían los impactos
El problema, sin embargo, no es solo técnico. Cerro Matoso denunció que, en las últimas semanas, Canacol redujo de manera unilateral las entregas de gas previstas en el contrato e impuso restricciones que, a su juicio, ya estaban afectando la estabilidad de la operación.
El impacto de una eventual suspensión sería profundo. La empresa minera calcula que más de 2.000 empleos y 50.000 personas de 25 municipios se podían ver afectadas de manera directa.
En 2025, la empresa destinó más de COP 10.600 millones a programas sociales en esas zonas. También estima que el país dejaría de recibir cerca de COP 3.000 millones diarios por concepto de impuestos, regalías y compras de bienes y servicios asociadas a su operación.
Pero el efecto se extiende más allá del sector minero. En mayo, Naturgas advirtió que Canacol abastece parte de la demanda de gas de siete departamentos de la Costa Caribe y algunos municipios de Norte de Santander. Una reducción en ese suministro, dijo el gremio, podría traducirse en mayores costos para industrias, generación térmica y usuarios, además de presionar al alza las tarifas del servicio.
Lea: Los riesgos para el gas natural en Colombia si Canacol Energy logra terminar sus contratos
En mayo, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ya había anticipado la posición del Gobierno. “La terminación anticipada de los contratos no puede ser a costilla del bolsillo de la gente. Hay que mantener esa producción y proteger las condiciones de transporte y precios ya pactados a favor de los usuarios”, manifestó entonces.
Lo que comenzó como un proceso de reestructuración en una corte canadiense se volcó a la seguridad energética, el abastecimiento de gas y el alcance que pueden tener en Colombia las decisiones adoptadas por tribunales extranjeros.
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