Natalia Iregui, vicepresidente legal y de relaciones institucionales de Directv Colombia, habla sin pelos en la lengua de lo que ella considera un problema grave para la televisión pública, financiada en un 75% por los operadores de televisión cerrada. Las causas: la libertad que tienen aplicaciones como Netflix y el elevado desvío de recursos en los canales comunitarios. ¿Qué podría pasar si el Gobierno no genera una política pública actual dirigida al sector? La ejecutiva responde, largo y tendido.
Salió un informe de la Contraloría denunciando un subreporte de usuarios por parte de la industria de televisión cerrada. Eso implica un detrimento para la Nación. Ustedes forman parte de esos operadores. ¿Qué responden?
El sector de la televisión por suscripción en Colombia ha estado un poquito abandonado por parte de las políticas públicas en los últimos 20 años (Directv lleva 20 prestando el servicio). Y temas como el de la Contraloría que habla de un subreporte de usuarios en el sector lo hemos venido denunciando aproximadamente hace unos cinco o seis años, pero competimos contra un operador muy grande, y ese es la piratería.
No conocemos el informe de la Contraloría, pero siempre hemos dicho que con los operadores que están en este momento ofreciendo el servicio -este es un mercado con 65 operadores y 705 de televisión comunitaria-, hay una gran cantidad de distorsiones que no han podido ser solucionadas y que por lo tanto no tienen una política pública para que este país pueda salir adelante.
Y entonces, ¿cómo están haciendo?
Necesitamos una política nueva para el sector audiovisual. Lo pedimos como empresa al regulador y al ministro de las TIC.
¿Han hablado con el ministro TIC?
Esta semana, después de cuatro meses, nos recibió. Le dijimos todo esto que le estoy explicando a usted: la política pública en telecomunicaciones siempre ha sido orientada a internet, y eso está perfecto, ese es el futuro, allá vamos. Usted mira los Planes Vive Digital 1 y 2, vamos por 18 millones de conexiones de banda ancha y eso es perfecto. Pero, ¿qué pasa? La tecnología avanza más rápido que las normas y que el mercado. Muchos de los operadores que somos prestadores de televisión por suscripción también somos operadores de red, nosotros adquirimos espectro hace dos años y estamos desplegando red de internet. Pero aparece otro tema y es ese desequilibrio competitivo que puede existir con los operadores como Netflix.
¿Por qué?
En Colombia ya tienen 600.000 usuarios, son más grandes que Telefónica. Directv tiene 1’200.000, Claro, que es el más grande, tiene 2’200.000, y Netflix no paga un solo impuesto, nosotros pagamos un dolar por usuario por mes al Gobierno por prestar el servicio, y esa es la plata que va para la televisión pública. Netflix, en tres años, tuvo el mismo crecimiento de Directv en todo Latinoamérica, y se espera que en 2018 Netflix sea el operador más grande de televisión por suscripción en la región.
¿Qué más hablaron con el ministro?
Que este es el nuevo mundo, donde está Airbnb, Amazon, Uber, Netflix, Spotify y Google, todos pasan por las redes nuestras y no pagan un solo dólar. Mientras todos nosotros tenemos que pagar por televisión, por internet, por telefonía fija, por telefonía móvil y se lo puede preguntar a Claro y a Telefónica. Cuando se cae Whatsapp, llaman a los operadores para que respondan, cuando el que tiene que responder es una plataforma que actúa por sí sola. No, ya no más.
Y ustedes critican que no hacen inversión en infraestructura...
Ni en responsabilidad social, ni en usuarios, ni en fondos universales que es a donde nosotros aportamos.
¿Qué pasa con la televisión pública?
Que tiene dos fuentes de financiación: los canales RCN y Caracol aportan más o menos el 25% de la financiación, y los operadores de televisión por suscripción más o menos el 75% restante. ¿Pero qué está pasando con la pauta publicitaria? Está migrando a medios digitales. ¿Qué están diciendo los canales privados? Ojo señores, porque yo estoy pagando un peaje de entrada muy grande a este mercado y estoy aportando a un fondo de servicio universal, y la pauta publicitaria, toda, me está migrando. En el año 2014 esa pauta tuvo un aumento del 29% en medios digitales, mientras que en medios tradicionales decreció. Por el lado de los operadores de televisión, aparte que tenemos la piratería y el subreporte, todos los usuarios están migrando a otras plataformas. Entonces el crecimiento que veníamos trayendo como industria de dos dígitos empezó a tener un declive. Este año se espera un 4%, el próximo año, 0%. Llegará un momento en el que tendrá que haber una política pública que nos diga qué diablos vamos a hacer. Mejor dicho, si va a matar una industria, porque esta industria puede morir. A nosotros nos pueden seguir cobrando, a los que estamos en el negocio, el dólar por usuario por mes hasta que en tres años nos acabemos.
Internet le cambió el negocio a todo el mundo. El Gobierno no ha logrado definir el tema de Uber. No han querido tomar ese toro por los cachos. Y ahora está pasando con la televisión. ¿Qué proponen desde la industria al Gobierno?
Este no es un tema pacífico en el mundo. De hecho, se está definiendo, por ejemplo, en Europa, donde es lento porque tienen que regular a toda la Unión Europea, en cambio Estados Unidos tomó una decisión rápida, dijo: nacionalmente neutralidad de red, no podemos privilegiar contenidos en la red; pero mire de dónde son todas esas empresas, de allá. Y ya son empresas mundiales. Aquí ninguno es mundial. Yo seré multi country desde EE. UU. hasta Argentina, Telefónica está en algunos de Europa y algunos de Latinoamérica; Carlos Slim en parte de Latinaomérica, pero usted mira a Uber, Netflix, Facebook y Airbnb, son empresas mundiales y eso significa un reto para todos los gobiernos y sus reguladores. No estamos pidiendo que entre Netflix a pagar lo mismo que yo pago. Pedimos sentarnos y tener esa política pública general para que esos señores deban aportar como una empresa en Colombia, que paguen impuestos.
¿En dónde pasa eso?
En Brasil, en Argentina lo está tramitando, en dos estados de Estados Unidos ya lo hicieron. Illinois les dijo: ustedes pueden no pagar como un operador establecido, pero tienen que pagar por las transacciones. Aportar al tributo nacional. Que pague un IVA, una renta.
¿Cómo?
Por medio de las tarjetas de crédito. Cogen a los bancos y les dicen: de la transacción con Netflix me tiene que pagar un 1,5%.
¿En regulación cómo sería?
Decimos: desregúleme. Yo tengo que entregar reportes de información de mis usuarios todos los meses. Tengo que entregar Fondos de Servicio Universal, tengo que instalar por cada 1.000 usuarios activos que tenga en el sistema -y eso no es sólo Directv, es toda la industria-, tengo que instalar una entidad sin ánimo de lucro -y eso termina en piratería porque nadie lo vigila-, tengo que tener unas líneas de atención al cliente las 24 horas o me multan. Estamos en un punto en el que le estamos diciendo al Gobierno: señor, paremos un poquito, quítenos regulación y deje que el mercado compita por sí solo, déjeme pelear en las mismas condiciones de igualdad con los que me están quitando el negocio. Esa es la propuesta.
¿Quién tiene una buena política audiovisual?
México está haciendo una reforma estructural en comunicaciones bastante importante. Aquí tenemos a la ANTV y al regulador, la CRC, y lo primero que tiene que hacer Colombia es unirlas. Que una sola cabeza piense en qué quiere el sector.
¿Cómo está el mapa de la competencia hoy en este negocio?
Antes nos decían: Une-EPM, Telmex-Claro, Directv. Pero ya no es así. Todos somos operadores de red y encima una cantidad de servicios que prestamos. En algunas cosas compito con Netflix, en otras con Caracol Play, en otras con Claro Video y pasa con E-bay, Skype, Amazon. El PIB de México aumentó dos puntos por la reforma de telecomunicaciones, se sentaron, unificaron reguladores y miraron cómo debían atraer más inversión.
¿El Gobierno no está atacando la piratería como debería?
Las cifras que se pierden por no atacar a la piratería al año son unos US$100 millones, esa no es una cifra menor. Con eso usted paga dos años de televisión pública.
¿Cuáles son las fuentes de la piratería?
La televisión comunitaria nació legalmente como la radio comunitaria: para atender a una población específica con contenidos comunitarios. Pero por regulación les autorizaron pasar señales codificadas, las mismas que yo y los otros operadores pasamos: Fox, Turner... ellos no pagan impuestos, les cobran a sus usuarios pero no cumplen con la normatividad. Se supone que ellos no pueden pasar más de siete señales codificadas, pero hay un estudio que demuestra que el 88% de los operadores de TV comunitaria pasan más de siete señales codificadas.
Ahí es donde se vuelve pirata.
Exactamente, ahí es donde se distorsiona el mercado y donde está la fuga de recursos públicos.
¿Cómo funcionan esos canales?
Ellos cobran un abono mensual, $5.000 o $6.000 al usuario, y con eso pasan su parrilla propia y más de siete canales codificados. Ellos tiene un límite de 6.000 usuarios. Hemos encontrado unas con 30.000. Pero sólo reportan 6.000, ingresos de esos 6.000, eso es lo que reinvierten en su red y el resto de la plata: vénganos pa tu reino. Y ahí está el tema del subreporte.
La otra parte del subreporte está en operadores que no han digitalizado redes. Todos los regionales tienen red de una sola vía, le hablo de Global Comunicaciones, por ejemplo. Yo tengo red digital, sé cuando una persona está prendida, entonces no puedo subreportar usuarios. Si usted tiene una red análoga, en la que no se puede saber el número de usuarios conectados, pues dice que tiene 100.000 cuando en realidad tiene 300.000. Y eso pasa en más o menos el 10% del mercado, porque el 88% lo tenemos los cuatro grandes: Claro, Telefónica, Directv y Une-Tigo. Es que solamente haciendo la comparación con el DANE uno se da cuenta: ellos registran siete millones de hogares con televisión por suscripción, mientras que la ANTV dice que somos solamente 5 millones.
¿Qué proponen para la TV comunitaria?
Que los dejen ser televisión por suscripción, con cargas diferenciales regulatorias, que paguen menos que nosotros, atienden otro mercado, pero páselos al mismo régimen mío y poder competir en las mismas condiciones. Hagamos un plan de amnistía, sinceré monos, que digan: tengo 15.000 usuarios y paso una parrilla de 30 canales. Entonces que le digan que empieza a pagar 30 centavos de dólar por cada usuario, además porque ya puede tener una operación sana y normal entre sus usuarios.
El informe de la Contraloría sirvió de alerta...
Estamos alzando la mano como señal de alerta, o el país hace algo este año o vamos a tener problemas serios.
¿Cuándo el país se va a dar cuenta del problema financiero?
En el momento en el que un ministro de Hacienda se dé cuenta de que el país se va a quedar sin plata para la televisión pública, y lo entienda, va a decir venga, miremos.