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Este viernes 19 de diciembre, el Ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el Gobierno nacional estaría finalizando los detalles para declarar un estado de emergencia económica con el objetivo de cubrir el déficit de COP 16,3 billones en el Presupuesto General de la Nación de 2026, originado tras el archivo de la ley de financiamiento en el Legislativo.
Al respecto, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), sostiene que no se cumple con los requisitos legales para poder declarar una emergencia económica.
“No existe una situación o hecho sobreviniente que habilite al Gobierno para decretar tal medida excepcional. De acuerdo con declaraciones del Ministro, el decreto de emergencia se fundamentaría en hechos como los crecientes costos de la deuda pública; las deudas acumuladas del sector de la salud; el riesgo de impago de los subsidios de energía; la falta de flujo de caja estatal y la rebaja en la calificación crediticia. A nuestro juicio, esto hechos tienen origen en acciones del mismo gobierno y fueron completamente previsibles, pues son fruto de una política de gasto excesiva”, se explica en el comunicado.
Además, la ANDI explica que no existe tampoco una situación grave e “inminente” que requiera de una declaración de emergencia económica. Según la asociación el presupuesto general de la Nación del año 2026 reúne COP 546 billones. Y los COP 16 billones faltantes que manifiesta el Gobierno corresponden nada más al 2,9 % de “total de recursos presupuestados para el siguiente año fiscal”.
Por lo tanto, sostienen que no existe un fundamento de peso para considerar que un faltante tan pequeño pueda afectar de tal forma que se requiera la declaratoria del estado de emergencia.
El presidente de la asociación, Bruce Mac Master, manifestó su preocupación por las consecuencias que podría traer esta situación: “En Colombia existe algo que se llama la presunción de legalidad, es decir, mientras las leyes o los decretos no hayan sido declarados ilegales están vigentes. Significa esto que si como resultado de la emergencia económica se emiten decretos que, por ejemplo, creen impuestos nuevos, los impuestos estarán vigentes. Por lo tanto, tendremos [...] que pagarles los impuestos al gobierno, así sean inconstitucionales”.
Por último, la ANDI afirma que existen otros mecanismos que pueden utilizarse para aliviar la situación fiscal. Entre ellos, el recorte o aplazamiento de gastos, “además de la clara obligación de la rama ejecutiva para llevar a cabo un ejercicio presupuestal razonable, ponderado y que responda a factores objetivos de cuantificación”.
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