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Después de una jornada de negociaciones entre representantes de los pequeños mineros tradicionales del departamento del Chocó y el Gobierno nacional, se lograron acuerdos para levantar los bloqueos en el departamento.
La interrupción del tráfico duró cuatro días y afectó principalmente las vías que comunican a Quibdó con Medellín y Pereira. Los mineros protestaban por incumplimientos del Gobierno en acuerdos previos y operativos recientes de la Fuerza Pública. Más tarde, a las manifestaciones se unieron también miembros del gremio de la madera.
Al respecto, la viceministra de Minas, Sorrel Aroca, manifestó que no existía incumplimiento por parte del Ministerio, y destacó que se ha venido trabajando en el fortalecimiento de la confianza con las comunidades mineras.
Por su parte, Nubia Córdoba Curí, gobernadora del Chocó, hizo una diferenciación entre la minería tradicional, que sustenta a miles de familias, y la gran minería ilegal que será objeto de acciones contundentes por parte de la Fuerza Pública.
Estos fueron los acuerdos:
- Protección diferenciada para pequeños mineros tradicionales, con un enfoque en atacar la minería criminal y destructiva, sin afectar a los mineros de subsistencia con vocación de legalidad.
- Fortalecimiento del Plan Único de Legalización y Formalización Minera, bajo la Ley 2250 de 2022, que incluye una Ruta de Preformalización para que los mineros manifiesten su intención de formalizarse y accedan al acompañamiento técnico y procesos claros.
- Radicación de la nueva Ley Minera para la Transición Energética Justa, que reconoce formalmente la minería ancestral y tradicional, prohíbe el uso del mercurio, fomenta la participación comunitaria y prioriza a mineros asociados en cooperativas y consejos comunitarios.
- Establecimiento de una Mesa Permanente de Diálogo con participación de entidades de control y organizaciones sociales, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.
Con estos acuerdos se busca que el sector minero tradicional pueda tener una formalización total para mejorar las condiciones de vida de las comunidades y una mejor integración en la economía formal.
Según el ministerio, esta nueva etapa promete un desarrollo más justo y sostenible para uno de los departamentos con mayor riqueza minera y diversidad cultural de Colombia.
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