Este martes, con el anuncio de movilizaciones de taxistas, resurgió la petición de propietarios y conductores para que el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (Mintic) bloquee Uber.
El ministro TIC, David Luna, ha explicado que la cartera que dirige no tiene el poder para hacer eso, pues Colombia se rige por la neutralidad de red, un principio muy relacionado con la libertad de expresión según el cual no se debe imponer barreras a lo que circula por internet. En el caso colombiano hay una excepción: la pornografía infantil, que en todo caso se debe bloquear.
Según Daniel Medina, exministro TIC, cada país tiene diferentes formas de abordar la neutralidad de red, pero en Colombia se consignó de forma expresa en la Ley 1450 de 2011 (Plan de Desarrollo) y se reglamentó a través de la resolución 3502 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
“Todo el tráfico que circula por una red es tratado de forma igual, independientemente del contenido, la aplicación, el servicio, el dispositivo o la dirección del que lo envía o lo recibe”, según un concepto citado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el brazo de las Naciones Unidas para este sector.
Una aplicación como Uber de por sí no es ilegal, lo que se ha señalado que no cumple con las reglas del país es el servicio que a través de esa plataforma se presta: carros particulares y vehículos del servicio especial (de placa blanca) transportando pasajeros con tarifas no reguladas por las autoridades.
Por ese motivo, la autoridad competente, el Ministerio de Transporte, se ha pronunciado en conjunto con la Superintendencia de Puertos y Transporte ordenando inmovilizar los vehículos que no cumplan las normas. Además, expidió un decreto y una reglamentación para ponerle reglas de juego a una modalidad de taxi que pretende prestar un servicio similar al que ofrece Uber: el taxi de lujo. (Lea: Propuesta de taxis de lujo es ilegal e inconstitucional, dice Cámara de Comercio Electrónico)
En definitiva, en Colombia las aplicaciones tienen presunción de legalidad: son legales hasta que alguien (un juez) diga lo contrario. En caso de que un juez dijera que hay que “bloquear” Uber, el Ministerio TIC de todas formas tampoco tendría la facultad de hacerlo, pues quienes tienen las redes por donde fluyen los datos son los operadores como Claro, Tigo y Movistar. El Mintic tendría solamente que vigilar que esos privados cumplieran la orden.
Asimismo, la Ley 1341 de 2009 (Ley TIC) dispone que debe ser prioridad del Gobierno promover el acceso a las tecnologías de la información. Para cambiar dicha ley, debería llevarse el debate hasta el Congreso de la República, en donde también está pendiente el debate del proyecto que busca crear los servicios de transporte privado y que, en consecuencia, daría cabida a Uber. (Lea Detalles del proyecto de ley radicado para legalizar Uber).
En medio de la polémica que desde hace cerca de dos años ha generado Uber, han llovido críticas sobre ambos ministerios. Sobre el Mintic, por no tener un papel lo suficientemente visible en el debate y sobre el Ministerio de Transporte, porque según los críticos los taxis de lujo no son una solución de fondo. (Lea Uber: ¿debate tecnológico o de transporte?).
Según opinó en una visita al país la economista del Banco Mundial Indhira Santos, el Mintic debe ser un ente articulador entre los diferentes ministerios de gobierno para que cada uno atienda las disrupciones en su sector (Uber en el transporte, Airbnb en el hotelero, Netflix en la televisión). (Lea Revolución digital: ¿riesgo para la clase media?).
Por su parte, Carolina Botero, de la Fundación Karisma, una organización de sociedad civil que monitorea derechos humanos en entornos digitales, opinó a finales del año pasado, en pleno debate por los taxis de lujo y Uber: “Decir simplemente que ese es problema del Ministerio de Transporte está mal, porque está involucrada la tecnología y ellos (Mintic) tienen que ayudar a analizar el problema”.
José Stalin Rojas, experto en movilidad del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional, opinó hace unos días, cuando Uber lanzó su servicio Uber Pool, que el Gobierno se ha quedado corto en la reglamentación, pues esa y otras plataformas siguen operando en una “zona gris”. (Lea Uber desafía al Gobierno con nuevo servicio).
“El Estado debe reconocer la realidad tecnológica actual y priorizar la calidad en el servicio. Ha permitido que el modelo de taxis amarillos migre al taxi de lujo, pero eso no soluciona el problema de las realidades tecnológicas ni del servicio”, explicó Rojas.