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Todas las cámaras de fotodetección serán revisadas. Así lo informó este domingo el Ministerio de Transporte, en cabeza de Elsa Noguera. Estas labores se realizarán en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y demás autoridades competentes.
También se revisará el funcionamiento de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de presuntas infracciones que operan en el territorio nacional (radares de velocidad).
Este interés no es exclusivo del gobierno de Abelardo de la Espriella. Hacia el final del mandato de Gustavo Petro, el Ministerio de Transporte, entonces encabezado por María Fernanda Rojas, ya había emprendido acciones en esa dirección. Incluso, la cartera anunció que varios comparendos podrían ser revocados, debido a que los sistemas utilizados para imponerlos no cumplían con la normativa vigente al momento de su instalación.
La premisa que se anunció en su momento es la misma que argumenta el actual gobierno: se presume que para muchos territorios estos mecanismos se han convertido más en un instrumento de recaudo que en un mecanismo para reducir los accidentes de tránsito y salvar vidas.
“Revisaremos a fondo su funcionamiento en todo el país y, donde encontremos abusos o irregularidades o incumplimientos, actuaremos con la contundencia que corresponde”, afirmó la ministra Noguera.
Parte de estas labores consiste en verificar que los sistemas estén debidamente autorizados y cuenten con sustento técnico y legal, teniendo en cuenta factores como la siniestralidad, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones de cada corredor vial.
“El Ministerio revisará la regulación para establecer criterios más exigentes y garantizar que las nuevas cámaras respondan a necesidades reales y técnicamente demostradas de seguridad vial. El Gobierno priorizará soluciones integrales de ingeniería, señalización, pedagogía y control para reducir riesgos y proteger la vida en las vías”, detalló la cartera.
La ministra Noguera fue enfática en decir que la seguridad vial no se resuelve solo instalando cámaras, sino que las decisiones deben responder a condiciones reales y sustentadas.
“La protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico”, concluyó la ministra.
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