Minenergía radicará proyecto de ley para sumar tres nuevos actores a la CREG

Desde su creación, la Comisión ha estado integrada por seis expertos nombrados directamente por el presidente, más tres altos funcionarios del Gobierno; además de la participación de la Superservicios, aunque sin voto.

Foto: Archivo

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, presentará un proyecto de ley para reconfigurar el corazón de la regulación energética. En dos meses, aseguró, justo cuando las Leyes 142 y 143 —bases del modelo de servicios públicos del país— cumplen 30 años. El jefe de cartera lo anunció durante el I Foro CREG, en Bogotá, sobre transición energética, una reunión que suma tecnócratas, empresarios y funcionarios.

Palma sugirió una cirugía en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que desde 1994 opera bajo la lógica de expertos, independiente de los vaivenes políticos —similar a la junta directiva del Banco de la República—. “Es fundamental superar la tecnocracia que ha prevalecido históricamente en la gestión de asuntos energéticos”, mencionó.

Treinta años después, el jefe de la cartera apuntó que la propuesta le abriría las puertas a tres actores excluidos que conocen de fondo los problemas del sector. “Tienen que estar presentes dos actores que hacen parte del sistema eléctrico del país. Uno, los usuarios, y dos, los trabajadores y las trabajadoras”, dijo Palma. “Y tiene que haber además la voz de un experto académico o experta académica de las facultades de ingeniería eléctrica al interior de la Comisión”.

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¿Qué hace la CREG y quiénes la conforman?

Cabe recordar que la Comisión firma las resoluciones que determinan los cobros de las facturas, las inversiones que deben hacer las empresas y los incentivos que recibirán. Una tarea, por supuesto, de vastas implicaciones.

Desde su creación, la entidad ha estado integrada por seis expertos nombrados directamente por el presidente, más tres altos funcionarios del Gobierno (el ministro Minas, Edwin Palma; Hacienda, Germán Ávila, y el director del DNP, encargado Jhonattan Duque Murcia), que participan con voto. La superintendencia de Servicios Públicos puede asistir, pero sin capacidad de decidir.

Así, el carácter técnico ha sido un blindaje, y según Palma, el talón de Aquiles. “Si este fuera un tema estrictamente técnico, probablemente no enfrentaríamos los problemas que hoy afectan al país”, apuntó.

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Sin embargo, la entidad tiene dos sillas vacías desde mediados del año pasado, tras nombramiento del abogado William Mercado en agosto de 2024, motivo que ha acumulado críticas de parte de gremios y expertos del sector. De hecho, en marzo de este año, el ministro Palma, solicitó al presidente completar la mesa reguladora. “La CREG no puede seguir con solo cuatro miembros, debe ser completada porque es crucial para el país en materia de regulación energética”, señaló en su momento.

Actualmente, tiene cuatro de seis miembros expertos: el director de la entidad, Antonio Jiménez; William Mercado, Fanny Guerrero, y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia.

Durante el Foro, Palma resaltó que lo importante es plantear nuevas discusiones “alrededor de los subsidios por consumo, del consumo mínimo de subsistencia, de las tarifas”, con el objetivo de reducir las tarifas. “Tenemos desafíos, tenemos problemas, que son problemas públicos”.

¿Qué propone el proyecto?

Aún sin el texto definitivo, el ministro adelantó tres ejes del proyecto de ley:

• Nueva composición de la CREG: incluiría la participación directa de usuarios, trabajadores del sector y un académico experto en ingeniería eléctrica.
• Reforma tarifaria y subsidios: el Gobierno quiere revisar el esquema actual, centrarse en el “consumo mínimo garantizado” —una línea base de energía subsidiada— y asegurar la sostenibilidad financiera sin seguir trasladando los sobrecostos al usuario final.
• Tratamiento diferencial para el Caribe: la región tendría una regulación especial que atienda sus particularidades, incluso si eso implica usar vías distintas a la CREG.

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Actualmente, el presidente de turno nombra a los comisionados con libertad, pero los expertos —según la Ley— deben tener al menos seis años de experiencia, estudios de posgrado y reconocimiento técnico.

La propuesta del Ministerio es “hacer públicos los asuntos que son por naturaleza pública”. Por eso, enfatizó que revisará el atraso en los pagos de subsidios. Ayer, destinó $2,5 billones para cubrir las deudas acumuladas del Estado con las empresas de energía en los estratos 1, 2 y 3.

Pero la sostenibilidad está en juego. Palma propuso apoyarse de la banca pública y privada para asegurar el flujo, y evitar quedar con las manos atadas con las reglas fiscales.

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