Mercado de telefonía móvil, bajo la lupa del Congreso

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Foto: Bloomberg - Oliver Bunic

Este jueves fracasó en el Congreso la propuesta de discutir las “prácticas monopólicas” que estarían ocurriendo en el mercado nacional de telecomunicaciones. La idea era llevar a cabo una audiencia pública sobre el tema, citada por el senador liberal Guillermo Antonio Santos y a la que fueron llamadas las autoridades, operadores, academia, sociedad civil, medios de comunicación, entre otros. La audiencia, sin embargo, no se llevó a cabo, de acuerdo con Santos, por la ausencia del ministro de TIC, David Luna, y de los gerentes de Claro, Tigo y Movistar.

El que saltó a la vista como uno de los principales fundamentos para la convocatoria en el Senado fueron los $8 billones que, según Fedesarrollo, le cuesta a la economía colombiana tener un operador móvil dominante en el país, Claro. La cifra fue difundida a finales del año pasado en un estudio financiado por Tigo y Movistar. El senador Santos aseguró: “Hicimos el esfuerzo de convocar la audiencia pública para que con diferentes actores un tema tan sensible para la población se pudiera abordar”.

El parlamentario, además, denunció “negligencia, ineptitud y desinterés de los entes reguladores y los operadores móviles”. Debido a que no fueron a la audiencia el ministro de TIC ni los gerentes de las principales compañías del sector, Santos canceló la audiencia y anunció que llevará el asunto a un debate de control político en comisión o plenaria del Senado después del 20 de julio. No obstante, con asesores del Mintic, representantes de la industria y los entes de control presentes en la sala, Tigo aprovechó para dar su posición.

Jaime Plaza, vicepresidente de Regulación de Tigo Une, intervino y afirmó que el debate de la concentración del mercado de las telecomunicaciones no es nuevo, pues desde 2012 el Congreso abrió la discusión y diferentes entes advirtieron que la posición dominante que Claro había conseguido en el negocio de voz se estaba trasladando al de datos. “El gobierno le fijó una serie de obligaciones (a Claro) que a todas luces han sido insuficientes porque, si no, no estaríamos en este debate”, agregó.

Sin embargo, Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, a la que está afiliada Claro, aseguró que “la cifra de $8 billones de perjuicios a los usuarios es una mentira y no podemos permitir que una mentira que se diga 100 veces se vuelva una realidad. Tigo Une está equivocado y hay todos los argumentos para refutar lo que ellos piensan”. No obstante, afirmó que revelara las cifras y sus argumentos el día que se vuelva a citar y la audiencia o el debate se realice.

Según fuentes del Ministerio TIC, David Luna no asistió debido a que 45 minutos después de citada la audiencia aún no había llegado el senador ni los gerentes de las compañías. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), por su parte, se hizo presente. La entidad tiene en su agenda regulatoria de este año realizar un estudio de mercado, algo que Claro ha pedido incluso a instancias judiciales (Lea Otra derrota para Claro en disputa por competencia).

Mientras que en su momento Fedesarrollo reconoció que su estudio había estado financiado por Telefónica y Tigo, también afirmó que se había hecho de forma independiente. Claro, por su parte, argumenta que el estudio ha sido desvirtuado. “De acuerdo con el profesor Jerry Hausman (profesor de Economía de MIT), las conclusiones y recomendaciones del estudio de Fedesarrollo no tienen soporte o conexión con el objeto de estudio”, asegura Claro.

Lo cierto es que, por el momento, Claro continúa sujeto a la regulación que lo considera un actor dominante. Por ejemplo, los cargos asimétricos, que son aquellas tarifas que se pagan entre operadores cada vez que una llamada de un usuario entra a la red de la competencia. En el caso de Claro, por tener la parte más grande del mercado, la tarifa es más alta.

En las últimas semanas ese operador ha recibido fallos en contra, como el del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la interpretación de Claro según la cual la CRC debía dar un diagnóstico del mercado cada dos años y la Superindustria concluyó “que COMCEL (Claro) incurrió en el acto desleal de violación de normas por haber desconocido el esquema vigente de “cargos asimétricos” establecido por la CRC, en virtud del cual, COMCEL (Claro) estaba en la obligación de pagar más por el acceso a las redes de interconexión de sus competidores”.

El último informe del Mintic da cuenta de que en telefonía móvil, por operadores, Claro se lleva 50,5% del mercado, aunque perdió casi 3,2 puntos porcentuales de participación con respecto al cierre de 2014. Movistar, por su parte, pasó de 23,2% de participación a 22,5% entre el último trimestre de 2014 y 2015, mientras que Tigo mordió mercado, al pasar de 16,5% a 19%.El siguiente es Virgin, que pasó de 3,6% a 3,9%. El restante tiene casi el 4% del mercado.

En suscriptores a internet móvil, Comcel (Claro) se llevó el primer puesto a cierre de 2015, con más de 4 millones, seguido por Colombia Telecomunicaciones (Movistar, con más de 1,7 millones) y Colombia Móvil (Tigo, con más de 1 millón). Les siguen Une EPM, Avantel y ETB, con cerca de 101.000, 202.000 y 171.000, respectivamente.

Claro se defiende asegurando que en el país la telefonía móvil “es un mercado sano y altamente competido”, con hechos como que en tres años Colombia pasó de tener tres operadores a nueve, varios de ellos conocidos como “operadores virtuales móviles”. (Lea Camino abierto para operadores virtuales). Habrá que esperar cómo cambia -o no- el panorama con el estudio que la CRC está por hacer y con el debate que, se promete, ocupará la agenda del Legislativo, los privados, la academia y la sociedad civil de ahora en adelante.