Millonaria deuda de Venezuela a Argos

Aunque las relaciones comerciales que venían de una profunda crisis entre Colombia y Venezuela liderada por los entonces presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez, llegaron a un mejor término con el aterrizaje del gobierno de Juan Manuel Santos, aún son muchas las deudas que tiene el país vecino con los empresarios colombianos. A unos por cuenta de bienes y servicios, a otros por dramáticas expropiaciones adelantadas bajo la política anticapitalista del gobierno de turno. Y ahí, uno de los más afectados, fue el Grupo Argos, una de las organizaciones más emblemáticas del empresariado nacional.

Resulta que hace ocho años, por decisión de Hugo Chávez, Venezuela expropió a al Grupo Argos los activos que la compañía tenía en ese país, junto con una cementera francesa y otra mexicana. El litigio comenzó y a las dos últimas se les logró indemnizar, pero a Argos lo dejaron en la ventanilla de espera. Visitas de altos ejecutivos a tierras venezolanos se dieron por doquier sin éxito, y año tras año los integrantes de la junta directiva deben poner, de nuevo, la mala noticia frente a sus más de 15.000 accionistas que integran la organización.

“Los activos fueron adquiridos por Cementos del Caribe (hoy Cementos Argos ) en licitación pública el 5 de Diciembre de 1997. Desde ese momento Argos invirtió en mejoramiento y ampliaciones para llevar la capacidad instalada de la planta de 218,000 toneladas por año en 1997 a 747,000 toneladas en el año 2005. En marzo 13 de 2006 un juez de ejecución despoja a Argos de los activos cementeros y ese mismo mes el Tribunal Supremo de Justicia aboca el caso argumentando protección de los trabajadores. En agosto 9 de 2007, luego de que la Asamblea declarara bienes de interés público a los activos cementeros, el Gobierno del presidente Chávez decreta su expropiación. En noviembre 23 de 2012 antiguos accionistas desisten de sus pretensiones sobre los activos reconociendo a Argos como legítimo propietario de los activos”, resume el Grupo Argos en una información entregada a la prensa.

Y, acto seguido, replican: “A la fecha, y luego de ocho años, no se ha iniciado la discusión de indemnización o devolución de los activos a su dueño. Una compañía colombiana, con accionistas, entre ellos los fondos privados de pensiones y cesantías, que representan el patrimonio de millones de colombianos, esperan opere la justicia”.

La planta de la Corporación de Cemento Andino (Estado Trujillo, Venezuela), como estaba identificado el activo para el Grupo Argos, tiene una capacidad de producir 1.000.000 de toneladas de cemento y por eso, sacando cuentas, construir una planta con esas especificaciones cuesta actualmente unos US$ 400 millones. Y la última vez que se actualizó la valoración (octubre 2012) de la inversión de Argos en Venezuela por el método de flujos de caja descontados, el valor fue de US$ 335 millones.

El daño que, argumenta Argos recibió cuando el gobierno los expropió, les frenó sus planes de expansión internacionales con la que se esperaba atender 600.000 toneladas de cemento en el mercado local (atender el 10% de todo el país) y exportar a Panamá y Haití 300.000 toneladas más.